El ámbito territorial. Seis formaciones de ámbito nacional (PSOE, PP, Vox, UP, Ciudadanos y Más País) y hasta 14 de base y naturaleza política territorial. No obstante, la diferencia en escaños es abrumadora en sentido inverso: las fuerzas nacionales agrupan 307 diputados por 43 de las territoriales.

La actitud ante la Constitución española. Hay partidos íntegramente compatibles con todos sus elementos esenciales, mientras otros mantienen una relación problemática con ella o con alguno de sus fundamentos.

En este grupo, algunos no se sienten vinculados a esta Constitución y así lo declaran, aunque se atienen formalmente a ella mientras exista. Puesto que hacerla caer es muy difícil, trabajan para desactivarla por la vía de hecho: es el caso de Podemos o del PNV, ambos en el poder. Otros la reivindican, pero lo cierto es que su programa político solo sería realizable desmontando alguno de sus pilares (por ejemplo, Vox y la descentralización del Estado). Por fin, están las fuerzas abiertamente anticonstitucionales, que la combaten, la desafían y la desacatan a diario. Ahí están, principalmente, los independentistas catalanes y el partido al que ETA encargó la gestión política de su herencia (se llama Bildu, señor Sánchez).

De los 20 partidos de la Cámara, 11 pueden considerarse, en grados distintos, política o programáticamente hostiles a la Constitución (aunque esta dé cobijo a la existencia legal de todos ellos). Esos partidos sumarían la friolera de 125 diputados, una circunstancia inédita en la historia de nuestra democracia. Aún más insólito es que uno de ellos se sienta en el Consejo de Ministros; y al menos ocho más forman parte de la llamada ‘mayoría de la investidura’, que acaba de constituirse en mayoría de gobierno para toda la legislatura. De hecho, el PSOE es la única fuerza netamente constitucional del conglomerado parlamentario que sostiene el Gobierno. Todos sus compañeros de viaje reman en la dirección contraria, y entre ellos están los más agresivamente anticonstitucionales.

Vienen a cuento estas cuentas por prolongar el muy sugerente análisis de Zarzalejos, según el cual Pablo Iglesias habría logrado articular una “coalición dentro de la coalición”, formada por Podemos, ERC y Bildu, con un pie dentro y dos fuera del Gobierno, para actuar como contrapoder del PSOE y, sobre todo, cerrarle para siempre el camino de vuelta a la cultura de la institucionalidad.

Puestas así las cosas, la vigencia plena y efectiva de la Constitución se ha convertido en la cuestión central y nuclear de la actual política española (salvando las emergencias derivadas de la pandemia). Para algunos —entre los que me cuento—, en esta coyuntura es mucho más perentoria y determinante la posición que se tome ante esta cuestión existencial que el alineamiento ideológico en el eje derecha-izquierda o el ámbito territorial de cada partido.

Si está en juego la vigencia de la Constitución o su progresiva desconexión, ello se convierte en el parte aguas decisivo, y los alineamientos políticos deberían responder en mucha mayor medida a ese eje que a cualquier otro. Debe considerarse como un posible aliado a quien esté dispuesto a defender esa vigencia en peligro frente a quien proyecta lo contrario, cualquiera que sea su posición ideológica o su vínculo territorial. La tarea del momento es establecer el eje constitucional —necesariamente transversal— como prioridad estratégica y herramienta primera en la formación de acuerdos y alianzas.

Pues bien, justamente esa es la batalla crucial que se está perdiendo en la izquierda. Desde la formación del Gobierno y de su mayoría de apoyo hasta la ‘coalición dentro de la coalición’ que señala Zarzalejos, todo opera en la dirección opuesta. Se trata de consolidar a toda costa un bloque de poder que pivote exclusivamente sobre el eje posicional, amalgamando la izquierda institucional del PSOE con todos los extremismos de la orilla izquierda, lo que incluye los de vocación políticamente destituyente y territorialmente disgregadora.

En segunda instancia, se buscaría provocar una confrontación dicotómica entre ese bloque de la izquierda y la extrema izquierda con otro simétrico de la derecha y la extrema derecha, confiando en la superioridad numérica del primero y en el acompañamiento obligado —y subalterno— de la derecha nacionalista (PNV y los restos de la diáspora convergente).

En la presente circunstancia de España, establecer la competición política sobre la hegemonía del eje ideológico sobre cualquier otro conlleva aceptar sacrificios esenciales en la defensa militante de la Constitución y en la integridad territorial del Estado. Sobre todo, si se acompaña de un intento manifiesto por estimular la misma dinámica en el campo de la derecha, petrificando para siempre, como referencia confrontativa, la infausta foto de la plaza de Colón.

Ese y no otro es el debate de fondo que se desarrolla en el espacio de lo que en su día fue el Partido Socialista (si es que ahí subsiste la posibilidad de algún debate). Lo que separa a Felipe González de Sánchez, a García Page de Ábalos y a Madina de Lastra no es ninguna cuestión generacional, ni mucho menos ideológica (considerar a Sánchez un izquierdista es una broma). El hecho diferencial es que unos consideran que lo prioritario es defender la Constitución de sus enemigos, y por ello propugnan el entendimiento con quienes compartan ese mismo propósito; y los otros están resueltos a afianzar el actual bloque de poder, dejándose por el camino lo que sea necesario.

Ideología o Constitución: ese es el dilema absurdo, pero dramático, al que ha conducido el sanchismo. Y solo así se comprende que un secretario de Organización del PSOE pueda afirmar públicamente que la fiabilidad democrática de Bildu es superior a la del Partido Popular y que no se levanten los muertos de las tumbas (los vivos están echados a perder) a responder lo que la infamia merece.