Pudo ocurrir así:

Madrugada del 12 de junio de 1953. A Francisco Franco le ha costado conciliar el sueño. Cuando se metió en la cama estaba algo piripi. Ese es el término que utilizó cuando narró los hechos ante el juez: piripi. La tarde de la víspera familiares y amigos íntimos habían sido convocados a una merienda-cena. Se celebraba el 53 cumpleaños de doña Carmen. Excepcionalmente, el matrimonio se retiró algo tarde, y piripi, a sus habitaciones.

El dictador no recuerda la hora, pero debían ser aproximadamente las 3 de la madrugada cuando un comando de élite de la 16th Air Force procedente de la Base Aérea de Châteauroux (Francia), desplazado previamente al portaviones USS Hornet (CV-12), que se encontraba a unas 12 millas marinas del puerto de Santander, alcanza a bordo de un helicóptero Bell H-13 Sioux la explanada central de los jardines del Palacio del Pardo y tras reducir sin apenas resistencia a los miembros de la seguridad -algunos de los cuales, gracias a la generosidad de mando, dormían la mona- secuestra al “Generalísimo”.

La “extracción” dura apenas unos minutos. Ha sido planificada con todo detalle. A las 9 de la mañana de ese mismo día, hora española (3 a.m. hora de Washington), el presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, ante la sorpresa general y la inicial incredulidad de los españoles, da cuenta de lo ocurrido y desde la Casa Blanca justifica la operación argumentando que España era el único país de Europa Occidental sometido a una dictadura tras la II Guerra Mundial. No es exactamente así, y lo sabe, por lo que a continuación advierte a Oliveira Salazar que de no poner en marcha una rápida transición a la democracia en Portugal también deberá atenerse a las consecuencias.

Soberanía versus libertad

Los americanos nombran jefe de Estado encargado al ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín-Artajo, con quien el embajador norteamericano en Madrid, James Clement Dunn, ha negociado condiciones (elecciones libres en un plazo razonable) y contrapartidas (solo tres meses después se firman los llamados Pactos de Madrid, que prevén la inmediata puesta en marcha de las bases de Morón, Rota, Torrejón y Zaragoza, más una base logística, a cambio de apoyo económico y militar).

Al ministro del Ejército, Agustín Muñoz Grandes, que también había participado en las negociaciones, le ofrecen seguir, pero éste prefiere emigrar antes que pasar por traidor. Le acoge en Venezuela Marcos Pérez Jiménez, general que gobierna el país con mano de hierro y que, tras ser derrocado por un golpe de Estado años después (1958), terminará sus días acogido por la democracia española, falleciendo en su residencia de La Moraleja en 2001.

La sorpresa da paso a la euforia, y, a pesar de tratarse de un ataque flagrante a la soberanía de un país europeo, el júbilo inunda las calles, las cárceles se vacían de presos políticos, las escasas imágenes que llegan de los exiliados reflejan una alegría desbordada, y tanto el gobierno republicano que resiste en el exterior como las redes políticas asociadas al mismo (socialistas, comunistas, nacionalistas vascos y catalanes, incluso los anarquistas, y la oposición monárquica organizada en torno a don Juan) hacen llegar su emocionado agradecimiento a las autoridades norteamericanas. España cambia soberanía por libertad y, gracias a la interveción de EE.UU., se reengancha a la Europa liberada tras la derrota del nazismo y recupera parte del tiempo perdido.

Pudo haber ocurrido. Más o menos así. Pero no ocurrió.

¿Qué pesa más, el nombre del agredido o el del agresor?

¿No son comparables la España de la postguerra y la Venezuela chavista? ¿Por? ¿Qué dictadura es peor, una que a mediados del siglo XX no escondía sus intenciones y encarcelaba y asesinaba a los opositores o una falsa democracia que en pleno siglo XXI da un autogolpe de Estado en las urnas y encarcela y asesina a los que denuncian el fraude? De haberse producido, ¿habría sido menos grave la “violación del principio de soberanía” de aquella España que la sufrida ahora por Venezuela? ¿Son los derechos humanos de las víctimas de Nicolás Maduro menos importantes que los de las víctimas del franquismo?

Dejemos por un momento a un lado a Donald Trump (solo por un momento) y antes, como ha hecho el escritor chileno de izquierdas Rafael Gumucio, preguntémonos cuál es el orden correcto de las prioridades en un país sin libertades: “¿Primero el antiimperialismo, después la soberanía, luego la no injerencia, y al final -si queda espacio- los venezolanos?” ¿Pesa más el “principio de no intervención que los cuerpos torturados en El Helicoide”? ¿Importan más los derechos humanos del tirano que los de sus víctimas?

