HAY este párrafo asombroso en la carta que el embajador en Washington, Pedro Morenés, ha escrito al Times en protesta por el ínfimo editorial: «Escriben en su editorial que ‘aunque la independencia fue aprobada en la consulta de 2014, participó menos de la mitad del electorado’. Siendo verdad esta afirmación, es importante ser preciso. Solo un 33% de los ciudadanos con derecho a voto lo hicieron. Lo que es más, dentro de este grupo el gobierno catalán incluyó a menores y residentes extranjeros en la región. De ese 33%, es cierto que un 81% votó a favor de la independencia».
Es completamente normal que una inteligencia como la del corresponsal Minder, por poner un ejemplo de la casa, escriba que «la independencia fue aprobada [!] en la consulta de 2014». Ahora bien, que un embajador de España acepte ese razonamiento y se ponga a discutir sobre los porcentajes de una ceremonia rudimentaria e ilegal (el segundo adjetivo es de los tribunales) solo refleja el desconcierto político que el gobierno del Estado arrastra pesadamente en su respuesta a la maniobra de secesión. Ante el hecho consumado del 9-N el Gobierno trató, primero, de eludir su responsabilidad y su incompetencia, calificándolo de mera «pantomima». Pero, pasados unos días, dio instrucciones a la Fiscalía para que actuara. Hasta que hace unos meses los jueces sentenciaron el carácter delictivo de la consulta nacionalista.
Solo por razones de decencia democrática el Gobierno debería haber impedido el 9-N. No es una razón menor que lo hubiera hecho para evitar que el diario más influyente del mundo pudiera manejar porcentajes ficticios de apoyo a la secesión, obtenidos sin la menor garantía legal, política y técnica. Y desde luego, y como supimos anteayer, para evitar que su embajador, y por extensión su sanguíneo ministro Dastis, incurriera en un error clamoroso de partida y no subrayara en su respuesta al periódico la imposibilidad de considerar el 9-N un ejercicio democrático.
Esta discusión, por lo demás, está lejos de ser un académico ejercicio retrospectivo. Para el próximo 1 de octubre, el gobierno desleal ha anunciado su voluntad de celebrar un referéndum de autodeterminación. Ante las dificultades del propósito, se han empezado a oír diagnósticos del tipo: «Será otro 9-N». Es decir, un golpe anunciado y ejecutado contra la democracia, donde el único de los actores que incurrió en la pantomima fue el gobierno del Estado.