La Ley del Referéndum de Autodeterminación presentada –que no respeta ni la propia ley de consultas de la Generalitat– es una vuelta de tuerca más en el pretendido proceso de desconexión que, en opinión de González –que participó junto con Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero en un foro organizado por Vocento–, exige una respuesta rotunda. El ex presidente se refirió al uso de la vía jurídica apelando al Tribunal Constitucional, porque son actos que incitan «a la sedición» y «escapan de la Constitución», y también habló del recurso al artículo 155, «tan constitucional como la estructura autonómica», como vía política para afrontar el desafío.
Con toda la razón, González dijo que es un artículo «afortunadamente ambiguo» y «perfectamente graduable», ya que no habla de retirar la autonomía a una región, sino de que el Gobierno asuma determinadas competencias con el fin de impedir el desvarío ilegal de los independentistas. La escalada se acelera y urgen las respuestas. El catedrático de Derecho Constitucional Jorge de Esteban decía ayer que queda «mes y medio para lograr una negociación que permita que no haya vencedores y vencidos» y se preguntaba: «¿Será posible lograrlo antes de apretar el botón rojo del estado de excepción?»
Tanto por la vía judicial como por la política, el Estado tiene las armas suficientes para afrontar el desafío separatista. Hay que exigir al Gobierno que, apoyado por el resto de partidos constitucionalistas, las use con calma pero con decisión. Ayer, Mariano Rajoy se refería a ello al afirmar que «los delirios radicales y frentistas nunca podrán vencer la serenidad del Estado democrático».
Rajoy pronunció estas palabras en unas jornadas sobre Crecimiento y Competitividad organizadas por la Cámara de Comercio de España. Precisamente la tensión territorial provocada por la Generalitat puede poner en peligro la actividad económica en la propia Cataluña. Barcelona es una de las ciudades candidatas a acoger la sede de la Agencia Europea del Medicamento, que dejará Londres con motivo del Brexit. La decisión se tomará en otoño y la capital catalana reúne todas las condiciones y es la preferida por los empleados del organismo. Sin embargo, la incertidumbre que genera el proceso puede hacer fracasar un proyecto que es muy bueno para Barcelona, Cataluña y España.
El Alto Comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros presentó ayer los datos del último informe del Reputation Institute, que colocan a España en el puesto decimotercero de la clasificación internacional –cuatro por encima del año anterior– como país con mejor imagen en el exterior. El informe calcula el impacto de ese aumento de la reputación en unos 37.224 millones en los últimos cinco años. Por el contrario, Francia, por ser terreno escogido por el terrorismo yihadista, y el Reino Unido, por el Brexit, han perdido posiciones.
Es una irresponsabilidad que Carles Puigdemont y los independentistas estén dispuestos a tirar por la borda el esfuerzo realizado por todos los españoles –entre ellos los catalanes– para defender un proyecto que saben que no tiene posibilidad de ser llevado a la práctica, como manifestó el defenestrado ex conseller de Empresa, Jordi Baiget, al constatar que el rey estaba desnudo.