
El domingo, invitado por Sociedad Civil Burgalesa, participé junto a Rosa Díez y José Antonio Ortega Lara en un acto que tenía comoeslogan la exigencia de la dimisión de Sánchez. Esta fue mi intervención:
Debo empezar por hacer una confesión: no soy muy partidario de terciar en actos como éste, no porque no me parezcan adecuados, que lo son y mucho. Siempre he tenido la impresión de que tomar la palabra en el espacio público para alguien que expresa sus ideas por escrito supone una cierta redundancia. Algo así como repicar las campanas y encabezar la procesión al mismo tiempo.
Pero es el caso que hace quince días me llamó mi amiga Rosa Díez y me contó lo de este encuentro en mi ciudad natal,-aunque yo siempre digo que soy de Covarrubias, ojo-, me explicó la naturaleza del acto y que en él iba a intervenir José Antonio Ortega Lara. Aquellos 532 días de cautiverio que sufrió muestro paisano a manos de sus secuestradores y el hecho de que los cómplices de aquellos terroristas sean hoy socios de un presidente del Gobierno que ha perdido de vista todo asomo de vergüenza, es una primera y fundamental razón.
Hay una segunda que es este espacio físico, esta plaza de Alonso Martínez que en Burgos siempre hemos llamado de Capitanía y este es un entorno que me resulta muy familiar. En el número 9 de esta plaza tuvieron casa mis padres y en el tercer piso de ese portal viví yo mi bachillerato. Manuel Alonso Martínez, el titular de la plaza, fue un abogado burgalés que fue ministro de Fomento y presidente del Congreso de los Diputados. Si pensamos que esos dos cargos hoy están en manos de gente como Oscar Puente y Francina Armengol nos haremos una idea bastante precisa de la degradación institucional que padecemos.
Iba contando que yo era un adolescente cuando vivía en esta plaza. El palacio de Capitanía era el paisaje urbano que veía desde el balcón de mi dormitorio. Y en su fachada, a la izquierda del edificio, derecha del espectador, había una placa que daba cuenta de un acontecimiento histórico. Decía:
«En este palacio, el 1º de octubre de 1936, recibió el Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde, nombrado Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos Nacionales, los poderes y suprema autoridad de la Nación, que le entregó ante el pueblo de Burgos y delegaciones de la España liberada el Excmo. Sr. General D. Miguel Cabanellas, presidente de la Junta de Defensa Nacional, representante del patriótico alzamiento de 18 de julio de aquel año.»
En este palacio de Capitanía tuvo su despacho en 1936 uno de mis héroes republicanos, el general Domingo Batet Mestre, que desbarató el golpe del presidente de la Generalidad, Lluís Companys , el 6 de octubre de 1934. Fue un golpe que duró diez horas. Y el 18 de julio de 1936 estaba Batet en su despacho de capitán general cuando entraron algunos de sus oficiales para darle la noticia del alzamiento militar y exigirle que se sumara a él. Se negó, lo hicieron prisionero y fue fusilado en el mes de febrero de 1937.
Era un militar con mucho prestigio en el Ejército, tanto que algunos militares del bando nacional, como Queipo de Llano y Mola escribieron a Franco para pedirle gracia para el general Batet. Pero Franco era rencorosito y no había olvidado un escrito sobre él que Batet había enviado al entonces ministro de la Guerra, Niceto Alcalá Zamora, un informe que le tocó instruir sobre el desastre de Annual y la corrupción de los oficiales africanistas, entre los que estaban los hermanos Franco: Francisco y Ramón, el hermano republicano, del que contaba sus escándalos y orgías. De Francisco escribió:
«El comandante Franco, del Tercio, tan traído y llevado por su valor, tiene poco de militar, no siente satisfacción de estar con sus soldados, pues se pasó cuatro meses en la plaza para curarse de enfermedad voluntaria, que muy bien pudiera haberlo hecho en el campo, explotando vergonzosa y descaradamente una enfermedad que no le impedía estar todo el día en bares y círculos. Oficial como éste que pide la laureada y no se le concede, cuando con tanta facilidad se ha dado, porque sólo realizó el cumplimiento de su deber, ya está militarmente calificado».
Pero en 2004 llegó a gobernar España la frivolidad de José Luis Rodríguez Zapatero. Y Zapatero nombró ministra de Defensa a Carme Chacón Piqueras para hacer desfilar a los uniformados delante de una mujer en su octavo mes de embarazo. Y Carmen Chacón, que ya había tenido una gestión mejorable en el Ministerio de Vivienda, puso en marcha la Memoria Histórica en este edificio. Levantó la placa cuyo texto les he leído y la sustituyó por otra que daba cuenta de los usos que había tenido el edificio a lo largo de su historia.
