EL CORREO 14/08/13
· La mayoría tiene que ver con la bandera española, los presos de ETA y la negativa a colaborar con la Administración central.
La Abogacía del Estado, a petición de la Delegación del Gobierno que representa Carlos Urquijo, ha presentado cerca de medio millar de recursos contra iniciativas impulsadas en los ayuntamientos y diputaciones vascas. La gran mayoría, contra decisiones de las instituciones gobernadas por Bildu, aunque un puñado tienen que ver con órganos dirigidos por el PNV.
En total, según datos oficiales, desde enero de 2012, cuando se produjo la toma de posesión del actual delegado del Ejecutivo central, se han cursado ante los tribunales de justicia un total de 467 procedimientos, entre los que figuran los que afectan a la designación del pregonero de las fiestas de Llodio y de la txupinera de la Aste Nagusia de Bilbao. Más de la mitad de las actuaciones se han localizado en Gipuzkoa, territorio gobernado por la izquierda abertzale.
El principal motivo de conflicto ha tenido que ver en este año y medio con la ley de banderas y la obligatoriedad de que los ayuntamientos coloquen en la fachada la enseña española. La negativa a izarla de buena parte de los consistorios gobernados por Bildu ha motivado un total de 160 recursos, la mitad contra localidades guipuzcoanas. Entre ellos figuran, por ejemplo, la impugnación contra la decisión de corporaciones como la de Bergara que optaron por disimular la bandera española junto a varias decenas más de enseñas, tantas como países estaban representados en el censo local. Los tribunales dieron la razón a la Abogacía del Estado y obligaron a poner la española en un lugar preferente del edificio consistorial.
La presión de la Delegación del Gobierno sobre la izquierda abertzale ha marcado el mandato de Carlos Urquijo, que en una entrevista publicada por este periódico defendía recientemente su labor porque, en su opinión, las marcas electorales como Bildu y Sortu han «cruzado las líneas rojas» como «franquicias de la ilegalizada Batasuna». Un control que ha llevado a la Abogacía del Estado a impulsar procesos contra dirigentes de esas formaciones como Laura Mintegi, portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, o Hasier Arraiz, presidente de Sortu y también parlamentario.
Los gestos relacionados con los presos de la banda han provocado también una importante cantidad de recursos. Por la colocación de pancartas de apoyo a los reclusos se han impulsado un total de 62 procedimientos, a los que hay que sumar otros 17 relacionados con la aprobación de subvenciones o ayudas para los internos o sus familiares.
Significativa es también la negativa de los ayuntamientos gobernados por Bildu de remitir a la Delegación del Gobierno un «extracto comprensivo de los actos y acuerdos» que toman en los plenos, además de contestar a toda solicitud de información que se les requiera. Los alcaldes y los secretarios de esas corporaciones deben cumplir de forma continua con esa labor a la que, según fuentes oficiales, se niegan por entender que la Administración central no debe controlar su trabajo. La Abogacía del Estado ha presentado 152 recursos, en este sentido. Por territorios, en Bizkaia y Gipuzkoa se han registrado 70 conflictos de este tipo por doce tan solo en Álava.
Concentración por Artola
Entre esta relación de procedimientos figura el cursado contra la designación de Jone Artola como txupinera de la Aste Nagusia de Bilbao. La Delegación del Gobierno impugnó su nombramiento por haber figurado en listas electorales de EH y ANV ilegalizadas y por considerar que su papel relevante en los festejos supone una ofensa a las víctimas del terrorismo.
Un juzgado de Bilbao ha suspendido de forma cautelar esta decisión, a la espera de estudiar las alegaciones que el Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak –impulsora de las fiestas– presentaron ayer. El mismo juzgado debe decidir, antes del sábado, si mantiene la suspensión cautelar de esa designación –lo que impediría de facto a Artola lanzar el txupin– o si cambia de criterio y da el visto bueno al nombramiento.
La disputa de urgencia en los tribunales ha levantado una tremenda polvareda en la capital vizcaína. Las comparsas organizaron ayer una concentración de apoyo a la txupinera, en la que se cargó con dureza contra el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo. Jone Artola estuvo acompañada por miembros de la asociación de familiares de presos Etxerat, de la que es miembro, y por significados representantes de la iz-
quierda abertzale como Tasio Erkizia, Jone Goirizelaia y Periko Solabarria. Varios presentes lanzaron gritos contra Urquijo e, incluso, lucieron pegatinas con el lema ‘Señor gobernador, usted es bobo’.
Unas alusiones al delegado del Gobierno que también aparecen en las alegaciones que las comparsas han presentado ante el juzgado. Acusan a Urquijo de tener «una auténtica obsesión» contra «cualquier atisbo de disidencia» y califican de «intolerable que se impida a una persona que goza de la plenitud de sus derechos» lanzar el txupin por el «simple hecho de discrepar ideológicamente de ella».
Sostienen, en este sentido, que Jone Artola es una vecina «sin ninguna condena ni causa judicial pendiente» y aseguran que la Abogacía del Estado ha confundido a esta mujer con Jon Artola, detenido en México hace años por su relación con ETA. También critican que el recurso se haya efectuado la semana pasada, cuando el nombramiento de la txupinera se hizo público a comienzos de julio.
No sólo las comparsas cargaron contra el delegado del Gobierno. El secretario de Relaciones Institucionales del PNV, Koldo Mediavilla, tildó a Urquijo de «pirómano en potencia» por haber impulsado un recurso que genera una «tensión» innecesaria. «No se puede apelar constantemente a la dignidad de las víctimas del terrorismo para, en su nombre, interferir perniciosamente en la convivencia pacífica de la sociedad vasca», censuró el burukide en un artículo de su blog de Internet.
EL CORREO 14/08/13