Tonia Etxarri-El Debate
Lo de ayer no fue una huelga al uso. Fue una escenificación más de campaña, jaleada por los sindicatos, para mayor gloria del Gobierno que ha estado alentando lo que justamente necesita: la movilización de la izquierda en vísperas del arranque de la campaña electoral. Y si no conseguían la paralización de la vida productiva, al menos, trasladar la protesta a la calle. Y eso fue lo que ocurrió. Se trataba de la primera huelga general en todo el país en catorce años. Las pancartas sindicales ya olían a naftalina de no usarlas y las centrales principales (no todas siguieron el juego) intentaron parar la actividad con las excusas más variopintas. La precariedad social, la vivienda, los salarios y el coste de la vida son razones de peso que pueden justificar una movilización, desde luego. Pero la huelga de ayer no iba de eso.
Desde que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, dijo que se trataba de una «huelga general política» (una denominación que nos retrotrajo a la época de la universidad en los últimos estertores del franquismo) la izquierda y la mayoría de los socios lo han reconocido sin disimulo. Independientemente de su discutida legalidad –¿qué sentido tiene una huelga política en democracia?–, resulta grotesco que altos cargos políticos hayan alentado a la huelga contra quienes no han gobernado todavía.
¿Cómo se desvinculan los ocho años de mandato de Pedro Sánchez del encarecimiento de la vivienda, la inflación o la pérdida de poder adquisitivo? ¿Cómo sacudirse la responsabilidad de los 270.000 desahucios que se han producido durante su legislatura?
Junts se preguntaba quién era el destinatario claro de la huelga. Disparidad de respuestas. Que si la carestía de la vida, la vivienda o la derecha, que más da. Y el PNV diciendo que no es así como se resuelven los problemas. Pero de eso se trataba. De transformar el descontento por los ocho años de gestión socialcomunista en una campaña contra la oposición.
Si, además, las protestas degeneran en coacción y violencia –aunque ya no esté penalizado porque Pedro Sánchez derogó el articulo del Código Penal que castigaba a quienes presionaran a aquellos que se negaran a seguir las huelgas– pierden toda su legitimidad. Ayer fue un día en el que empleados del pequeño comercio del Casco Viejo de Bilbao fueron atacados por piquetes violentos. Las inmobiliarias temieron por la seguridad de sus 40.000 agencias en toda España, los de Ernai vandalizaron las chapas de alojamientos turísticos en Gernika (turistas kanpora, ¿ no?), unos encapuchados asaltaron la delegación de TVE en Cataluña mientras los manifestantes que protestaban «contra el gasto militar» (todo es bueno para el convento) molestaban, con sus gritos, a los enfermos convalecientes en un hospital madrileño.
Si Nicolás Redondo y Marcelino Camacho consiguieron, tras su huelga en 1988, que el gobierno de Felipe González retirara su reforma laboral, ¿qué pretenden conseguir los huelguistas de nuevo cuño? ¿Que se retire la oposición de las urnas? Lo que algunos han empezado a llamar huelga preventiva contra la oposición viene a ser una huelga de ensayo. Ayer tuvimos una demostración de lo que piensa hacer la izquierda si las urnas votan por un cambio de color en el próximo gobierno.