La sombra del socorrido Artículo 50 persigue ahora a Lord Kerr (64 años) allá donde va. Escocés de pura cepa, eurófilo hasta la médula, el ex embajador británico en Bruselas y en Washington no se cansa de recordar que lo último que pensaba en el momento de redactar aquellas 262 palabras era que su propio país acabaría marchándose de la Unión Europea de un portazo.
A su paso reciente por Glasgow, y en respuesta al triunfalismo prematuro del Brexit, Lord Kerr se esforzó en recordar las reglas del juego: «El Artículo 50 no va sobre el comercio, sino sobre el divorcio… Se trata de decidir quién paga las facturas y cómo nos repartimos la propiedad. Es básicamente una negociación sobre dinero, y puede acabar siendo una negociación muy desagradable».
Vaticina John Kerr, después de oír a Theresa May, que hay «menos de un 50% de posibilidades» de un Brexitordenado a estas alturas. «Puede que el resultado final al cabo de dos años sea la falta de un acuerdo», advirtió en su conferencia en la Universidad de Glasgow. «Y el Artículo 50 dice que si no hay acuerdo y tampoco extensión, el país que ha decidido marcharse se va. Esto crearía una gran disrupción económica y un caos legal sin precedentes».
Lord Kerr advierte sin embargo de una remota posibilidad, escondida entre líneas en el famoso Artículo: «En ningún sitio se dice que la invocación del Artículo 50 sea irreversible (…). No es inconcebible que en 2019, cuando los efectos económicos y las autolesiones causadas sean más visibles, los británicos decidan que es mejor quedarse».
En su punto 5, el Artículo 50 deja precisamente abierta la puerta a la posibilidad de que un país que se haya «retirado» de la UE pueda reclamar «volver a ser miembro»: «En este caso, estaríamos a expensas de lo que acuerden los otros 27 estados. Y puedo prometer que no será como dice Boris Johnson: ‘Podemos tener nuestra parte del pastel y comérnoslo’. Nos harían pagar un alto precio político por el tiempo perdido».
Ni en sus peores sueños llegó a imaginar Lord Kerr que 14 años después de redactar el Artículo 50 estaríamos en este punto de ruptura en el Reino Unido. Cuando recibió el encargo, por su experiencia en Bruselas, se trataba simplemente de «mejorar el funcionamiento de la UE» tras la mayor ampliación de su historia. «Mejor tener un marco legal que no tenerlo, en el caso de que alguno se quiera marchar».
Hubo críticas internas sobre la conveniencia de incluir en el Tratado de Lisboa una cuña que «cuestionaba la esencia misma del proyecto europeo y su carácter ineluctable». El caso es que John Kerr se puso manos a la obra, pensando que nunca haría falta que nadie saliera por la puerta de atrás de la UE, o imaginando en todo caso que sería la opción de emergencia de un país en bancarrota o un líder nacionalista, o un dictador tras un golpe de Estado.
Lord Kerr sufrió un batacazo en su credo europeo tras el referéndum del 23-J. Su voz se unió a la de tantos otros, presagiando un desastre económico por la salida de la UE. Pese al triunfo del Brexit en las urnas, y como máximo experto en la materia, clamó la necesidad de voto parlamentario para poder invocar el Artículo 50. Los jueces le han dado ahora la razón. Y aunque las dos cámaras eran partidarias de la permanencia antes del referéndum, Lord Kerr admite que se ha producido un realineamiento y que es poco probable que la revuelta contra el Brexit pueda cuajar a estas alturas en el Parlamento.
«Los parlamentarios no tendrán las suficientes agallas para impedir que el Gobierno invoque el Artículo 50: al final votarán en contra el veterano Kenneth Clarke y alguno más», reconoce Kerr, que admite la difícil tesitura a la que se enfrentan sobre todo los lores (según los analistas, un voto contra el Brexit sería algo así como el certificado de defunción de la Cámara Alta).
· Artículo 50. «Cualquier Estado de la UE puede decidir retirarse conforme a sus reglas constitucionales».
El tira y afloja interno sobre el Artículo 50 –«un Estado miembro que decida retirarse deberá notificar su intención al Consejo Europeo»– no ha de hacer perder de vista la meta final: la negociación con Bruselas que deberá prolongarse durante no más de dos años, salvo que por unanimidad se extienda ese período.