Se comprende. Fuenteovejuna funcionó más o menos bien en su momento porque fue el pueblo el que preguntado por la muerte del Comendador respondió: «Fuentovejuna, señor». Pero aquí no se ha producido un grito semejante. El número de fuenteovejunos que acosaron ayer el juicio fue francamente decepcionante incluso para mí. Más parece, así, que en vez de asumir el pueblo los presuntos crímenes del señor, sea el señor el que se los endose. No es bonito. Por eso, al final de su declaración y después de que interviniera el presidente del tribunal, Mas dijo en sala judicial, y no para felicidad de su abogado, lo que ya había dicho otras veces en la calle: que él es el único responsable de todo lo que pasó el 9 de noviembre.
De ahí que la vicepresidenta Ortega estuviera tan acertada. Tan inesperadamente acertada, en cuerpo y alma. Poco antes su abogado le había preguntado con comprensible confianza si era licenciada en alguna cosa, a lo que ella respondió con un poquito de triste timidez que no, no. A mí me sorprendió la pregunta porque la vicepresidenta había dado que hablar en su tiempo al falsear su currículum oficial y dárselas de licenciada en Psicología. Pero creo que la pregunta solo pretendía demostrar que Ortega no tenía competencia para entender los mandatos del Constitucional, que hasta a tal sonrojante grado de no sabe/no contesta se empinó el abogado. Pero lo que son las cosas. Una dama sin estudios y, sin embargo, fue capaz de depositar la estrategia de las defensas en un cenagal escolástico: «El cuerpo fue el alma». ¡O cuerpo o alma, señora, precise!, debió de haberle interrumpido el presidente Barrientos y todos habríamos pasado un momento feliz.
Es discutible la moralidad de desviar a los fuenteovejunos la responsabilidad del 9 de noviembre. Pero lo importante es la relación de esta hipótesis con los hechos. Y esta relación es exactamente la misma que, por ejemplo, tuvieron los voluntarios con los Juegos Olímpicos. Es difícil imaginar un hombre sobrio que dijera que las decenas de miles de voluntarios de Barcelona’92 organizaron los Juegos Olímpicos. Y esto es, exactamente, de lo que pretenden convencer al tribunal los encausados. Un convencimiento, por cierto, que reinó ayer soberano. Mas y el resto se negaron a responder a las preguntas del fiscal, considerando que la institución no tiene fiabilidad jurídica y solo responde a los intereses políticos del Gobierno. El fiscal Emilio Sánchez-Ulled podría haber solicitado hacer las preguntas, con independencia de que los acusados respondieran. Cierto: es una práctica frustrante y latosa; pero habría permitido que el guión de la acusación compensara el de las defensas.
Del relato de los hechos del 9 de noviembre, y de lo que ayer se oyó, se desprende que alguien más creyó, voluntarista, en la cómica hipótesis del voluntariado. Fue el Gobierno del Estado. Una y otra vez los acusados golpearon sobre ese eslabón débil. Es cierto: el Gobierno menospreció, ridiculizó y tachó de simulacro la convocatoria, esto último por la estricta boca de su presidente. No parece de una gran coherencia acabar querellándose contra un simulacro. Y no solo el Gobierno. Algunos de los trámites descritos por las defensas revelan una preocupante falta de énfasis en las comunicaciones entre el Tribunal Constitucional y los acusados. El poder es pompa, y a veces incluso pompa fúnebre, y no parece que un email convencional o un certificado leve sean el modo más adecuado de advertir a un presidente de su peligrosa desobediencia anticonstitucional. Es dudoso, asimismo, que la Fiscalía barcelonesa incorpore aquel noviembre al calendario de sus momentos heroicos. Nadie, nadie, en España creyó que Mas llevaría tan lejos su desafío. Y eso ha sido decisivo para que Mas lo haya llevado hasta el inquietante punto en que el desafío está.