Llama mucho la atención que un Gobierno en el que tres jueces ocupan las carteras de Justicia, Defensa e Interior esté acreditando una relación tan poco amistosa con la ley. El Tribunal Constitucional acaba de anular la inclusión en un decreto-ley sobre medidas contra la pandemia de la disposición que incorporaba a la comisión de control del CNI al vicepresidente segundo -entonces Pablo Iglesias- y al director del gabinete de Pedro Sánchez. El mismo tribunal ha declarado la inconstitucionalidad de otro decreto-ley que incorporaba a la Seguridad Social el régimen de clases pasivas -pensiones de los funcionarios del Estado- por el hecho de que tal operación no acreditaba la extraordinaria y urgente necesidad que justifica el recurso al decreto. Incluso si se descuenta la necesidad de legislación urgente acuciada por la pandemia, el apego de este Gobierno al decreto-ley supera todos los precedentes con una marca de 89 de estos instrumentos promulgados desde junio de 2018. Antes de que el covid exigiera la adopción de medidas legislativas urgentes, el Ejecutivo ya venía con una querencia innata a eludir al Parlamento en el procedimiento legislativo ordinario.

En este periodo en el que Gobierno se ha visto libre de las restricciones económicas y financieras habituales en cuanto a deuda, déficit o ayudas, parece que ha querido aplicar la misma exención al curso normal de las leyes atribuyéndose una habilitación casi omnímoda para legislar. Lo grave es que no se trata sólo del gusto por el decreto. La obscena pretensión de cambiar las mayorías para la elección del Consejo General del Poder Judicial de modo que el Gobierno con su sola mayoría pudiera ocuparlo, la exhibición de arbitrariedad y autoritarismo en ceses sonados como el de coronel Pérez de los Cobos o el desprecio a las normas y al sentido común en decisiones como el supuesto rescate millonario de una compañía aérea prácticamente inexistente constituyen algo más que borrones en su actuación. Los informes y consultas que están previstos precisamente para garantizar la calidad de la legislación o de las decisiones más relevantes o son eludidos o son sistemáticamente ignorados.

Si semejantes excesos en el ejercicio de la potestad gubernamental se sitúan junto al reconocido déficit de transparencia, la huida del control parlamentario en un estado de alarma de nada menos que seis meses y la precarización de garantías constitucionales atribuyendo a las comunidades autónomas competencias que no tienen para decretar restricciones generales, llevan a una preocupante conclusión sobre el retroceso que, con la excusa de la pandemia, se ha producido en las prácticas democráticas y en las exigencias del Estado de Derecho.

Es urgente que la vida institucional vuelva a la normalidad; que la pandemia deje ser la excusa para mantener una excepcionalidad injustificada en la forma en que el Gobierno utiliza sus poderes. Y es hora también de que el Parlamento recupere del papel, más bien pobre, que ha tenido en estos meses.

Esa recuperación de la normalidad tiene que incluir necesariamente a aquellas instituciones encargadas de remediar los excesos cuando se producen, muy especialmente el Tribunal Constitucional. La inclusión de Pablo Iglesias e Iván Redondo en el órgano de control del CNI se produce en un decreto-ley de marzo del año pasado. ¿Ha sido necesario que transcurra mas de un año para que el tribunal falle al respecto? Es muy difícil de entender que, habiendo tenido la oportunidad de pronunciarse sobre las condiciones, limites y exigencias del estado de alarma, el Constitucional no lo haya hecho y carezcamos de una doctrina segura en esta situación que ha producido un impacto constitucional sin precedentes. Ahora es posible que el Supremo, cuando tenga que decidir sobre la legitimidad de las restricciones que algunas comunidades quieren mantener, refiera el asunto Constitucional. Esa opción tiene toda la lógica, pero de nuevo prolongará la incertidumbre.

Hay que salir del actual estado de inseguridad jurídica y confusión provocado por un Gobierno que con los mismos argumentos o lo ocupa todo -incluida la función legislativa- o se inhibe, como ha hecho tras el fin del estado de alarma. El Estado de Derecho es garantía y es certeza. Y frente a un Gobierno que demuestra tan escaso apego a ambas, a los tribunales corresponde proporcionarlas.