El Correo-CONSUELO ORDÓÑEZ Presidenta de Covite
Desde que ha comenzado el debate en torno a los posibles cambios en la política penitenciaria de los presos de ETA en nuestro país, en numerosas ocasiones se ha dicho que Francia es un «ejemplo a seguir» en esta materia. Los nacionalistas vascos han estado aplaudiendo estos meses de verano la política penitenciaria francesa para presionar y lograr cambios en la política penitenciaria española. No ha sido la primera vez que lo hacen: a principios de este año, Covite demostró, gracias a una reunión con la magistrada del Ministerio de Justicia francés Hélène Davo, que los mediadores de los presos de ETA estaban orquestando una campaña de confusión política organizada para dar a entender que Francia estaba acercando a todos los presos de ETA. Transcurridos más de seis meses desde ese encuentro, me volví a reunir el 11 de septiembre para abordar el trasfondo de las últimas informaciones respecto a los traslados de presos de ETA llevados a cabo por el Ejecutivo francés.
De ambos encuentros he salido convencida de que Francia es, efectivamente, un modelo a seguir en materia de política penitenciaria; pero no por estar llevando a cabo acercamientos masivos como a algunos les gustaría, sino porque en todos los pasos que está dando el Ejecutivo en materia de traslados de presos de ETA se está priorizando una cuestión fundamental: el respeto a las víctimas.
En mi último encuentro con Hélène Davo comprobé varias cosas. En primer lugar, que Francia, por el momento, ha realizado más denegaciones que traslados de reclusos de ETA. Todos los etarras que se encuentran en cárceles del país galo han solicitado ser acercados a las cárceles de Bayona y de Pau, en el País Vasco francés. Sin embargo, ninguno ha sido trasladado a esas prisiones, sino a las limítrofes al País Vasco francés: a la de Mont de Marsan o a la de Lannemezman. Y a estas dos cárceles solo han sido conducidos aquellos que cumplen los requisitos de acercamiento que exige la legislación penitenciaria común, y que no tienen implicación directa en delitos de sangre ni causas judiciales pendientes en España. Estos dos últimos requisitos son dos líneas rojas que Hélène Davo me prometió en enero que el Gobierno francés no iba a traspasar, pese a que podrían hacerlo si quisieran. Pero, aun reconociendo que los etarras presos en Francia cumplen los requisitos comunes para ser llevados a las prisiones de Mont de Marssan y de Lannemezman, mantienen sus líneas rojas con la cúpula militar de ETA, con los que tengan implicación directa en delitos de sangre y con los que tengan causas pendientes en España. He aquí otra prueba de que el respeto a las víctimas es una prioridad para el Ejecutivo francés.
Por tanto, si España quiere mirarse en el espejo de Francia para realizar cambios en la política penitenciaria de los presos de ETA, ha de ser consciente de que el Gobierno galo ha establecido un suelo moral básico para cualquier posible acercamiento y de que no ha trasladado a ningún preso de ETA a cárceles del País Vasco francés. Es muy importante este último detalle: ETA es una banda terrorista con fines políticos que ha intentado imponer un proyecto totalitario y excluyente para todos los ciudadanos que no somos nacionalistas vascos. Y lo ha intentado imponer en el País Vasco y en Navarra, razón por la que es muy importante diferenciar entre traslados a cárceles limítrofes al País Vasco y los que se hagan a cárceles vascas.
Las víctimas del terrorismo de ETA no somos víctimas al azar, ni daños colaterales, ni accidentados. Nuestros familiares han sido asesinados por una motivación política, por representar la pluralidad ideológica y la convivencia libre. Precisamente por ello es fundamental que los etarras, para regresar al País Vasco, hayan renegado de este proyecto político. Es la única manera de deslegitimar a la banda terrorista, cuyos herederos políticos e ideólogos, no lo olvidemos, están en nuestras instituciones.