EL MUNDO 16/03/14
ÁNGELES ESCRIVÁ
Menos mal que están. Me refiero a organizaciones como Covite o Dignidad y Justicia, que luchan sin desmayo por lo que consideran justo prácticamente en solitario. Ellos fueron los protagonistas ayer, aunque esta consideración debería hacerse extensiva a la AVT y también a algunas víctimas que, con sus medios, intentan que no prescriban los procedimientos judiciales en los que, por ejemplo, consta que sus padres fueron asesinados pero sin saber cómo se gestó su muerte ni por quién.
El viernes, Daniel Portero, el hijo del fiscal asesinado, le preguntó al juez Ruz si el acto que iba a producirse en Alsasua, y de cuya convocatoria se tenía noticia al menos desde el sábado anterior, podía ser constitutivo de delito. El juez preguntó a las Fuerzas de Seguridad, que entregaron sus informes antes de las 9 horas, y el magistrado remitió la decisión a las 12.37 horas. Efectivamente, todo muy escaso de tiempo, independientemente de cuál fuera la decisión final. Se preguntarán por qué Portero apuró para poner la denuncia. Han de saber que le cuesta dinero cada vez que emprende una acción judicial y que no siempre tiene la información que necesita a tiempo.
Consuelo Ordóñez, calmada y corajuda, desafió a su vez a quienes siempre han justificado el asesinato de su hermano y les pidió explicaciones. ¿No están por la paz? ¿No son los nuevos pacifistas? Pues que ayuden a esclarecer los crímenes de los que ellos tienen información, les vino a decir. Fue un modo de dejarles en su sitio, de desenmascararles, si es que hiciera falta a estas alturas, y también fue una forma de denuncia. Los etarras que van a volver en las próximas semanas pueden hacerlo porque el Estado ha puesto medios para que comprueben si tienen o no causas pendientes. Covite asegura que lleva meses pidiendo esos mismos datos al Estado, al Gobierno. Si se sabe de qué juicios se han librado, coligen, se podrá saber quiénes fueron sus víctimas y, quizás pudieran esclarecerse algunos crímenes. Del mismo modo que podrían esclarecerse otros si a los presos acogidos a la vía Nanclares se les hicieran preguntas que no se les han hecho. Quizás. En cualquier caso, esas cosas no deberían ser asumidas por las víctimas, son problemas que el Estado debiera estar resolviendo por ellas; entre otras cosas, porque el verdadero objetivo de ETA siempre fue el Estado, no las víctimas.
Respecto al acto que anuncia el regreso de los huidos sin causas pendientes, es decir, que no habían vuelto ya porque ETA no les dejaba, se puede ver por la parte del vaso medio lleno como la constatación de que la banda asume su fin sin remedio y ha tenido que dejarles regresar antes de ver sus objetivos cumplidos. Algo que jamás hubieran querido. Y es cierto. Pero también importa cómo se haga: de forma subordinada a la banda, con la pretensión por parte de ETA de utilizarlos como propaganda política, apelando a una «victoria sin perdedores» y al acto de Biarritz. Allí dijeron que ellos eran víctimas, que lo que habían hecho no eran asesinatos sino otra cosa y que, por tanto, el Estado «represor» les perseguía de forma injusta y que no se avergüenzan de lo que han sido. Es extremadamente difícil entender por qué actos así, que aspiran a establecer ese relato de lo ocurrido y establecen esas justificaciones, se pueden celebrar.