EDITORIAL EL MUNDO – 28/07/16
· El Parlamento de Cataluña aprobó ayer, con los votos de Junts pel Sí y la CUP, las conclusiones del llamado «proceso constituyente», que abren una vía unilateral a la independencia. La mayoría independentista utilizó un ardid legal para burlar la advertencia formulada por el TC, que expresamente había instado a la Cámara catalana a no debatir esta cuestión y a su presidenta, a impedirlo por todos los medios a su alcance. Ni una cosa ni la otra fue respetada. Por tanto, lo ocurrido ayer puede calificarse de un flagrante desacato a los tribunales españoles. La respuesta del Estado debe ser ajustada a las normas, pero con una contundencia proporcional al calibre del desafío que plantean las instituciones catalanas.
Justo al término de la sesión de control al presidente de la Generalitat, el portavoz de Junts pel Sí, Jordi Turull, pidió la palabra para pedir que se ampliara el orden del día, una solicitud que inmediatamente recibió el apoyo de la portavoz de la CUP. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se limitó a preguntar a ambos si eran «conscientes» del auto del TC que llamaba a la Cámara catalana a no elevar al pleno las conclusiones que avalan la secesión. «De lo que somos conscientes es del mandato democrático del 27 de septiembre», respondió Turull en alusión al resultado de las últimas elecciones autonómicas. De esta forma, los grupos independentistas, gracias a la complicidad de Forcadell, evitaron incorporar al orden del día la votación del proceso constituyente.
Es evidente que la maniobra está dirigida a sortear las actuaciones posteriores del TC. Sin embargo, supone una burla inadmisible al conjunto de los ciudadanos españoles. Ningún grupo político tiene derecho a situar al Parlament fuera de la legalidad, máxime si quien contribuye a ello es su propia presidenta. Forcadell, le guste o no, es una autoridad del Estado en la medida que ejerce la máxima representación en un Parlamento autonómico constituido en virtud de la Carta Magna. Permitir una votación que exhorta a desbordar el marco constitucional supone una felonía sin precedentes en la democracia española.
El Gobierno garantizó ayer que defenderá el orden constitucional y la propia vicepresidenta avanzó una actuación en tres frentes: la unidad política –Rajoy llamó ayer a Sánchez, Rivera e Iglesias–; la defensa del Estado de Derecho y la aplicación de los pertinentes mecanismos jurídicos. El Ejecutivo recurrirá al TC y ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que actúe ya. Ciertamente, el desacato del Parlament incumple la sentencia que el TC dictó en diciembre de 2015. De ello deben responder la presidenta de la Cámara, que podría ser suspendida de sus funciones, y el resto de miembros de la Mesa que apoyaron la votación. Pero también los portavoces de Junts pel Sí y la CUP, que fueron los promotores de una votación abiertamente incompatible con el marco constitucional.
Puigdemont desveló que se someterá el 28 de septiembre a la anunciada moción de confianza. Los movimientos del Partit Demòcrata Català (PDC) –heredero de la extinta Convergència– y de ERC están tácticamente orientados a ganarse el respaldo de la CUP en una votación crucial para no hacer descarrilar el Govern del sucesor de Artur Mas. Pero, en todo caso, la formación anticapitalista ya ha dejado claro que la única vía que contempla es la desobediencia y que mantiene la exigencia de celebrar un referéndum unilateral de independencia el primer semestre de 2017.
Precisamente, la gravedad del pulso que las instituciones catalanas mantienen con el Estado hace aún más lacerante la hipocresía del PDC, que ayer no tuvo reparos en apoyar la vulneración de la ley mientras pedía disponer de un grupo propio en la Cámara Baja. Convergència no alcanzó el 15% necesario en todas las circunscripciones en las que se presentó el 26-J. La Mesa del Congreso dejó en suspenso el grupo de Convergència aduciendo dudas sobre su nombre y sus porcentajes de voto, lo que da la impresión de ser un subterfugio para dilatar la decisión. Lo grave en este caso no es la aplicación estricta o flexible del reglamento, sino la connivencia que pueda mostrarse con un partido nítidamente separatista y desleal.
Es impresentable defender la desobediencia desde las instituciones y, al mismo tiempo, exigir un trato privilegiado en el Congreso apelando, para más inri, a una sentencia del TC. La mayoría del Congreso aún está a tiempo de dejar claro que defender la unidad de España es una cuestión de principios que no puede estar sujeta a los enjuagues parlamentarios.
EDITORIAL EL MUNDO – 28/07/16