El ministro de Hacienda, sea el que sea, es la persona que más sabe de nuestras vidas. So pretexto de vigilar el fraude, la Agencia Tributaria examina nuestros movimientos bancarios con meticulosidad exhaustiva y puede trazar con ellos una completa radiografía íntima de las costumbres, aficiones o necesidades de cada contribuyente y su familia. De ahí que sus responsables despierten poca simpatía, aunque a muchos les guste la sensación de poder que produce esa posición de superioridad tan temida. Cristóbal Montoro no ha sido ni será el único que ha utilizado su cargo como herramienta de presión política, pero sí hasta ahora el que lo ha hecho de una manera más desaprensiva. Filtró información privada, amenazó o persiguió a adversarios, compañeros de partido –a Rodrigo Rato lo mandó detener con un innecesario y humillante despliegue de policía– o profesionales de la comunicación que le proferían críticas, e intimidó con inspecciones selectivas, de intención ejemplarizante, a individuos famosos como actores o deportistas. Y todo eso después de decretar una subida lineal de impuestos que rebasaba de largo a la propuesta en el programa de Izquierda Unida y que en plena recesión dejó a las clases medias al borde de la asfixia. Es natural, pues, que ni siquiera en su bando se hayan oído lamentos por su imputación judicial, aunque la investigación esté lejos todavía de probar la existencia de actividades ilícitas.

Más allá de su caso particular, agravado por la posibilidad verosímil de un tráfico de influencias y contactos, el problema de fondo es el de un Estado fiscal cuya voracidad crece año tras año. El avasallamiento recaudatorio desincentiva el esfuerzo laboral y productivo de los ciudadanos sin aumentar la calidad de los servicios que se supone deberían recibir a cambio del sablazo. Los españoles viven bajo un orden impositivo cargado de figuras exactivas cada vez más numerosas que gravan todos los ámbitos de su quehacer cotidiano, mientras observan cómo la AEAT es el único mecanismo eficaz en el hipertrofiado aparato de un organigrama burocrático caracterizado por el clientelismo y el despilfarro a costa de sus forzosos paganos. En este marco, que los gobiernos de derecha apenas alteran con retoques muy escasos, el sanchismo no sólo incrementa cada vez más el sacrificio sino que pretende acabar con el único aspecto igualitario del sistema estableciendo un modelo de reparto territorial descompensado donde los habitantes de las regiones más ricas recibirán mejor trato. Peor aún: el reconocimiento de una especie de derecho de autodeterminación tributaria en Cataluña entregará al nacionalismo un instrumento político decisivo para la construcción de una estructura de poder soberano. Y los abusos de Montoro se volverán un juego infantil cuando los separatistas tengan en sus manos esa formidable maquinaria de hostigamiento arbitrario.