MAÑANA a las 10 horas concluye el plazo previsto en el requerimiento enviado por el presidente del Gobierno a Carles Puigdemont para que éste confirme si ha declarado o no la independencia de Cataluña. Lo deseable, y también lo razonable, es que el presidente de la Generalitat aprovechara este impasse para dar marcha atrás. Para ello debería responder no al requerimiento formulado por Mariano Rajoy, lo que ayudaría a volver al marco legal y rebajar la tensión. Sin embargo, Puigdemont preside un gobierno que lleva desde el arranque de la legislatura saltándose a la torera el orden legal. No parece, por tanto, que ahora vaya a hacerlo, lo que inevitablemente forzará al Gobierno a recurrir al artículo 155 de la Constitución.

Puigdemont lleva todo el fin de semana recibiendo presiones de sus socios. La CUP exhortó ayer al president a proclamar el lunes la república catalana, mientras Oriol Junqueras llamó al independentismo a cerrar filas con el presidente del Govern. Si éste, finalmente, ratifica su intención de dar el salto hacia el abismo, el Gobierno debe aplicar sin dilación los mecanismos que contemplan las previsiones constitucionales ante el hecho de que un gobierno autonómico atente gravemente al interés general de España. Una eventualidad plasmada en la desobediencia y la felonía insurreccional de las autoridades catalanas.

Con el requerimiento remitido a Puigdemont, Rajoy activó el artículo 155, que no contempla exactamente la suspensión del autogobierno –en este caso, del catalán–, sino la recuperación por parte del Estado de las competencias autonómicas para preservar el Estatuto. Ante esta tesitura, tal como publicamos hoy, el Gobierno se plantea dos opciones antes de someter a votación del Senado la aplicación de este artículo: sustituir a los miembros de la Generalitat por un grupo de tecnócratas o bien recurrir a dirigentes políticos, preferentemente, ya retirados y de prestigio dentro y fuera de Cataluña. Esta medida en ningún caso supondría liquidar el autogobierno, sino precisamente garantizar éste restituyendo el orden constitucional. Y siempre con el horizonte de convocar elecciones autonómicas adelantadas en el plazo de los próximos meses.

Al margen de los detalles en la arquitectura jurídica para materializar el 155, lo relevante es que el Gobierno –con el apoyo comprometido del resto de fuerzas constitucionalistas– garantice los derechos y libertades de todos los españoles, incluidos los catalanes. Un extremo que pasa inexorablemente por intervenir las instituciones propias de Cataluña. Solo Puigdemont puede evitarlo, pero para ello debería aprovechar la oportunidad que le ha brindado el Estado para regresar a la legalidad.