IGNACIO CAMACHO-ABC
El PSOE ha desertado de facto del bloque constitucional. La defensa del modelo de Estado depende del centro-derecha
LOS millones de españoles que no están de acuerdo con la toma del poder por la izquierda necesitan desde hoy una oposición que los personifique en el Parlamento. Una oposición con un líder que desde luego ya no puede ser, por razones obvias, el presidente depuesto. Esto es lo que le gustaría a Sánchez y sus aliados: ver a Rajoy atornillado en su asiento para dedicarse a confrontar con él desde la posición ventajosa del Gobierno. Por tanto la primera tarea urgente del PP, antes que iniciar la inevitable travesía del desierto, es la de retirar ese blanco perfecto y señalar sin perder un momento un rostro y una voz que encarnen, siquiera provisionalmente, la opinión y los sentimientos de sus electores ante este nuevo tiempo. Por mucho que la pérdida del poder suponga para cualquier partido un inevitable desconcierto, sus votantes no pueden quedar huérfanos. Salvo que el tardomarianismo quiera entregarle a Rivera el liderazgo de su propia representación en el Congreso.
Hay un hecho estadístico irrefutable: que 95 de los 180 diputados que han elegido a Pedro Sánchez –más de la mitad– rechazan la Constitución de forma expresa. El flamante jefe del Ejecutivo está en minoría dentro de una especie de coalición del PSOE con los adversarios de España como proyecto de convivencia. Al margen de cómo pueda gestionar una alianza tan heterogénea, la propia existencia de ese conglomerado inquietante exige un contrapeso potente que le dé réplica. Ante un frente socialpopulista respaldado por un soberanismo partidario de la ruptura abierta, la defensa de la cohesión nacional queda más que nunca en manos del centro-derecha. Y esa responsabilidad histórica no perdonará pulsos personalistas ni dispersión de fuerzas.
La socialdemocracia se ha separado voluntariamente del bloque del constitucionalismo. Su posición no admite componendas transversales: Sánchez podía escoger equipo y lo ha escogido. El PP y Ciudadanos, dentro de su legítimo antagonismo, están unidos por un modelo de sociedad y de país y se deben a sus principios. Les guste o no, a partir de ahora los vincula la voluntad común de sus electores, de esos españoles moderados que temen un regreso a la revancha ideológica, a la dislocación territorial y al extremismo político.
Desde hoy, la oposición parlamentaria no va a ser sólo el instrumento de control del poder, sino el último dique del Estado igualitario. Su rivalidad por la misma clientela tiene el límite de un paradigma compartido de nación que no puede cambiar sin riesgo grave de descalabro. El PSOE acaba de desertar con hechos de ese bando y no cabe volver a llamarse a engaño: tarde o temprano aflorarán las facturas ocultas del pacto. Pero quedan 169 diputados en el Congreso y una mayoría absoluta en el Senado, una respetable masa crítica conjunta para ofrecer resistencia al fracaso. No hay coartadas: el desistimiento está penalizado.