El rechazo del Partido Popular a la oferta de María Jesús Montero de negociar en sus regiones una quita de la deuda autonómica sólo puede calificarse de acertado.
Porque, tal y como alega el PP, esta maniobra está pensada para beneficiar únicamente a la estrategia financiera catalana.
Cabe recordar que en un primer momento, el Gobierno pactó con Esquerra Republicana de Cataluña una condonación de 83.252 millones de euros de la deuda pública catalana.
Pero enseguida apostó por extender esta quita al resto de las comunidades del Régimen Común. Un enjuague para disfrazar de equidad motivaciones que nada tienen que ver con la solidaridad interterritorial.
Llama poderosamente la atención el calendario previsto por el Ministerio de Hacienda para este proceso. Sitúa su fase final, que incluye encuentros bilaterales con cada comunidad autónoma, en la primavera de 2026.
Es decir, justo antes de las elecciones en Andalucía y Castilla y León.
¿Es casualidad que Montero, quien lidera esta negociación como ministra de Hacienda y a la vez es candidata a presidir la Junta de Andalucía, haya sincronizado ambos calendarios?
Pero aún más sospechoso resulta el hecho de que esta supuesta política de interés general emane del compromiso bilateral con un partido separatista.
La condonación tiene una finalidad última clara: reducir la carga financiera de Cataluña para que pueda presentar un mejor perfil de solvencia cuando eventualmente acuda a los mercados financieros.
Porque el alivio de deuda mejorará los indicadores de sostenibilidad financiera y riesgo crediticio de Cataluña, elementos clave para obtener condiciones más ventajosas de emisión de deuda pública.
Este escenario abre la puerta a un sistema en el que Cataluña se encuentre suprafinanciada y con una deuda reducida.
Y así, el independentismo podrá argumentar que Cataluña dispone de una posición financiera fuerte suficiente para aspirar a una autonomía financiera plena.
Aunque para algunos presidentes autonómicos del PP pueda resultar atractivo liberarse de esta carga financiera y ampliar su capacidad de endeudamiento, es forzoso rechazar la tentación.
Porque este acuerdo no supone un regalo ni una ventaja real, sino un doble engaño.
En primer lugar, porque no se trata de un arreglo que mejore la equidad fiscal, sino de una antesala para la soberanía económica completa de Cataluña.
Pero, además, porque aunque el Gobierno central asumirá el pago de los intereses, la deuda en sí no desaparece: simplemente se mutualiza. En la práctica, los españoles de los territorios menos favorecidos financiarán parte de la deuda catalana.
En realidad, la única entidad que se beneficiará directamente será la Administración central. Ni siquiera los ciudadanos catalanes, que seguirán respondiendo por esta deuda bien como residentes en Cataluña, bien como contribuyentes españoles.
El Gobierno pretende hacer tragar al PP un aliño insolidario que no es sino el primer paso para instaurar un cupo catalán privilegiado, que serviría a los partidos nacionalistas financiar un nuevo procés.
Pero lo que realmente debería impulsar el Ejecutivo es una reforma integral y equitativa del sistema fiscal autonómico que arregle las causas profundas de la mala financiación de algunas comunidades, en lugar de facilitar alivios de la deuda que sólo servirán como invitación al sobreendeudamiento.