EL MUNDO – 18/02/16 – EDITORIAL
· La formación de gobierno en Cataluña alrededor del bloque independentista, aunque fuera con más grietas de las esperadas y con un presidente sorpresa, presagiaba la continuación de la escalada en el enfrentamiento institucional entre el Gobierno central y la Generalitat. En este contexto, la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso presentado por el Gobierno contra la Conselleria de Exteriores supone un paso más de las instituciones del Estado para hacer frente al desafío soberanista.
Puede que el Gobierno esté en funciones, pero no el Estado de Derecho. La decisión del TC, que se traduce en la suspensión cautelar de la consejería de la que es titular Raül Romeva, se une al inicio de los trámites que desembocarían en la anulación de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, creada por el Parlament; y al reproche de los letrados de la Cámara catalana a la tramitación de las leyes de «desconexión» del Estado. Este zafarrancho jurídico es consecuencia directa de la irresponsabilidad de las fuerzas secesionistas, cuya fijación estriba en situar a Cataluña en un marco político fuera de la legalidad.
Carles Puigdemont, en una nueva demostración de su imprudencia, dejó claro ayer que la Generalitat no respetará la suspensión de Exteriores decidida por el TC. Es evidente que de un presidente que no dudó en obviar la Constitución en su toma de posesión, cabe aguardar poca o ninguna obediencia hacia el tribunal encargado de interpretar la Carta Magna. Sin embargo, de un cargo institucional de esta relevancia sí se espera algo más que la reacción pueril que ayer exhibió. «Gracias TC, contigo empezó todo», aseguró Puigdemont, parafresando irónicamente al jugador del Barça Gerard Piqué. Sus palabras dan la medida del escenario de frivolidad en el que ha encallado Cataluña fruto de la deriva impulsada por Junts pel Sí, una argamasa política secesionista, a izquierda y derecha, que necesita de dos elementos básicos para mantener la apariencia de cohesión interna: el victimismo y el reto permanente a las instituciones estatales.
Éste fue el motivo que llevó a Puigdemont, preso de las servidumbres de CDC a Esquerra y la CUP, a articular ese departamento de Asuntos Exteriores. Su mera creación rebasa el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas que consagra el artículo 149 de la Constitución. La consejería de Romeva se atribuye funciones en política internacional, que exceden completamente una acción en el exterior orientada a promover exportaciones, agilizar inversiones o incentivar el turismo, tal como hacen el resto de Gobiernos autonómicos. Por eso resulta inadmisible que Francesc Homs, portavoz parlamentario del partido de Mas y Puigdemont, invoque el derecho del Govern a ejercer su actividad en el extranjero, «tal como hacen otras comunidades».
Esta afirmación no se corresponde con la verdad. Ningún otro Ejecutivo autonómico ha abierto embajadas de alto voltaje político, como las promovidas por la Generalitat. Y ninguna otra asamblea regional ha promovido una Ley de Acción Exterior con el contenido de la aprobada en el Parlament. Esta norma, junto al título dedicado a la acción exterior en el Estatut, le sirve de parapeto a Puigdemont para reclamar plena soberanía en una materia que la Carta Magna reserva en exclusiva al Estado.
Esto explica que el propio presidente catalán, en un acto reciente ante los cónsules en Barcelona, advirtiera de que Cataluña «es un país que está caminando hacia su independencia». Puigdemont bordea el ridículo queriéndose presentar como una especie de primer ministro de Cataluña en lugar de hacerlo como lo que es: la máxima autoridad del Estado español en esta comunidad. El mismo ridículo, y la misma osadía, que la acreditada por Romeva al rubricar varios escritos internacionales en calidad de «ministro de Asuntos Exteriores» de Cataluña.
Puigdemont, suave en los ademanes pero igual de obstinado que Mas, afirmó que el PP «se irá del Gobierno de la misma manera que entró: con recursos al TC contra Cataluña». En realidad, es la Generalitat la que se ha empecinado en judicializar constantemente la vida política. Y prueba de la maraña legal tejida es que han sido los propios servicios jurídicos del Parlament los que han sugerido a Junts pel Sí y a la CUP replantear la vía para tramitar las tres leyes de la hoja de ruta soberanista: Seguridad Social, Agencia Tributaria y Transitoriedad Jurídica.
Los letrados de la Cámara catalana, en un informe no vinculante, señalan que si estas normas se cursan mediante ponencias conjuntas y sin apoyo del resto de grupos podría considerarse un «acto arbitrario». Tal advertencia constituye un serio aviso de la gravedad que supone saltarse las leyes. Y esta vez Puigdemont no puede aducir que proviene de los pérfidos tribunales españoles.
EL MUNDO – 18/02/16 – EDITORIAL