No tengo ningún problema en aceptar la soberanía como argumento no solo legítimo sino más necesario que nunca en estos tiempos de agresiva recomposición de los grandes bloques de poder. Pero lo que no es aceptable es la posición hipócrita de los que protestan ante la embajada de Estados Unidos y en estos años no han mostrado el menor interés por ubicar la legación venezolana en Madrid; ni el fariseísmo de aquellos que enarbolan el principio de soberanía o lo esconden de modo vergonzante en función de quién sea el agredido y, sobre todo, quién el agresor. Si es Putin, no es para tanto. Pero si es Trump… ¡Ay amigo!, si es Trump la cosa cambia.

Vayamos con Donald Trump.

La democracia como engorro

Lo primero que hay que reseñar para no hacernos trampas en el solitario es que el derecho internacional es un bonito concepto que a diario se pisotea en algún lugar del mundo. Lo segundo, que alimentar la idea de que había un camino distinto al del uso de la fuerza para conseguir que Maduro abandonara el poder o aceptara abrir un proceso de transición hacia una democracia real no es candor sino complicidad. Y lo tercero, que es igualmente ingenuo (o interesado) defender que en la decisión de Trump ha pesado más el deseo de acabar con la despiadada dictadura chavista que contrarrestar la influencia de China y Rusia en la región o las reservas petrolíferas venezolanas.

Decir a estas alturas que Donald Trump no es un político al uso es solo una obviedad. Sus patrones de conducta están más cerca del Lobo de Wall Street que los que deben regir las decisiones del hombre más poderoso del planeta. Maneja Estados Unidos como una multinacional y eso es lo que explica la aplicación de un pragmatismo tan grosero como el que ha impuesto en Venezuela, situando al frente del país a Delcy Rodríguez y desinflando con tal decisión la corriente de simpatía que la operación de “extracción” de Maduro despertó en la opinión pública internacional.

Pero es que para el presidente-empresario la democracia y sus normas son un engorro, y esta es la raíz del problema. Para Trump la Constitución de los Estados Unidos es poco más que un corsé que impide darle la vuelta a la cuenta de resultados. Una cuenta deficitaria que le cuesta al país, solo en intereses de la deuda, casi 900.000 millones de dólares (50.000 millones más que el presupuesto de Defensa y el doble de la factura que por el mismo concepto paga el conjunto de países de la UE); una cuenta en la que uno de los asientos más llamativos es el que revela que cada norteamericano aporta anualmente 2.239 dólares al presupuesto de la OTAN frente a los 1.300 (de media) que salen del bolsillo de cada europeo o los pírricos 400 dólares con los que contribuye a la defensa atlántica cada ciudadano español.

‘Aliado circunstancial’

Esta, la de los números, es la ideología de Donald Trump, a quien el peligroso precedente que supone lo ocurrido en Venezuela, a los efectos de las apetencias rusas sobre Ucrania (aquí atinadamente apuntado por el embajador Jorge Dezcallar), le importa menos que mantener su hándicap. Son los números (también los números privados, sin duda), y no la recuperación de las libertades, el principal incentivo que le ha empujado a convertirse en “aliado circunstancial de los demócratas venezolanos”, como ha resumido Fernando Savater.

Son los números, y en concreto los que reflejan el enorme esfuerzo que para defender nuestro modo de vida realizan los norteamericanos en contraposición al muy inferior de los europeos, los que explican en gran parte porqué mientras en el Viejo Continente disfrutamos de un confortable escudo social son millones los norteamericanos que tienen serias dificultades para acceder al sistema sanitario. Y esta, la de trabajar para corregir una desigualdad insostenible, debiera ser inquietud primordial de unos dirigentes europeos a los que en estos días no se les cae de la boca la palabra soberanía y cuya incapacidad para anticipar decisiones inevitables desembocará, antes o después, en dolorosas cesiones de la que para Donald Trump es nuestra materia más fácilmente confiscable: el estado de bienestar.

P.D.- Estados Unidos acaba de retirarse de 66 organizaciones internacionales, casi la mitad de ellas vinculadas a Naciones Unidas, por “redundantes, mal administradas, innecesarias, costosas e ineficaces”, según el comunicado del Departamento de Estado.