EL CORREO 05/03/14
· Encarga un informe para cuantificar los atentados sin esclarecer desde 1960 y analizar la situación de las víctimas.
El Gobierno vasco ha decidido incluir en su agenda la necesidad de investigar los crímenes terroristas sin resolver. El Ejecutivo ha encargado la elaboración de un informe que permitirá cuantificar el número de atentados de ETA, así como de otras organizaciones, pendientes de esclarecer desde 1960 y analizar la situación en la que se encuentran las víctimas. Es decir, si reciben por parte de los poderes públicos el tratamiento al que tienen derecho como damnificados. El gabinete de Iñigo Urkullu destinará a este fin una partida de 16.850 euros.
El estudio, que se enmarca en el plan de paz y verá la luz antes de que termine el año, será supervisado por «tres personas de prestigio contrastado y amplia experiencia en la materia», reveló ayer el portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En concreto, este trabajo recaerá en la criminalista y profesora de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco Enara Garro, el exdirector de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio de Interior con el Ejecutivo de Zapatero, José Manuel Rodríguez Uribes, y el fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.
La redacción y coordinación la llevará a cabo el escritor y periodista Carlos Fonseca. Este último colabora desde hace meses con la secretaría de Paz y Convivencia que lidera Jonan Fernández para divulgar el contenido del plan de paz en Madrid. Este enlace ha permitido a Fernández mantener catorce reuniones con magistrados de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
La apuesta porque los poderes públicos, en este caso el Gobierno vasco, se involucren en la investigación de los crímenes terroristas pendientes de resolver es una de las recomendaciones que emanan del informe de Constatación de Vulneraciones de Derechos Humanos ocurridas entre 1960 y 2013, que el Ejecutivo de Urkullu presentó el pasado mes de junio. Aquel estudio atribuye 837 muertos a atentados de ETA en sus distintas ramificaciones desde su fundación; 94 a actuaciones
Josu Erkoreka, durante la rueda de prensa celebrada ayer en la Lehendakaritza al término del Consejo de Gobierno. «indebidas» y abusos de las Fuerzas de Seguridad del Estado; y 73 a grupos parapoliciales y de extrema derecha, entre los que se incluye a los GAL, el Batallón Vasco Español y la Triple A. Manipulaciones de explosivos y tiroteos, recogidos en un capítulo aparte, causaron otros 277 muertos.
Pero la lucha contra la impunidad es también una petición histórica de las víctimas. Ya en 2012, la entonces presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, trasladó al Parlamento vasco la intención de los damnificados de evitar la impunidad. Pagazaurtundua aprovechó su comparecencia en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara para recordar que más de una tercera parte de los atentados mortales cometidos por ETA continúan aún sin resolver. Ahora bien, lo cierto es que, tras décadas de violencia, a día de hoy no existe una base de datos oficial y accesible en la que se recojan al detalle los sumarios de cada atentado o se arroje luz sobre los crímenes pendientes y la situación de los afectados. Lo que parece prácticamente seguro es que el número de casos superará el centenar. Ni siquiera en la Audiencia Nacional disponen de esta cifra. Una oficina del alto tribunal trabaja desde hace tres años en la recopilación de centenares de sumarios para crear una base fiable. Tampoco se conoce, por ejemplo, cuántos casos han prescrito.
El objetivo de este proyecto es «contar con un documento detallado, completo y fidedigno» que permita al Ejecutivo autónomo valorar qué medidas deben adoptarse, «en el marco de su competencia», para «satisfacer los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas», explicó Erkoreka.
Con la Audiencia Nacional
El estudio tendrá como marco de referencia el documento de Naciones Unidas ‘Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones’. El texto, aprobado en 2005, emplaza a los poderes públicos de asistir y reconocer a todos los damnificados, con independencia de si el atentado terrorista en cuestión ha sido o no esclarecido.
La ONU señala, entre otras obligaciones, las de «investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el Derecho interno e internacional», así como ofrecer acceso equitativo y efectivo a la Justicia.
Erkoreka rechazó ayer ofrecer una cifra aproximada sobre el número de casos que permanecen aún sin resolver. Y es que, según advirtió, existen datos «muy diferentes» al respecto. Cabe recordar que desde la Fundación de Víctimas del Terrorismo se ha llegado a hablar de 314 crímenes. Un número que «no coincide» con el que podría barajar, aunque de forma estimativa, la Audiencia Nacional. El portavoz de Lakua y consejero de Justicia defendió en este sentido que el Gobierno vasco desarrollará su «propia investigación» con el fin de «aproximarse a este fenómeno con la mayor profundidad posible» y, a partir de ahí, «adoptar las medidas necesarias» en relación con las víctimas.
El Ejecutivo colaborará para la elaboración del informe con otras instituciones, en especial con la Audiencia Nacional, y aunque cubrirá todos los crímenes ocurridos desde 1960, Erkoreka reconoció ayer que el «vacío documental» del periodo franquista hará muy difícil que puedan investigarse atentados previos a la creación del alto tribunal, competente en materia de terrorismo.
EL CORREO 05/03/14