Amaia Fano-El Correo

La izquierda española tiene su propia versión del pecado original, que no es el de Adán y Eva condenados a abandonar el paraíso por entregarse al fornicio, sino el de haber nacido en «cuna de oro». Una culpa que no se contrae por lo que uno hace, sino por lo que hicieron sus padres y sus abuelos, y de la que no parece haber redención posible, salvo que el Estado intervenga para poner las cosas en su sitio, quedándose con una parte sustancial de aquello que una familia ha conseguido reunir en varias generaciones.

El Frente Amplio de Ada Colau acaba de poner cifras a esa vieja aspiración confiscatoria diciendo que, con ellos en el gobierno, ningún español podrá heredar más de diez millones de euros y que todo lo que exceda esa cantidad tributará a un tipo marginal del 100 % en el impuesto de sucesiones. O sea, que Hacienda se quedaría con ello.

El por qué son diez millones y no cien o veinte no está claro, pero escuchando las soflamas de sus líderes uno puede hacerse una idea de cuál es el fin que persigue la izquierda al fijar tal cantidad como límite a heredar y establecer además un tipo del 75% para el tramo inmediatamente inferior, entre cinco y diez millones; y del 50% entre los 800.000 euros y los cinco millones.

El «Tax the Rich» se ha convertido en una de sus grandes banderas electorales y, a este paso, el umbral de lo que se considera riqueza acabará alcanzando a una parte de la clase media constituida por los hijos de algunos pequeños y medianos empresarios.

El ministro Bustinduy se preguntaba ¿qué mérito tiene nacer siendo rico?, sin considerar el de quienes consiguieron levantar ese legado después de años de trabajo, esfuerzo y sacrificio, ni que el patrimonio que se transmite pudiera proceder en muchos casos de rentas, beneficios empresariales o inversiones que ya han tributado anteriormente.

Naturalmente que nacer en una familia acomodada proporciona ventajas. Sería ingenuo negarlo. Como lo sería sostener que todas las grandes fortunas tienen un origen ejemplar. El fraude, la corrupción y los privilegios obtenidos al amparo del poder (también del poder político) deben ser perseguidos con todo el peso de la ley. Pero privar a sus legítimos herederos de un patrimonio conseguido honradamente dista mucho de ser justicia social. Responde más bien a una simplificación ideológica que apela a una visión decimonónica de la lucha de clases.

Abrazado al populismo, Pedro Sánchez ha incorporado también a sus mítines la exigencia de que los más ricos paguen más, cosa que se supone que ya deberían estar haciendo siendo, como es, el sistema tributario español de carácter progresivo. Pero resulta más fácil convertir el concepto de riqueza en algo que políticamente debe estar bajo sospecha que gestionar con eficacia un sistema de redistribución que sirva para lo que se creó: corregir desigualdades y financiar adecuadamente los servicios públicos, garantizando el cumplimiento de las obligaciones fiscales del gran capital.

Craso error. Una sociedad próspera no debería aspirar a que el Estado sea el heredero universal de la riqueza que se genera, sino a que cada vez se genere más riqueza a repartir y a que más familias tengan un patrimonio que legar a sus descendientes para procurarles un nivel de vida mejor.