EL CONFIDENCIAL 19/09/16
· El PNV apuesta por profundizar en la prepoderencia de la lengua vasca en el empleo público, mientras que los cuatro partidos nacionales quieren limitarla en la Administración pública
El rango a dar al euskera, con planteamientos encaminados a excluir a quienes no conocen la lengua vasca por parte del nacionalismo radical, siempre ha sido motivo de disputa en las campañas electorales en Euskadi. Ahora, de cara al 25-S, la confrontación ha subido de tono de la mano del PSE con un vídeo realizado para censurar que el PNV excluye de la Administración pública a las personas que no dominan este idioma. La pieza ironiza sobre la exclusión social que sufre un joven, a quien se le impide la entrada en un bar, un campo de fútbol, unas oficinas, un autobús, una iglesia o hasta un bazar chino por cuestiones lingüísticas, para concluir con la denuncia de que este veto sí se da a nivel institucional. “Lo cierto es que esto de no dejarte entrar por no saber euskera no pasa en ningún sitio de Euskadi, en ningún sitio salvo en uno, la Administración. Una situación injusta que nos comprometemos a eliminar porque creemos que la igualdad de oportunidades debe ser algo muy vasco”, proclama la candidata socialista a lendakari, Idoia Mendia.
El vídeo ha indignado al PNV, su socio de gobierno en las instituciones vascas. A las críticas se ha sumado la exconsejera de Cultura del Gobierno vasco durante el mandato de Patxi López, Blanca Urgell, que lo ha calificado de “despropósito”. La intención de los socialistas con esta iniciativa —que asumen puede resultar “provocadora”— era exponer su propuesta electoral de modificar los perfiles lingüísticos en la Administración vasca para que no haya exclusiones por motivos de la lengua, toda vez que el actual sistema provoca una “discriminación” en el acceso al empleo público.
Pero más allá del contenido del polémico vídeo, lo cierto es que el planteamiento de limitar el peso del euskera en el acceso al empleo público une a Podemos, PSOE, PP y Ciudadanos (C’s). En su programa, los socialistas defienden que el acceso al empleo público debe “reflejar el carácter plural y bilingüe de la sociedad vasca, sin que la cuestión lingüística influya de modo determinante en las opciones personales de los ciudadanos”. Para ello, ven “fundamental” que se “adecuen los perfiles lingüísticos a la cambiante realidad social y a la realidad sociolingüística de cada zona de Euskadi, a fin de alcanzar una mayor eficacia en la salvaguarda de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y para solucionar las disfunciones que se hayan producido en la implantación de los perfiles lingüísticos”.
En concreto, el PSE se ha comprometido a “revisar en qué puestos de trabajo tiene el conocimiento del euskera una necesidad preferente y en cuáles no tiene ninguna prioridad”, implantando en el actual sistema de acreditaciones un perfil lingüístico “mixto o asimétrico”. Es decir, el perfil correspondiente al puesto “no sería el mismo si realmente el trabajo se va a desempeñar mayormente hablando o escribiendo en euskera y/o viceversa”. En este caso, se exigiría un determinado perfil para el uso hablado del idioma y otro para el escrito. Además, dada la “importancia del capital humano con experiencia en la Administración vasca”, los socialistas apuestan por establecer exenciones de perfil lingüístico para el personal mayor de 45 años, “discriminando por categorías profesionales y zonas sociolingüísticas para garantizar siempre que se pueda atender en las dos lenguas”. Con ello, se facilitaría su movilidad y que puedan continuar con su carrera profesional “sin que la edad o la falta de perfil se convierta en un obstáculo”. Con estas medidas, los socialistas sostienen que se daría pie a una Administración “más eficiente y también más inclusiva desde el punto de vista de la diversidad lingüística”.
El PSE se compromete a “revisar en qué puestos de trabajo tiene el euskera una necesidad preferente y en cuáles no tiene ninguna prioridad”
Los socialistas han encontrado en Podemos un aliado en su pretensión de modificar el actual sistema de acreditaciones lingüísticas para que el desconocimiento del euskera no sea una barrera. La formación de Pablo Iglesias apuesta por “revisar la política de perfiles lingüísticos como requisitos de entrada al empleo público y promoción mediante incentivos del aumento de la capacidad lingüística en euskera del personal público” para evitar vetos. Aboga por “evaluar la adecuación de los niveles exigidos a los puestos de trabajo, ponderando que su valoración como mérito no se convierta en una barrera infranqueable para quienes no saben” la lengua vasca. A este respecto, sostiene que la exigencia del perfil lingüístico 4 (C2) debe afectar solo a los profesionales que deban dedicarse a sectores relacionados con el ámbito lingüístico.
