EL CORREO 10/04/13
· El programa presentado por Urkullu pide someter en 2015 a «contraste popular» un acuerdo «integrador» ratificado por el Parlamento.
Iñigo Urkullu oficializó ayer su intención de poner en marcha un «nuevo estatus político» para Euskadi a lo largo de esta legislatura mediante un acuerdo parlamentario que luego deberá ser refrendado por la ciudadanía. Lo hizo en la presentación de su programa de gobierno, un extenso documento de 204 folios en el que no se habla de fechas concretas y se evitan en todo momento los términos consulta y referéndum, pero en el que se deja claro que ese posible pacto «integrador» nacido en la Cámara de Vitoria deberá ser sometido a «contraste popular». De hecho, se recalca que aunque «el reto de alcanzar acuerdos y dar viabilidad al proyecto de futuro para Euskadi» corresponde a los partidos, «la legitimación social» llegará «siempre de la voluntad expresa de la ciudadanía».
La pretensión de modificar el actual Estatuto de Gernika ya estaba incluida en el programa electoral del PNV y fue mencionada tanto por Urkullu como por el presidente del partido, Andoni Ortuzar, durante el pasado Aberri Eguna. Pero ahora ya está incluida en el mapa que, en teoría, guiará el trabajo del Ejecutivo hasta 2016.
El compromiso de Urkullu pasa por constituir una ponencia parlamentaria «sobre el futuro del autogobierno» y de forma paralela, «y bajo el auspicio de la presidencia del Gobierno vasco», poner en marcha «unas jornadas internacionales y un proceso participativo para poner en común propuestas e iniciativas vinculadas al nuevo modelo constituyente pretendido». Una vez que el foro parlamentario elabore un «texto articulado», y que éste sea aprobado por la Cámara, será sometido a consulta. Aunque el plan de gobierno presentado ayer no marca plazos, el propio Urkullu recordó en su comparecencia que en ocasiones anteriores su partido ha situado la meta en 2015.
El actual Estatuto establece para su reforma tres pasos básicos: mayoría absoluta en el Parlamento, recibir el visto bueno de las Cortes Generales y ser ratificado mediante referéndum. La propuesta del Ejecutivo jeltzale se salta el segundo escalón –el aval del Congreso– y pone muy complicado el apoyo del PSE y del PP al incidir de forma clara en el derecho a decidir. Y sin el apoyo de socialistas y populares, el único grupo que podría respaldar al PNV para alcanzar esa ansiada mayoría absoluta sería EH Bildu.
El acuerdo «integrador» al que alude el Gobierno de Urkullu no cita de forma expresa a la independencia de Euskadi, pero sí el «reconocimiento mutuo, en igualdad de condiciones», e insiste en que debe aceptar «la posibilidad real de materialización de cualquier proyecto político sobre la base de la voluntad democráticamente expresada por la ciudadanía vasca a través de su libre decisión».
Navarra y País Vasco francés
El documento contiene numerosas referencias soberanistas. «La voluntad de nuestro pueblo legitima nuestros deseos y derechos de autogobierno», recalca el texto, que insiste en que ese acuerdo debe incluir «la asunción del principio de respeto a la voluntad libre y democráticamente expresada por la ciudadanía».
La defensa de ese «derecho a decidir» se sustenta, según el Ejecutivo, en dos principios básicos que permiten al «pueblo vasco» reclamar un sistema de autogobierno que posibilite el desarrollo de una comunidad «con identidad propia». Ésta también tiene que incluir «la institucionalización de las relaciones» con Navarra y el País Vasco francés, y hacerlo sobre la base del «territorio euskara» que ubica «a la comunidad vasca en el mundo».
Por un lado, el PNV apela a una razón ‘histórica’, la de que Euskadi es «una vieja nación que se renueva y fortalece». Por otro, a motivaciones financieras, ya que «los desequilibrios económicos e institucionales del Estado español generan una gran desconfianza internacional» que afecta a las empresas vascas. Por eso, a juicio del PNV, «necesitamos constituirnos en referencia internacional» y «alcanzar un ritmo de desarrollo que es imposible» lograr «mientras dependamos de circunstancias de terceros países». «Y esto exige aplicar y estructurar políticamente el principio de soberanía; derecho y capacidad para decidir nuestro propio futuro», añade el programa de Urkullu, que en ningún momento menciona si ese pacto debe contar con un respaldo cualificado o si bastaría con una exigua mayoría de votantes.
El objetivo final, en todo caso, es claro: «Euskadi debe ser nación en Europa junto a algunas que ya están como Estonia y Croacia y otras que piden paso como Escocia, Flandes o Catalunya». Una meta que, en realidad, Urkullu no sólo circunscribe a la comunidad que él preside. El programa alude en varias ocasiones a Navarra y al País Vasco francés, y sostiene que el Gobierno del PNV trabajará para reparar «las cicatrices del pasado y extender progresivamente las relaciones y el sentimiento de identidad compartido en todos los territorios vascos».
En un gesto simbólico, el Ejecutivo declara que la sociedad vasca «en su conjunto debe ser dueña de su propio destino» y que a los ciudadanos «de todos los territorios vascos se les reconozca el derecho a decidir libremente sobre el grado de relaciones que desean tener entre ellos, incluida la posibilidad de conformar un marco institucional unitario».
EL CORREO 10/04/13