La presencia de destacados líderes de Junts, ERC y BNG en la manifestación a favor de la liberación de los presos de ETA de este sábado avala la advertencia que periódicos como este lanzaron al Gobierno tras el acuerdo para una Ley de Amnistía: la customización de la legislación para favorecer a delincuentes concretos abre la puerta a otras demandas de impunidad legal.
Esto resulta especialmente peligroso en un contexto como el español, en el que los distintos partidos del separatismo periférico se han conjurado para formar un frente común contra el Estado. La portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordá, el exportavoz de ERC Joan Tardá y el vicepresidente de Junts, Josep Rius, han respaldado en Bilbao las reivindicaciones de la red Sare y Etxerat, que piden poner fin a las «normas penitenciarias de excepción» y aplicar la legislación ordinaria a los 155 presos de ETA para acelerar su»salida a la calle».
Cabe recordar que, de ellos, 142 ya están en las cárceles de Euskadi y Navarra, después del fin de la política de dispersión iniciada por el Gobierno de Pedro Sánchez que culminó el pasado mes de marzo. Además, desde el acercamiento de reclusos de la banda terrorista a las cárceles vascas, el gobierno autonómico ha concedido 61 tercer grados y la libertad condicional a 34 reclusos. Otros 45 podrían optar a ella al haber cumplido tres cuartos de la condena, y 70 son candidatos al tercer grado.
Por eso, la organización abertzale exige el «regreso a casa de los presos y presas vascas». EH Bildu, que ha capitalizado la tradicional protesta anual, habla de «repatriación de los presos políticos vascos» por boca de Arnaldo Otegi, quien ha encabezo la manifestación.
Junto al resto de socios de Sánchez, Carles Puigdemont ha apoyado por escrito el manifiesto de los convocantes, que habla de «una solución definitiva que posibilite que presos, exiliados y deportados vascos regresen a casa».
Es evidente que los reclusos de la banda no van a salir de prisión de un día para otro. Pero si la Ley de Amnistía va a incluir entre sus beneficiarios a los terroristas de los CDR y Tsunami Democràtic, ¿con qué autoridad podrá negarse el borrado de los delitos a los etarras sin delitos de sangre, quienes también invocan para sus acciones motivos políticos que permitirían amnistiarlos?
Basta repasar la jerga empleada por los separatistas catalanes y vascos para apreciar la afinidad entre la retórica empleada para justificar la amnistía a los golpistas de Junts y ERC y la que usan para referirse a los presos etarras.
Jordá y Rus afirmaron que el conflicto vasco nunca «debería haber salido de la política».
La organización convocante (cuya predecesora se llamaba Gestoras pro Amnistía) ha hablado de «pacificación» y de «utilizar las llaves para la resolución definitiva del conflicto».
Otegi ha considerado que la «vuelta a casa» de los etarras es «el paso necesario para la convivencia».
Y el parlamentario de Bildu Julen Arzuaga ha defendido, en una diatriba contra las «togas» y la Audiencia Nacional, «acabar con las legislaciones de excepción y con la intervención de aparatos del Estado profundo para abrir nuevas causas».
Este relato, que trae reminiscencias del lawfare del que ha hablado Sánchez, ha sido asimismo avalado tácitamente por el PSOE al pactar con Bildu en Pamplona.
La buena sintonía entre los distintos nacionalismos ya era evidente desde hace mucho. Pero el apoyo de los cabecillas de Junts y ERC a la liberación de los presos etarras (muchos de ellos con delitos de sangre) acredita que sus reivindicaciones y las de Bildu no son asuntos estancos, sino que han ido en paralelo.
Y más si se tiene en cuenta que, como descubrió este periódico, Junts y ERC recurrieron a antiguos colaboradores de ETA (como quien defendiera a Josu Ternera, Gonzalo Boye; el exabogado de ETA Iñigo Iruin; o el mediador Henri Dunant, que participó en el desarme de la banda) para el asesoramiento en su negociación con el PSOE y la defensa del caso de Tsunami.
Sólo era cuestión de tiempo que el recurso a esta retórica de los «procesos de paz» para conceptualizar el diálogo con el separatismo catalán desatara el proceso de ósmosis que la hiciera extensible al nacionalismo abertzale. Disponiendo las fichas contiguas en este arriesgado juego del dominó, Sánchez ha acabado alentando la precipitación de los proyectos sediciosos concomitantes.
Por lo pronto, las competencias penitenciarias están ahora en manos del Gobierno vasco. No es difícil pronosticar qué será de los presos etarras si Bildu llega a la lehendakaritza este año, toda vez que han respaldado la postura de Sare: «Los hemos traído a las cárceles vascas para que vayan saliendo».