- Pasadas las elecciones, con Montero fuera de juego y sentada en la oposición frente a Juanma Moreno, ya no habrá obstáculo para que Illa negocie con ERC esos privilegios a cambio de su continuidad al frente de la Generalitat y de seguir contando Sánchez con el apoyo de Junqueras en Madrid
Resulta irónico, por no decir cínico, ver a un gobierno parapetarse tras la guerra de Irán para justificar lo que en realidad es una simple cuestión de supervivencia política. Pedro Sánchez no presenta los Presupuestos Generales del Estado (PGE), no porque el mundo esté convulso, sino porque su mayoría parlamentaria no existe. Y eso, en democracia, tiene un nombre bastante menos épico: debilidad. Echarle la culpa a la guerra en Oriente Medio para no llevar las cuentas del Estado al Congreso porque «hay que estar en lo urgente», según Sánchez, y atender a las consecuencias inmediatas que el conflicto bélico genera en las economías domésticas, es la última impostura del presidente del Gobierno que por lo demás es la forma hipócrita habitual con la que suele conducirse desde que llegó a la Moncloa.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometió hace no tanto en el Congreso presentar las cuentas públicas en el Parlamento en este primer trimestre. Si estaba trabajando, como dijo hace tiempo, «intensamente en el borrador de las cuentas», habría que preguntarse por qué no las tiene ya listas para entregarlas en el Congreso y la respuesta no es por la guerra, como cínicamente pretexta Sánchez sino porque ya no tiene el respaldo de la mayoría Frankenstein para su aprobación.
En política, como en la vida, cuando alguien no cumple lo que promete, conviene preguntarse no por la excusa, sino por la razón real. Y aquí la razón es transparente: los números no salen, los apoyos ya no están y el riesgo de una derrota parlamentaria es evidente. Y sería una derrota de imposible digestión porque condenaría a Sánchez a un adelanto electoral, que quiere evitar a toda costa, y que es lo que hacen los jefes de Gobierno democráticos cuando son rechazados sus Presupuestos por las mayorías parlamentarias: disuelven las cámaras y convocan elecciones. Menos en España donde Sánchez se conduce con modos autocráticos e incumple obscenamente la Constitución cuyo artículo 134 le obliga a la presentación y debate de los PGE en el Congreso todos los años; cosa que lleva sin hacer desde que comenzó esta legislatura mientras prorroga y estira los aprobados en la anterior, en 2022, por un Parlamento distinto al actual y desfasados económicamente por razones obvias.
Será la única legislatura sin aprobarse unos Presupuestos nuevos desde la Transición, dato consecuente con el juego de mentiras y ardides tramposas que se gasta Sánchez para burlar las normas elementales de la democracia y resistir, sin haber ganado las elecciones, al frente de un Gobierno débil, dividido e incapaz de ponerse de acuerdo consigo mismo como evidenció el espectáculo dado por el Consejo de Ministros para aprobar el decreto de ayudas por la subida de los precios derivados del petróleo y del gas.
La coartada de excusarse en la guerra para seguir incumpliendo el mandato constitucional queda desmontada por la fragilidad parlamentaria que le imposibilita sacar adelante la principal y más importante ley que anualmente debería debatirse y votarse en el Congreso. Cosa que no incomoda a un Sánchez que ya proclamó hace tiempo su disposición a gobernar al margen y sin ser fiscalizado por el Parlamento. Mientras sus aliados se lo consientan seguirá incidiendo en ese perfil autocrático que delata su forma de proceder en la política.
En esa lógica de evitar riesgos encaja también el movimiento en Cataluña. Salvador Illa ha aplazado el debate presupuestario por exigencia de Sánchez hasta después de las elecciones andaluzas para no perjudicar los intereses electorales de María Jesús Montero, dado que las cuentas catalanas, como es sabido, condicionadas por Esquerra Republicana de Catalunya para su aprobación, incluyen la financiación singular y una agencia tributaria propia para recaudar y gestionar los impuestos. Privilegios que Montero, en tanto ministra de Hacienda, otorga al independentismo catalán en detrimento y perjuicio de las demás comunidades, incluida Andalucía, y por tanto, teóricamente desfavorables para sus expectativas electorales a la presidencia de la Junta si se materializaran en vísperas de los comicios andaluces.
Pasadas las elecciones, con Montero fuera de juego y sentada en la oposición frente a Juanma Moreno, ya no habrá obstáculo para que Illa negocie con ERC esos privilegios a cambio de su continuidad al frente de la Generalitat y de seguir contando Sánchez con el apoyo de Junqueras en Madrid. Todo muy oportuno y conveniente para quien necesita de forma cínica y tramposa no incomodar al electorado andaluz en el momento equivocado y después, pasadas las urnas, perpetrar el desafuero. Muy propio de gobernantes como Sánchez, pendiente de atender a sus intereses partidistas y personales antes que a los de todos los ciudadanos.