Ignacio Camacho-ABC
- Sánchez se está fabricando un blindaje personal ante el salto cualitativo de una más que verosímil imputación del partido
La primera pregunta esencial de la política española ya no es si el PSOE será imputado como persona jurídica sino cuándo. Y la segunda gran pregunta es si Pedro Sánchez será llamado a declarar, en principio como testigo, antes o después de que acabe el verano. La vida pública se ha convertido en un escenario lleno de barro donde los principales protagonistas de la función comparten su papel con el de personajes de un número cada vez más alto de sumarios y se pasan el rato entre citas de comisiones de investigación y comparecencias en los juzgados. No queda prácticamente ninguna institución relevante del Estado cuyos responsables no aparezcan implicados en alguna de las redes de corrupción afloradas por los tribunales en los últimos dos años.
El caso Ábalos ha dejado de ser el punto cero del mapa de la putrefacción del Gobierno. Las mordidas probadas del exministro y su ayudante Koldo son ahora casi una bagatela al lado de los presuntos delitos que vamos conociendo a medida que el asunto de las llamadas cloacas se extiende por la Guardia Civil, el entorno de la Presidencia, el ‘holding’ de empresas estatales, el Partido Socialista y las sociedades instrumentales de Rodríguez Zapatero. Un extenso territorio de poder conectado por el subsuelo a través de un sistema de alcantarillas pobladas por aparentes subalternos que actuaban como ejecutores de encargos secretos, desde montajes para obstruir la justicia y entorpecer sus procesos hasta la creación de entramados financieros encubiertos.
El salto cualitativo se ha producido al transformarse la sospecha de que el PSOE gestionaba pagos y cobros irregulares en el indicio verosímil de que esos manejos contables servían en realidad para sufragar actividades mucho más graves. Es decir, de que el dinero que entraba –siempre presuntamente– procedente de contratos amañados saliese en dirección a un puñado de sujetos dedicados a la coacción, la guerra sucia y el chantaje con el objetivo de proteger al jefe del Ejecutivo, sus pretorianos de confianza y sus familiares. Lo que parecía un simple trabajo de tesorería paralela, por desgracia habitual en la vida partidista, se empieza a parecer demasiado en sus características funcionales a un escándalo como el del Watergate.
De este modo, la imputación del presidente en su condición simultánea de secretario general de la organización deja de ser una especulación para pasar al rango de un supuesto jurídico fidedigno, quizá aún lejano pero con bastantes visos de volverse objetivo. De cualquier modo, la más que probable investigación al partido le señalará a él como máximo responsable político. Desde esta perspectiva se comprende mejor la orden de que ningún alto cargo en entredicho o bajo escrutinio judicial dimita o sea destituido. Dispuesto como está a resistir pase lo que pase, se previene ante la posibilidad de un flagrante desequilibrio comparativo. En otras palabras, no está respaldando a sus colaboradores sino fabricando un escudo de lodo con el que blindarse a sí mismo.