DIARIO VASCO, 3/10/11
Mientras la cúpula se integró en la política, la mitad de los excarcelados creen que su vida era «más fácil» en prisión
Un futuro en la política. Es lo que el final del IRA ha supuesto para los principales líderes de la organización terrorista norirlandesa. De los siete supuestos miembros del Consejo Militar de la banda en el momento en el que el grupo decidió el cese de sus actividades, en 2005, uno es un alto cargo del Ejecutivo de Irlanda del Norte; otros dos, diputados en el Parlamento de Dublín; otro falleció; el quinto se ha acercado a los disidentes; otro vive discretamente en la capital irlandesa; y el séptimo, jefe del Estado Mayor, sigue con su negocio de contrabando.
La presencia en la actividad pública de los grandes jefes del terrorismo republicano es muy superior a la que se da entre los miembros de base. En gran medida se debe a que el IRA y su partido político, Sinn Féin, tuvieron durante muchos años varios dirigentes comunes. Esa élite política del movimiento ha encontrado una vía directa hacia el Parlamento o el Gobierno.
El Sinn Féin forma parte del Ejecutivo de Belfast porque la ley constitucional obliga a que el gobierno sea compartido por los partidos que han obtenido más escaños en cada comunidad, la unionista y la nacionalista. Por eso, en Irlanda del Norte, la transición desde el grupo terrorista al Ejecutivo ha sido más notable y numerosa. La lista de personas convictas de terrorismo del IRA es larga.
Incluye al portavoz de Policía y Justicia, Gerry Kelly, condenado a dos cadenas perpetuas, que es también uno de los cuatro representantes del partido en el consejo supervisor del Servicio de Policía de Irlanda del Norte. Otro miembro de este organismo, Pat Sheehan, fue condenado a 15 años por colocar una bomba en el centro de Belfast, y un tercero, Gearoid O’Hara, ha reconocido que fue miembro del grupo.
La ministra de Cultura, Caral Ni Chuilin, fue condenada a ocho años por un delito de explosivos, la viceministra, Martina Anderson, a 13, por similares cargos. Los diputados Jennifer McCann, Sean Lynch, Fra McCann y Alex Maskey también cumplieron penas de cárcel. Un diputado, Pat Doherty, nunca recibió condena, pero es señalado como miembro histórico del Consejo Militar, al igual que el viceprimer ministro, Martin McGuinness.
También algunos asesores nombrados por las ministras han pasado por prisión. Dos exconvictos son alcaldes de sus ciudades y un largo número de concejales y cargos del partido han cumplido penas de prisión o han sido miembros del grupo sin ser nunca juzgados. La transición a la política ha permitido al IRA-Sinn Féin llevar a buena parte de su élite intelectual por la vía del proceso de paz.
El capo
A Thomas ‘Slab’ Murphy, jefe de Estado Mayor, la paz le trajo disgustos. En 2006, las policías británica e irlandesa entraron en la granja que tiene, junto a sus dos hermanos, justo en la frontera entre el norte y el sur -una parte de sus tierras está en territorio británico y la otra en el irlandés-, donde encontraron más de 600.000 euros en una bolsa de plástico.
Murphy fue acusado de dirigir un gran imperio de contrabando. Esas redes de transporte de cigarrillos, alcohol y gasolinas entre el norte y el sur habrían sido esenciales para dar viabilidad logística al IRA. Cerró la investigación pagando a las Haciendas británica e irlandesa un millón de euros, aunque tiene un pleito con el fisco de Dublín, que le reclama el pago de impuestos.
Según el último informe bianual que publican las policías del norte y del sur sobre la criminalidad en la frontera entre los dos países, el contrabando de gasolinas ya no da las extraordinarias rentas del pasado -la pérdida de impuestos se estima en unos 282 millones, en el periodo 2007-08- pero ha aumentado notablemente el de cigarrillos -entre 1.200 y 2.700 millones anuales- y de alcohol, que costó a las haciendas unos 427 millones en 2007-08.
Ese negocio requiere estructuras y personal en el extranjero y en ambos lados de Irlanda y engrasa el retiro de miembros del grupo, como antes permitía su dedicación al terrorismo. La gran paradoja de la existencia del IRA Provisional es que se ha sostenido financiera y logísticamente gracias a un negocio multimillonario que desaparecería si alcanza su predicado objetivo de eliminar la frontera.
Dificultades
No es sencillo delimitar la variedad de ocupaciones actuales de exmiembros de grupos terroristas porque el número de militantes es muy amplio. En el conflicto norirlandés, que se cobró la muerte de unas 3.600 personas y causó heridas de diversa gravedad a unas 40.000, se dan estimaciones de unos 15.000 presos republicanos y de entre 5.000 y 10.000 lealistas desde 1969 a 2001.
En esa última fecha se dio la libertad bajo licencia a los 449 presos por terrorismo que se encontraban en la cárcel y que pertenecían a grupos comprometidos con el proceso de paz. El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 establecía el plazo de dos años para la liberación anticipada de los presos, uno de los aspectos que más costó acordar en la larga noche de abril en la que se selló el pacto.
Ese grupo de reclusos ha sido analizado con más detalle en los últimos años. Un informe basado en una amplia encuesta realizada en entre 2004 y 2005 revelaba que al 54,1% de expresos del IRA y al 54,7% de exreclusos lealistas «les era más fácil llevar su vida cotidiana en la cárcel», porque no tenían preocupaciones de dinero y las relaciones personales se basaban en la camaradería del presidio.
La libertad bajo licencia significa legalmente que los convictos eran excarcelados anticipadamente pero, si cometen un nuevo delito de terrorismo, serán encarcelados para cumplir una nueva sentencia y lo que les quedaba de la primera. Al no otorgarse una amnistía, los excondenados tienen un historial delictivo oficial, que es exigido con frecuencia para obtener un empleo.
No pueden adoptar niños o en algunos casos obtener un permiso profesional de conducir vehículos. No pueden lograr visados para algunos países. El caso es que el 58,2% de los expresos republicanos y el 44% de los lealistas estaba en esa fecha en el paro. Los exreclusos del IRA se implican más en grupos comunitarios y se han agrupados, también los lealistas, en asociaciones.
Su dependencia del presupuesto público es notable. Los fondos estructurales de la UE financian buena parte de las actividades de esas asociaciones, que han unido con frecuencia en debates y experiencias a expresos republicanos y lealistas. Y una buena parte de quienes han salido de la cárcel depende de los subsidios británicos al desempleo, que antes también sufragaron la vida de los militantes del IRA activo.
DIARIO VASCO, 3/10/11