LA BRUTAL agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua (Navarra) ha puesto de manifiesto que algunos de los peores hábitos que durante cuatro décadas alimentaron el caldo de cultivo para el terrorismo siguen aún presentes. Primero, por el matonismo y la cobardía con la que medio centenar de individuos –que la Delegación del Gobierno identificó con la izquierda abertzale– asestaron la paliza a los cuatro mientras disfrutaban de su tiempo libre. Sólo desde una atmósfera de aceptación de la violencia y de monopolio del espacio público puede entenderse un comportamiento similar. Segundo, por la reacción pueril e inadmisible de Bildu y de Sortu, brazos políticos del abertzalismo, incapaces a estas alturas de condenar los hechos sin paliativos ni subterfugios. Y, tercero, por la cobertura social que han encontrado los agresores a través no sólo del independentismo político radical sino de las personas que se concentraron en los juzgados de la localidad navarra para pedir la absolución de los arrestados.
Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado pasado en las inmediaciones del bar Koska, en Alsasua. Un teniente y un sargento de la Guardia Civil fueron identificados como miembros de este Cuerpo por varios individuos. Primero les increparon y después les propinaron una paliza en plena calle y ante la pasividad del resto de personas. Como consecuencia de la agresión, uno de los agentes fue intervenido quirúrgicamente por una fractura en el tobillo. Y tanto él como las dos mujeres quedaron hospitalizados. El ministro del Interior descartó un eventual retorno de la kale borroka y atribuyó la agresión a un delito de odio.
Pero, con independencia de las consecuencias penales que se deriven, lo cierto es que los hechos acreditan que el consentimiento social que permitió a ETA extender su terror durante 42 años continúa sin ser erradicado. Esto explica, tal como contamos hoy en nuestras páginas, las trabas que en la práctica encuentran las fuerzas de seguridad del Estado para realizar su labor en municipios como Alsasua. El rechazo de una parte de sus ciudadanos a la Guardia Civil indica hasta qué punto la patología social y el odio en los que ETA ancló su delirio aún no han sido laminados.
La agresión a los dos efectivos del instituto armado es un residuo de la kale borroka que antaño permitió a la banda terrorista amedrentar a la sociedad vasca y navarra a través de sus satélites callejeros. Es, además, una prueba fehaciente del ambiente de intolerancia que aún anida en estos territorios. Y ello fruto de dos factores: la mitificación de ETA por parte de los grupúsculos que tratan de blanquear la execrable ejecutoria de ETA y el amparo que aún hoy reciben de las formaciones herederas de Batasuna. Es cierto que Geroa Bai –la rama navarra del PNV– ha condenado los hechos. Sin embargo, Bildu no quiso sumarse a la condena del Ayuntamiento de Alsasua. Un escrito que sí rubricó el edil socialista, aunque fue desautorizado por su partido porque el escrito incluía una crítica a la «presencia masiva» de la Guardia Civil en esta población. Además, el Congreso aprobó ayer una declaración de apoyo a los guardias civiles con los votos en contra de Bildu y ERC, y la abstención de la antigua Convergència.
Dejando a un lado el preocupante contagio del independentismo catalán de las posiciones más extremas del nacionalismo vasco, la realidad es que mientras los líderes abertzales no envíen un mensaje claro de repudio, su entorno social seguirá sin rechazar la violencia. Este jueves se cumplirán cinco años desde que ETA anunció el cese definitivo de la actividad terrorista. La banda criminal ha sido derrotada por la acción del Estado de Derecho. Pero quedan rescoldos sin sofocar. Y uno de los más repugnantes se traduce en la fanática conducta de aquellos sujetos que, aupados en la onda expansiva del chantaje de ETA, siguen practicando y justificando la violencia física.