EL ECONOMISTA 16/01/17
El Gobierno de Carles Puigdemont da el pistoletazo de salida hoy a una semana clave para el ejecutivo autonómico, porque arranca la negociación presupuestaria. El Govern está pendiente de que la CUP apoye sus Presupuestos para 2017 y el presidente catalán ha repetido en numerosas ocasiones que, si no hay acuerdo, convocará elecciones. Por el contrario, si consigue aprobarlos, se ve fuerte para afrontar el referéndum «vinculante» de ruptura con España.
Esta segunda alternativa, que provocaría un endurecimiento del desafío independentista, podría reactivar la presión de los inversores sobre la deuda catalana, cuyo coste de financiación teórico a medio plazo se ha reducido prácticamente a la mitad en menos de doce meses, en paralelo al deshielo de las relaciones entre Moncloa y Generalitat. Así, la rentabilidad del bono catalán con vencimiento en 2020 (el último que emitió la Generalitat a 10 años) ha caído desde marzo de la zona del 4,7%, a la del 2,5%.
Las tres agencias de calificación crediticia, S&P, Moody’s y Fitch, mantienen en perspectiva negativa la deuda de Cataluña, que la primera confirmó la semana pasada. Cataluña es la única comunidad autónoma a la que S&P otorga dicha perspectiva y lo hace ante la posibilidad de que las tensiones políticas dificulten el acceso de Cataluña a los «mecanismos de apoyo financiero», según Alejandro Rodríguez Anglada, director de deuda soberana y finanzas internacionales públicas de S&P.
Este experto prevé que continúen las tensiones con el Estado, pero no contempla un escenario de independencia.
Por su parte, Fitch señaló en julio que era probable que en caso de que se declarara la independencia no pactada de Cataluña la región sufriera un shock económico. Tanto esta agencia, como Moody’s, rebajaron hasta el grado especulativo la calificación de la deuda catalana a largo plazo, desde que el 9 de noviembre de 2015 el Parlamento de Cataluña aprobara la resolución rupturista, que ha invalidado el Tribunal Constitucional.
El deshielo obligado
Aunque en los últimos días tanto el Govern como el Estado español han marcado distancias, demostrando que existe un abismo entre ambos sobre el referéndum de independencia, desde que la Generalitat lanzara un SOS por sus problemas de liquidez en marzo de 2016, se ha producido un acercamiento entre la consellería de Economía que lidera Oriol Junqueras con Luis de Guindos, Cristóbal Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría, que han cuajado en varios encuentros.
Tras aquel SOS, Moncloa reiteró públicamente que apoyaría financieramente a Cataluña y a cualquier otra comunidad que lo necesitara.
Por su parte, Puigdemont acudió a Madrid en abril para entrevistarse con Rajoy y le dejó sus 46 demandas y ahora tanto uno como otro, han confirmado que esperan entrevistarse de nuevo a lo largo de las próximas semanas, incluso este mes.
En marzo de 2016, las finanzas catalanas vivieron un momento de fuerte tensión, ante la expectativa de que S&P pudiera otorgar una nota de default selectivo a la comunidad, que finalmente cuajó en una rebaja del rating a largo plazo. Moody?s colocó en revisión su nota ese mismo mes y la recortó en mayo.
La Generalitat, desde entonces, ha sido muy escrupulosa a la hora de presentar Presupuestos que cumplan en materia de déficit.