ABC 19/09/14
EDITORIAL
· El Gobierno tiene la obligación de poner en funcionamiento los mecanismos de defensa del Estado, que ya están previstos en las leyes y en la Constitución y sobre los que no hay que especular
EL Parlamento de Cataluña aprobará hoy, cuando ya se conozca el resultado del referéndum en Escocia, la Ley de Consultas, con la que Artur Mas y sus socios del frente separatista aplicarán el principio de condición autocumplida, pues con esa ley difundirán el mensaje de que el referéndum del 9-N es «legal». Evidentemente, cuando el presidente de la Generalitat se comprometía a celebrar una consulta legal no estaba pensando en la legalidad del Estado español, sino en uno más de los artificios pseudojurídicos que ha ido creando el nacionalismo catalán para darse cobertura y coartada. Dicha ley será ineficaz de forma inmediata, porque el recurso que el Gobierno, después de reunirse en Consejo de Ministros extraordinario, va a presentar ante el Tribunal Constitucional provocará automáticamente, y por mandato de la Constitución, su suspensión cautelar durante cinco meses, como mínimo. Esta vez el TC deberá resolver ese recurso con carácter prioritario, y no tardar los cuatro años que le llevó decidir sobre la impugnación del Estatuto catalán de 2006.
Artur Mas y el nacionalismo saben, desde el primer día de este proceso de enfrentamiento con el Estado, que todas sus resoluciones, convocatorias y leyes con las que quieren barnizar de legalidad la consulta del 9-N iban a tener una vida efímera. Realmente es lo que buscan, porque estos actos legislativos del Parlamento catalán no son más que una burda prefabricación de victimismo. Ahora bien, Artur Mas no ha tenido mayores problemas hasta el momento, pero incumplir una suspensión cautelar –que se extenderá, lógicamente, a la convocatoria que firme el presidente catalán para la consulta del 9-N– pone a quien lo haga en el umbral del Código Penal. Lo que no pueden pretender los nacionalistas catalanes es quebrar las normas esenciales del Estado de Derecho sin que se les pase la factura por las consecuencias.
El Gobierno de Rajoy tiene la obligación de poner en funcionamiento los mecanismos de defensa del Estado, que ya están previstos en las leyes y en la Constitución y sobre los que no hay que especular, ni remitir su ejercicio a la oportunidad política. No hay espacio al diálogo cuando la otra parte está armando el conflicto con la malversación de las competencias que están atribuidas para el interés general. Aun así, los nacionalistas y algunos socialistas se rasgan las vestiduras cuando oyen rumores sobre el Código Penal o del artículo 155 de la Constitución, como si la causa que los provoca –la pretensión de romper la unidad de España– no mereciera, al menos, tener claro que el Estado no se va a dejar golpear sin responder.