El ‘efecto Bolinaga’ en el juez de Vigilancia

Una de las razones que ha llevado a los presos de la denominada ‘Vía Nanclares’ a llevar sus casos a la Audiencia Nacional tiene que ver con el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro. Fuentes judiciales aseguran que este magistrado ha adoptado un perfil mucho más restrictivo hacia los disidentes de ETA desde que autorizara la excarcelación de Josu Uribetxebarria Bolinaga, preso etarra con un cáncer de pulmón en fase terminal y que había sido condenado por, entre otros, el secuestro del funcionario de prisiones José Ortega Lara.
Las fuentes consultadas sostienen que Castro siempre había sido «receptivo» hacia las reclamaciones de los reclusos que habían roto con ETA y que habían adoptado un discurso contrario a la violencia, como es el caso de exmiembros de la banda como Carmen Gisasola o el propio Joseba Urrosolo Sistiaga. Siempre dentro de la ley, había favorecido su progresión de grados e, incluso, la obtención de permisos.
Algo que ha cambiado tras el ‘caso Bolinaga’. Castro apostó desde el principio por conceder la libertad condicional al recluso con cáncer tras recibir los informes médicos facilitados por el Servicio Vasco de Salud, que subrayaban su delicado estado de salud. Los doctores que le trataban sostenían, y sostienen aún, que las posibilidades de vivir más de un año eran de apenas un diez por ciento. El propio juez de Vigilancia Penitenciaria viajó al hospital Donostia, donde Uribetxebarria estaba ingresado después de haber sufrido una crisis, para comprobar ‘in situ’ su estado de salud. Fuentes judiciales recuerdan que Castro ha vivido de cerca casos similares protagonizados por familiares cercanos.
El magistrado, sin embargo, se sintió solo en medio de la polémica suscitada con las víctimas del terrorismo. Asociaciones como la AVT llegaron a acusar a este juez y al Gobierno de Mariano Rajoy de haber favorecido la excarcelación de Bolinaga y haberse «reído» de quienes han sufrido en primera persona los golpes del terrorismo. La presión y la polémica suscitada por ese caso ha llevado a Castro a virar en sus posiciones y ser mucho más exigente con los reclusos disidentes. «No quiere más líos», sostienen fuentes judiciales, que apuntan que el juez de Vigilancia Penitenciaria prefiere ahora que sea la Sección Primera de la Audiencia Nacional, formada por cinco magistrados, la que decida a favor de estos reclusos y evitar de esta manera que sea él, en primera persona, quien asuma todo el protagonismo en los medios y las críticas de las asociaciones de víctimas del terrorismo.