El Estado que preparan

La Agencia Tributaria de Cataluña es un organismo que ya existe. Se creó hace seis años y se dedica a liquidar, gestionar, inspeccionar y recaudar tributos propios de (y cedidos a) la Generalidad. A saber: impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuesto sobre sucesiones y donaciones, tributos sobre el juego, impuesto sobre grandes establecimientos comerciales y gravamen de protección civil. Punto.

Hasta ahí lo real. Y ahora vamos a las ilusiones nacionalistas. La formación de Artur Mas se presentó a las últimas elecciones catalanas con un programa que prometía crear (o avanzar en la creación de) un montón de estructuras de Estado. Solo por ese anuncio ya se ve que todo el asunto de la consulta es una mandanga, toda vez que nadie ha creído nunca, nadie ha afirmado nunca, y nadie va a materializar nunca la disolución de tales estructuras de Estado –que anticipan la Cataluña independiente– en el caso de que los secesionistas perdieran. Cierto es que la consulta tiene más trampa que la ruleta de Casablanca, y que por mucho que los llamados soberanistas sostengan que el derecho de autodeterminación asiste a Cataluña, ninguna voluntad existe de plantear al menos su consulta ilegal en los correctos términos de su propia ilegalidad. Esto es: ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente? ¿Sí o no? Nada de nada. Su consulta –la que no se celebrará– empieza preguntándote si deseas que Cataluña sea un Estado, y solo en el caso de que respondas afirmativamente puedes seguir expresando tus preferencias sobre si ese Estado debe ser independiente, u otra cosa. Un estado de ánimo, por ejemplo.

Mientras parece que llega la pregunta en árbol, Artur Mas va erigiendo, aun tieso, sus prometidas estructuras de Estado (que lo son, claro, de Estado plenamente soberano). Ahí se inscribe una Seguridad Social catalana, una Banca Pública catalana y una Hacienda catalana, que es a lo que íbamos: algo completamente diferente a la Agencia Tributaria citada supra, con intención de meterle 700 millones del ala y varios millares de funcionarios afines. ¿Con qué competencias? No se sabe, como no sean las derivadas de una sedición exitosa. El mamotreto, para marcar distancias y paquete, se llamará Hacienda Nacional Catalana. CiU, a la mínima, le endiña los adjetivos «nacional» y «catalán» a todo lo que se mueve.

Por ilustrar al público desinteresado de lo nacional catalán –yo mismo– me he tomado la molestia de recoger algunas otras estructuras de Estado previstas por CiU (sí, sí, con U de Unió también, para que luego se vaya poniendo Duran remolón): las relaciones exteriores, las pensiones y cotizaciones «hasta ahora gestionadas por la Seguridad Social», las competencias que aún mantienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (incluyendo el control de puertos y aeropuertos), federaciones deportivas catalanas, gestión de las aguas interiores de Cataluña «con independencia de la cuenca hidrográfica de la que formen parte», la política agraria comunitaria entera, la titularidad y gestión de aeropuertos, puertos, redes viarias y ferroviarias. En eso están.

Una Hacienda nacional catalana garantizará el acoso al disidente y la impunidad fiscal de la casta nacionalista. Una Justicia nacional catalana jamás habría sentado a Millet en el banquillo, ni habría embargado la sede de Convergència; eso sí, perseguiría al discrepante (ya lo hace ahora con periodistas, imagínense si el Tribunal Supremo Nacional Catalán saliera de los treinta y tres jueces separatistas). En el diario ElPaís firmó ayer un artículo contra Ciudadanos el presidente del Consejo Rector del Centro de Estudios de Opinión, órgano supuestamente imparcial de la Generalidad. En una Cataluña independiente, Ciudadanos estaría simplemente prohibido.