Podemos, que ha asumido buena parte de las reivindicaciones independentistas, al hacer suyas cuestiones como el derecho a decidir del pueblo vasco o la celebración de una consulta soberanista, marca distancias con el nacionalismo en esta cuestión de la exigencia del euskera. En este terreno, plantea la necesidad de “realizar estudios periódicos dirigidos a evaluar el grado del uso del euskera en cada uno de los ámbitos públicos (educativo, laboral, administrativo, comunicativo, político y cultural) con el fin de reorientar la política lingüística y mejorar su eficiencia”. “Tenemos claro que no queremos políticas lingüísticas que excluyan a una parte de la ciudadanía y, por eso, promoveremos medidas económicas concretas para que toda persona que quiera conocer y aprender los idiomas oficiales tenga oportunidad de ello, sin imposiciones ni condicionamientos. Todo ello respetando y sin excluir a las muchas personas que, por diversas causas, desconocen el idioma”, asevera en su programa electoral.
Podemos apuesta por “revisar la política de perfiles lingüísticos” para que no se excluya en la Administración a quienes no saben euskera
Muy contundente se muestra igualmente el PP, que se compromete a que los empleos públicos cuya atención al público “no sea relevante” no requerirán la acreditación del bilingüismo, como en los casos de ordenanzas, servicios de limpieza o emergencias. La formación liderada por Alfonso Alonso asegura que en la Administración pública hay “una mayoría de empleos que no requieren atención al público y que, sin embargo, están limitados a la acreditación del bilingüismo”. Por ello, plantea “corregir” esta “barrera impositiva” mediante la recuperación del perfil cero en la selección de profesionales. Además, propone modificar los criterios en el acceso a las ofertas de empleo público para “pasar de las técnicas impositivas a las garantías de servicio y atención pública”, de modo que el idioma de prestación del servicio “no afecte a su calidad”.
“Dar una posición nuclear al bilingüismo sobre el servicio público y sobre las garantías y libertades sociales nos limita y nos empobrece”, censura el PP, que defiende que “sobreponer el conocimiento de una lengua sobre el conocimiento de una especialización es injusto con los aspirantes a ejercer una profesión en el ámbito público, pero también es injusto con quienes esperan recibir el mejor servicio público en cualquier ámbito de la Administración”. De este modo, recoge que el sistema de evaluación del requisito del conocimiento del euskera en la Administración se hará de conformidad con la demanda de los servicios públicos en esta lengua, y que será inferior al 5%, “en lugar de las estadísticas de conocimiento del euskera, que no se corresponden con la realidad lingüística de cada territorio”.
El PP eliminará la acreditación del bilingüismo en los empleos públicos cuya atención al público “no sea relevante”, como ordenanzas o servicios de limpieza
En esta línea, Ciudadanos argumenta que la Administración pública vasca “debe estar profesionalizada, sin exigencias lingüísticas que reduzcan su eficiencia”, y defiende el requisito del euskera “como un incentivo y no como un impedimento”. Su candidato a lendakari, Nicolás de Miguel, afirma que “no se puede anteponer el conocimiento de una lengua por encima de las capacidades cuando el trabajo no requiere de atención pública”, por lo que su partido impulsará “el cambio de los criterios de selección del funcionariado para lograr una mayor eficiencia en la Administración”
Frente a estos planteamientos revisionistas del peso actual del euskera, el PNV se presenta a las elecciones del 25-S con la propuesta de profundizar en la preponderancia de la lengua vasca. El lendakari y candidato a la reelección, Iñigo Urkullu, plantea en su programa “el impulso de la consolidación e incremento significativo del uso del euskera como lengua de trabajo en la Administración”, así como la “definición de criterios lingüísticos mínimos para el desempeño de altos cargos y cargos de designación en la Administración general y sus organismos dependientes”.
Sus propuestas en este ámbito incluyen el “rediseño y actualización del sistema de perfiles lingüísticos para una mejor y más precisa adecuación a su verdadera razón de ser, que es atender las especificidades comunicativas de los puestos de trabajo”, el “estudio de nuevas modalidades de acreditación de perfiles lingüísticos, asociadas, por ejemplo, al desempeño de tareas profesionales y puestos de trabajo en euskera” o “garantizar la regulación de la cuestión lingüística en la legislación sectorial”. En su pretensión de llevar a cabo una “promoción de las condiciones que posibiliten el ejercicio efectivo de los derechos lingüísticos de la ciudadanía en la Administración”, Urkullu asegura que impulsará “la capacitación del euskera del personal público, incidiendo de manera especial en los ámbitos de Sanidad, Ertzaintza y Justicia”.