EL MUNDO 18/05/13
· Wert lo presenta como una fórmula transitoria hasta que la Generalitat «garantice la escolarización en castellano»
· La consellera Rigau tacha de «predemocrática» la ley al abrir «una herida enorme en el autogobierno» catalán
Después de darle muchas vueltas, y de tratar en vano de llegar a un acuerdo con la Generalitat catalana, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha concretado la fórmula para garantizar el derecho de los padres a elegir la lengua de aprendizaje de sus hijos. El Estado adelantará el dinero de colegios privados que enseñen en castellano a las familias que quieren recibir una enseñanza en esta lengua y no hayan encontrado un solo centro público cercano a su domicilio de estas características. Posteriormente, el Ejecutivo le descontará el coste al Gobierno catalán de su financiación autonómica.
Hasta ahora, la solución que había pensado el departamento de Wert es que las familias que quisieran clases en castellano matricularan a sus hijos en colegios privados –hay un puñado de centros de élite en Cataluña que ofrecen educación trilingüe en catalán, español y lengua extranjera– y después le pasaran la factura a la Generalitat. Como en el fondo reconocían que era «difícil» que Artur Mas se prestara a pagar, han concluido que será más efectivo que se le detraiga ese coste de las transferencias presupuestarias.
En el Ministerio de Educación confían en que esta medida será lo suficientemente coercitiva como para que el Govern ponga algún colegio en el que el castellano sea también lengua vehicular. Tras aprobarse ayer en Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), Wert recalcó que «éste será un mecanismo excepcional y transitorio», que se hará «innecesario en cuanto la Administración autonómica garantice la posibilidad de la escolarización en castellano».
¿Y si Mas se niega? En el Ministerio han hecho cálculos y estiman que se le podrían llegar a descontar hasta cinco millones de euros anuales, el resultado de multiplicar la matrícula de uno de esos centros privados de élite (5.000 euros al año) por los 1.000 alumnos que Convivencia Cívica Catalana asegura que quieren estudiar en castellano en esta región.
La Generalitat sostiene que son apenas 17 familias (en ese caso tendría que pagar sólo 85.000 euros al año), pero no es descartable que se produzca un efecto llamada en cursos posteriores. Ante esta posibilidad, Wert se encogió ayer de hombros: «No puedo hacer hipótesis sobre eso».
El mensaje de advertencia está claro y, salvo en este mecanismo concreto, la parte de la Lomce relativa a las lenguas cooficiales queda igual, en línea con lo que ya ha fijado el Tribunal Constitucional.
Consejo de Estado
El Gobierno no hace caso, sin embargo, a la recomendación del Consejo de Estado, que le demandaba que eliminara lo de los colegios privados en español por las «dificultades técnico-jurídicas» que podría llevar su aplicación y porque consideraba que afectaba «al ámbito de decisión de las comunidades autónomas». Wert también desoye al PP catalán, que pedía que el Gobierno pagara, pero sin pasarle luego la factura a la Generalitat.
¿Y qué tendrán que hacer las familias que quieran castellano? Deberán acudir a la Consejería, y si ésta no les da una respuesta satisfactoria, como es previsible, podrán llamar a la puerta de la Alta Inspección del Estado, que tendrá «un papel mayor» a partir de ahora, según fuentes del Ministerio. Este organismo deberá investigar si hay o no oferta pública o concertada en castellano. No bastará con que haya un solo centro para toda Cataluña, sino que tendrá que estar relativamente cerca del domicilio de los solicitantes. «Ya entraremos en detalles sobre a cuántos kilómetros debe encontrarse la oferta», dijeron las mismas fuentes.
En cualquier caso, si la Alta Inspección ve que no hay centros en castellano, le pedirá al Govern que haga sus alegaciones correspondientes. Y si concluye que no se está atendiendo a los padres, dará el visto bueno para que el Estado adelante el dinero y luego se lo descuente al Ejecutivo autonómico.
La medida se pondrá en marcha previsiblemente en el curso 2014/2015, como la ley.