El resultado, demoledor para las aspiraciones de regeneración democrática con las que arrancó la legislatura, ha terminado por manchar sin remisión las siglas de camino a las elecciones de Extremadura del próximo 21 de diciembre, primer test para Pedro Sánchez en mitad de un barrizal que huele a fin de ciclo. Los comicios en esa comunidad que fue un feudo del socialismo, y a los que concurre por mandato de Sánchez un candidato imputado en el supuesto enchufe de su hermano en la Diputación de Badajoz, examinarán ante el electorado la entereza de los socialistas, sumidos en un creciente abatimiento. La cadena de actividades presuntamente delictivas de sus últimos hombres de confianza en el Gobierno y en Ferraz se añade a los sonrojantes episodios de machismo que degradan la pretendida causa feminista.

La presión aumenta desde el entorno que apoya a Sánchez, que insiste en agotar la legislatura en 2027 pese a los golpes que amenazan con agrietar su escudo, cada vez más diezmado. Los aliados de investidura que le quedan tras la espantada de Junts expresan mayores dudas sobre la conveniencia de resistir -el PNV vaticina adelanto electoral el próximo año-. Pero el mayor sobresalto se lo puede llevar desde Sumar, su socio de gobierno, si Yolanda Díaz exige un vuelco con un cambio «profundo» en el Ejecutivo que supere «las reformas estéticas» para dejar atrás una etapa de «puteros y corruptos». El «así no se puede continuar» con el que la vicepresidenta segunda declaró ayer su hartazgo es el ultimátum más serio que recibe Sánchez desde el ‘fuego amigo’. Está por ver si es una pose o si Díaz va a forzar un cambio hasta ahora imposible en el Gobierno antes de quemarse con él. La reacción a este goteo de escándalos que desborda al PSOE sigue siendo decepcionante, como lo demuestran los cinco meses que ha tardado la secretaria de Organización en comparecer por el ‘caso Salazar’.