El empaquetado

Son cerca de trescientos mil folios apilados en unas doscientas cajas de cartón basto. En medio de una trifulca jurídica entre magistrados y fiscales la jueza Alaya ha empaquetado el sumario de los ERE para mandarlo al Tribunal Supremo. Ya iba siendo hora al cabo de cuatro años. La variopinta pasarela de imputados está a punto de cerrar su desfile a las puertas del Palacio de Justicia sevillano, donde los acusados han exhibido los últimos modelos de jipijapa mientras la instructora pasea su esqueleto de porcelana envuelto en renovados, coloristas y vaporosos vestidos veraniegos. Un día de éstos mandará mecanografiar el auto de remisión y pondrá en él los nombres de unos cuantos aforados. Con casi toda probabilidad los de José Antonio Griñán, Manuel Chaves y varios miembros de sus gobiernos. Una caravana de furgonetas llevará las gigantescas resmas de papel a las Salesas y allí empezará la fase crítica del caso.

No se trata en absoluto del final. Cuando el Supremo se pronuncie sobre los aforamientos comenzará el despiece procesal que muy posiblemente acabará en un desparrame de piezas por diferentes instancias y tribunales, según la condición de los imputados. Habrá otra cascada de recursos y recusaciones y un considerable alboroto mediático. Resulta verosímil que Alaya reciba algún varapalo revocatorio por su manera de instruir, y nadie se apiadará de su esfuerzo casi prometeico y solitario. De hecho los procesados ansían el momento en que la instrucción escape de sus manos. Para nada cabe descartar archivos parciales de diligencias que desemboquen en la sensación popular de un gatillazo. Las tramas intermedias del fraude están en general bien sujetas en la investigación pero la acusación a la cúpula de la Junta se basa en un criterio de la jueza que el Alto Tribunal podría no compartir: el de que todo obedeció al plan político de establecer un sistema viciado de transferencias y subvenciones sin control presupuestario. Sin ese argumento el caso se desmoronaría ante la opinión pública, convertido en un macroproceso de venales cargos intermedios, pícaros sindicales y comisionistas aprovechados.

Esa posibilidad existe y su materialización jurídica daría lugar a una operación de propaganda exonerativa destinada a minimizar la importancia real del caso. Alaya ha luchado sola contra un sistema resistente, coriáceo y opaco. Ha levantado el mapa de la mayor red de corrupción de la España contemporánea y ha trazado un esquema piramidal de responsabilidades que puede ser revocado. Hasta ahora ha sido ella la que ha formulado las hipótesis, establecido los indicios y registrado las conclusiones. A partir del momento en que las cajas lleguen a su destino lo que estará bajo contraste será también su propio trabajo. Cuatro años después de la primera traca, la de Mercasevilla, está a punto de prender la penúltima mecha que queda en sus manos.