Estoy seguro de que todos los españoles de verdad y que presumen de serlo, convendrán en el acierto del diagnóstico que Ramón Menéndez Pidal nos dejó escrito en el Tomo XLI de su ‘Historia de España’: «En la vida histórica de los pueblos, todo periodo de auge se distingue por una vigorización de la Ley y la Justicia y por lo contrario en épocas de decaimiento».

Hecha la cita, el objetivo que me propongo es tratar de ofrecer respuesta a un interrogante que muchos nos hacemos: ¿Cabe pensar que el Estado democrático y de derecho, que es como la Constitución habla del nuestro, está en riesgo? ¿Tenemos motivos para temer que el Estado de derecho corre peligro de extinción?

Si es cierto que en el análisis de las situaciones de crisis lo deseable es analizar las causas y ofrecer los remedios, quizá valgan de algo las proposiciones que me propongo formular. Advierto, no obstante, que el signo interrogativo empleado no implica el anuncio de respuestas categóricas ni de soluciones quiméricas. Únicamente encierra una invitación a la reflexión: la del lector y la mía.

Se dice y con razón que si un mal es general, generales son sus causas. Pues bien, empezando por las últimas, quizá una de las más profundas de la crisis de nuestro Estado de derecho sea la falta de respeto, lindante al desprecio, de la ley como instrumento necesario para la convivencia y, por derivación, el desdén por lo jurídico. Se trata de una dolencia grave de la que se derivan otras de no menor entidad, como el autoritarismo de aquellos que piensan que por tener poder político, disponen de licencia absoluta para regular cualquier cosa que les apetezca y que provoca las secuelas del despotismo, la autocracia y la opresión. A la memoria me vienen las palabras de Alexis de Tocqueville, cuando en 1835 escribía aquello de «que la libertad está en peligro cuando ese poder superior no encuentra ante él ningún obstáculo que pueda contener su marcha».

Una de las manifestaciones de intolerancia protagonizadas en los últimos años por la fuerza de las mayorías ha sido la impermeabilidad entre posiciones opuestas y que ha afectado a las principales instituciones del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y otros órganos de relevancia constitucional, a la que se ha sumado la pérdida de calidad de la Ley, que, por cierto, en buena parte, se ha sustituido por el instrumento del decreto-ley cuyos productos son, como el día a día demuestra, textos de muy reducida o escasa calidad jurídica. Hablo de la frontera que separa a los amigos de los enemigos y que alientan y jalean quienes están empeñados en socavar a la democracia para levantar «otra», como la popular de los extremistas de uno y otro signo.

Así las cosas, la pregunta vuelve a sobrevalorar sobre nosotros. ¿De verdad que el Estado de derecho puede perecer? Me temo que la respuesta es sí, salvo que reaccionemos a tiempo. Pienso y lo vengo haciendo hace bastante tiempo que la democracia es muy generosa al confiar en una ciudadanía que, según los estudios de opinión, no responde a las expectativas generadas, pues a menudo demuestra nulo o escaso interés y, además, está poco informada. Por tanto, es obvio que el peligro potencial existe.

No obstante, como diría Giovanni Sartori, hay que distinguir entre la máquina y los maquinistas. Los maquinistas somos nosotros, los ciudadanos, que, para ser sinceros, hemos de reconocer nuestras manifiestas deficiencias. Pero la máquina es buena. Es más, en sí misma, la democracia es la mejor máquina que se ha inventado nunca para permitirnos ser libres y no estar sometidos a la voluntad arbitraria de otros. Construir esa máquina nos ha llevado muchos años, muchos esfuerzos. Intentemos no perderla.

Creo que el Estado democrático de derecho no necesita importantes innovaciones estructurales. Lo que nos tiene que preocupar son los maquinistas. En los años treinta José Ortega y Gasset escribía ‘La rebelión de las masas’, donde habla del «hombre-masa». ¿Quién es ese tipo? Pues y siento decirlo, ese sujeto es un niño malcriado e ingrato que recibe en herencia unos beneficios que quizá no merezca y que, por consiguiente, no aprecia. La cuestión es que el mozalbete mimado es un hombre debilitado, blando. Ortega lo llamaba «invertebrado», sin espina dorsal. Si esto fuera así, que lo es, dado que nos aguardan retos difíciles de afrontar, pregunto: ¿las generaciones venideras de españoles, en buena medida «mimadas», serán capaces de enfrentarse al desafío? Espero que sí, aunque tampoco estoy seguro. En cualquier caso, nos queda el deseo de que las nuevas hornadas de ciudadanos jóvenes nos desmientan.

Será el futuro el que nos diga hasta qué punto son justificados estas aprensiones y recelos. Sin embargo, tengo para mí que, en vista de la experiencia histórica, es necesario refrescar una vieja y nunca obvia lección de teoría política. Me refiero a que, dada la constante propensión del poder a huir de la ley, incluso a veces de forma espectacular y desbocada, si hay algún lujo que jamás podemos permitirnos es renunciar a los elementos de control que en el modelo ideal constitucional configuran la composición de ese Estado de derecho.

Uno de éstos y bien demostrado está con los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo, es el poder judicial que, en última instancia, ha de intervenir para corregir y sancionar las degradaciones ilícitas y hasta delictivas procedentes de los responsables políticos. De ahí se deriva el papel central de la jurisdicción y su independencia como instrumento de garantía de la legalidad del poder y frente a sus eventuales desviaciones. Un control potencial, pero de una enorme fuerza que debe actuar donde los imperativos de legalidad se impongan cuando sea justo y necesario.

En fin. Termino. Lo hago, a modo de conclusión, proclamando a los cuatro vientos que sin democracia, el derecho no sería legítimo; pero sin derecho, la democracia no sería ni real ni efectiva. Por eso, no tiene sentido, no es admisible, apelar a una supuesta democracia por encima del derecho. Y añado que la defensa de la democracia ha de ser al mismo tiempo la defensa del Estado de derecho.

Debo aclarar que estas palabras no son mías. Son del Rey Felipe VI, a quien, cada vez que hablo de derecho y de justicia, me siento impulsado mencionar, entre otras cosas porque es en su nombre como los jueces y magistrados de España administran la justicia. Las he tomado del discurso que Su Majestad pronunció el 20 de febrero de 2019, en el XXVI Congreso Mundial del Derecho, acto en el que recibió el Premio Mundial de la Paz y la Libertad, otorgado por la Asociación Mundial de Juristas, un galardón que, en sus 63 años de historia, y salvo error u omisión, han recibido figuras de relieve como Winston Churchill, René Cassin, Nelson Mandela, Ruth Bader Ginsburg y el Rey.

Y es que, en efecto, sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, desafuero y sinrazón. En definitiva, una quiebra total de los principios morales y cívicos de la sociedad en los que se sustenta un Estado de derecho digno de tal nombre.