El Estado desparramado

· Por el protocolo parecía una cumbre europea, pero el modelo autonómico español es algo aún más complicado

Atenor del ritual protocolario y los formulismos simbólicos, cualquier viandante que circulase ayer por la plaza de la Marina podría haber supuesto que se celebraba allí una cumbre europea. En realidad, se trataba de algo mucho más complicado: la reunión de los presidentes de las autonomías españolas. Tan complicado que ni siquiera es posible agruparlos a todos porque hay dos que se consideran por encima del resto, lo que al menos no sucede en las sesiones de la UE. Para que los gobernantes de Murcia o de La Rioja se puedan encontrar con los de Extremadura o Galicia es menester que los convoquen el Rey y el presidente del Gobierno bajo una solemne etiqueta de entarimados, banderas y demás parafernalia. Cuando se juntaban los representantes de ultramar no parecía tan aparatoso el concepto de las Españas.

La Conferencia de Presidentes no ha cambiado de agenda desde 2004: la financiación de un sistema de bienestar que entonces contaba con muchos más recursos, pero que no ha dejado de gastarlos. En pleno siglo XXI, las regiones españolas siguen discutiendo sobre la unidad de mercado y la armonía fiscal como si formasen parte de una confederación de naciones. Algunas de esas instituciones no tienen más estructura ni territorio que ciertas diputaciones provinciales, pero el aparato de poder que rodea a sus dirigentes los asemeja a pequeños jefes de Estado. La negociación de los mecanismos de reparto interno es más compleja y menos eficaz que la de los presupuestos comunitarios. Y en general, tanto por el boato oficial como por el tono de los discursos, el cónclave autonómico deja la sensación de que el modelo vive una crisis de hipertrofia política y administrativa que se nos ha ido de las manos.

La propia Conferencia es en sí misma un testimonio del desparrame: carece de encaje en la Constitución y sus conclusiones deberían articularse a través del Senado, que es donde fisicamente se celebra, pero queda al margen de los contenidos tratados. Los españoles carecemos de una tarjeta sanitaria única y de un banco de datos centralizado sobre los beneficios sociales que recibe cada ciudadano; el sistema informático judicial sigue teniendo lagunas de acoplamiento y existen incluso diferencias territoriales sobre los reglamentos funerarios. La única base eficiente de control es la de la Agencia Tributaria, que no por casualidad es un organismo centralizado. Todo ello sin contar con que hay dos comunidades autoexcluidas, por un capricho mitológico, de cualquier planteamiento solidario. En estas condiciones, lo milagroso es que el sistema asistencial y de servicios funcione con razonable estabilidad y no haya todavía colapsado. Tal vez en alguna próxima junta de virreyes cualquiera de ellos acabe haciéndose la famosa pregunta de Vargas Llosa, la de cuándo se jodió el Perú y tal. Y es probable que entonces, Zavalita, a nadie le importe ya averiguarlo.