Uno puede tener la opinión que quiera de los hechos, pero lo que nunca puede hacer es negarlos cuando no le gustan. Y el nombramiento de Franco como Jefe del Estado aquí es historia de España, incluida la trampa con la que su hermano Nicolás torció la voluntad de la Junta de Defensa presidida por Cabanellas que lo había nombrado “jefe del Gobierno del Estado mientras dure la guerra”. Por el camino se cayó la expresión ‘del Gobierno’ y la acotación temporal ‘mientras dure la guerra’ y Franco asumió todos los poderes como Jefe del Estado hasta el fin de sus días.
Y esto es lo que el sanchismo entiende por memoria histórica: la designación de las cosas por los nombres que no son, por decirlo con la insuperable expresión de la madre de los Pagaza en su ya histórica carta de reproche a Patxi López.
Esa carta fue escrita en 2005, el mismo año en que Zapatero acuñó una desdichada sentencia que muchos nos tomamos como una declaración de guerra: “Las palabras han de estar al servicio de la política y no la política al servicio de las palabras”. Esta es una de las dos patas sobre las que el socialismo ha descansado su proyecto para España. La otra es el odio. La gran aportación de Zapatero a la política española es descubrir el odio a los de enfrente como el factor más eficaz para aglutinar a los propios. Pedro Sánchez es un aventajado seguidor de su antecesor en ambas estrategias: Ha hecho de la mentira, de la alteración del recto significado de las palabras en favor de lo que conviene a sus necesidades políticas, su razón de ser y ha cultivado el odio hasta extremos absolutamente irracionales, como los de establecer alianzas con todos los enemigos de España y de la Constitución: Con los golpistas catalanes de Puigdemont, a los que ha comprado sus siete votos en el Congreso con siete cesiones de importancia, a saber:
1.-Indultos para los golpistas
2.-Modificación del Código Penal para anular el delito de Rebelión
3.-Amnistía total
4.-Mesa de negociación con un prófugo de la Justicia en Suiza y con un mediador costarricense
5.-Cesión de competencias en materia de inmigración
6.-Reparto de menores inmigrantes 608 para Madrid y 27 para Cataluña. Cuando Madrid ha protestado por la desproporción les han llamado racistas.
7.-Una financiación singular con una quita de la deuda de 17.000 millones para Cataluña.
Su error estratégico es que cada cesión a Junts alimenta el apetito de Esquerra, que ayer mismo exigía un Concierto como el de los vascos para antes de dos meses.
Todas y cada una de estas cesiones fueron negadas por Pedro Sánchez y sus ministros antes de acceder a las exigencias de Puigdemont y justificadas después. La biografía política de Sánchez tiene dos hitos fundamentales en aquel debate parlamentario de 2015 con Rajoy en la que escupió a su oponente: “Para ser presidente del Gobierno de España hace falta ser una persona decente y usted no lo es”. Otro fue su discurso de la moción de censura, 31 de mayo de 2018, en el que dijo: “Lo que sucede en otros países como Alemania, es que cuando se descubre que un ministro ha plagiado su tesis tiene que dimitir”.
A Sánchez lo condenan sus propias palabras. Los nombres que no son. Y los conceptos que tampoco. Quiero poner como ejemplo la penúltima polémica que ha `provocado este Gobierno por llamarlo de alguna manera. La absolución por el TSJC del futbolista Dani Alves que había sido condenado por la Audiencia de Barcelona como autor de un delito de agresión sexual, ha sido un ejemplo. La número 2 del Gobierno, la vicepresidenta primera ha relativizado la presunción de inocencia, sosteniendo que puede ser anulada por la necesaria credibilidad de la víctima. Aquí está la trampa. La víctima solo es denunciante hasta que un tribunal declara que es víctima. Cuando ha visto lo que se le venía encima, Montero ha rectificado o se ha ratificado, que para ella debe de ser lo mismo. Ahora los sanchistas y su opinión adjunta se aferran a que fue condenada por la Audiencia, ignorando que la C.E. prescribe el derecho de recurso a un tribunal superior. Se llama derecho a la tutela judicial efectiva. Y por encima del TSJC está el Tribunal Supremo, al que puede recurrir la denunciante derrotada. Y una cosa más: el TS es el Tribunal Superior en todos los órdenes, también lo dice la Constitución (art. 123). No el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido que quiere convertirlo en cámara de casación del Tribunal Supremo, cosa que no es: el Constitucional está para dictar si las leyes son conformes a la carta magna y como garantía de los derechos de los ciudadanos. Aunque Conde Pumpido también debe de creer que su misión fundamental es garantizar la impunidad a los familiares y compañeros de Pedro Sánchez y de sus socios golpistas. El eslogan que preside esta concentración es una necesidad perentoria. No será un hito en la historia de la humanidad, pero la desaparición de Pedro Sánchez de la vida política de España bastará para hacer este país un poco más decente. Y ahora me cabe el honor de presentar a un hombre que es en sí mismo, un icono de la democracia española: José Antonio Ortega Lara.