EL MUNDO 23/06/14
· Le acusa de filtrar el expediente en el que se le negaba la condición de víctima de ETA
El que fuera hombre de confianza, mano derecha y asesor de Ángeles Pedraza en la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha iniciado una campaña judicial contra el Ministerio del Interior.
Tras el archivo de la causa que había contra él (por anularse las escuchas) en un caso de tráfico y depósito de armas, este guardia civil, que no está considerado como víctima de ETA, ha decidido poner en marcha una serie de denuncias, contra altos responsables del Ministerio del Interior.
Este periódico publicó que el Ministerio del Interior había denegado a Miguel Folguera la condición de víctima del terrorismo porque no había ni un solo indicio o testimonio sólido que acreditara que había estado destinado donde ETA perpetró un atentado.
EL MUNDO desveló en diciembre del año pasado datos sobre el expediente denegatorio de Folguera. Pero hasta ahora, hasta que no han archivado la causa contra él en el oscuro asunto de las armas, no había actuado. Ahora, sin embargo, ha presentado una denuncia contra la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, y contra tres de sus más estrechas colaboradoras de este organismo dependiente del Ministerio del Interior. Pero no porque aquello que se publicó sobre sus intentos de convertirse en víctima fueran falsos, no. Les acusa de revelación de secretos y de infidelidad en la custodia de documentos.
De momento, sus denuncias están en los inicios de su camino judicial. El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha abierto unas diligencias previas antes de tomar decisiones. Fuentes próximas a la investigación auguran poco recorrido a las denuncias de Folguera. Pero si constatan cómo la mano derecha de Pedraza ha emprendido una guerra contra el Ministerio del Interior. Queda por saber si estos movimientos están avalados por la propia Pedraza (no son pocos los que no tienen duda alguna de que así es) y si los honorarios de los abogados corren a cuenta del denunciante o si están siendo sufragados por la AVT.
Recuerdan estas fuentes que Folguera preside una Plataforma de Apoyo a la AVT, que tiene una sede en el mismo edificio que la sede la AVT.
El Ministerio que dirige Jorge Fernández denegó su solicitud de que fuera considerado víctima del terrorismo después de analizar informes y más informes. Incluso Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT trató de influir, sin éxito, ante Interior a favor de Folguera para que se atendiera su petición.
Pero, pese a ello, el Ministerio del Interior le dijo no, denegando así al aún consejero de la asociación de víctimas tanto la medalla como la ayuda económica. Según explicaron en su día a EL MUNDO fuentes relacionadas con el expediente administrativo de Folguera, este guardia civil solicitó a finales de 2011, ante la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, la condecoración de Encomienda como víctima y una ayuda pública para sufragar un tratamiento psicológico.
Folguera sostenía que sufría secuelas tras el atentado perpetrado por la banda terrorista ETA el 17 de mayo de 1987 frente a la Dirección General de la Guardia Civil, 15 años atrás.
El Ministerio inició la tramitación de un expediente y solicitó informes a la entonces Dirección General de la Policía y a la Guardia Civil para acreditar la presencia de Folguera en la zona del atentado etarra
Pero los informes remitidos indicaron que no había constancia documental de que estuviera allí aquel día y en aquella hora, cuando ETA activó un coche bomba que acabó con la vida de Carmen Pascual. Pero, además, los responsables de la indagatoria tampoco pudieron constatar que en aquellas fechas estuvieran en la zona del atentado los tres testigos que Folguera había aportado para apoyar su versión, según la propia Secretaría de Estado de Seguridad.
El informe clínico que el propio Folguera entregó, elaborado por la AVT y a su requerimiento, indicaba que en ese momento estaba inmerso en un procedimiento judicial. Inmediatamente, Interior solicitó informes para conocer el alcance de la investigación contra Folguera. La Guardia Civil informó que este agente estaba imputado en un procedimiento y que iba a ser procesado por su presunta participación en un delito de depósito de armas y de municiones.
Finalmente, el tribunal anuló las escuchas telefónicas que se habían obtenido durante la instrucción judicial y la Fiscalía decidió retirar la acusación contra él.
El 20 de marzo de 2012 Interior notificó a Folguera que se iba a informar en contra de sus peticiones, porque no había manera de demostrar que estaba el día del atentado en la zona donde el mismo tuvo lugar. El entonces consejero de la AVT inició un proceso de reclamaciones y de recursos que alargó el procedimiento, tratando de ganar la batalla y de alcanzar sus objetivos. La Administración también siguió su camino y pidió más informes, incluidos los del Ministerio de Defensa. Y gracias a ellos se pudo averiguar que, pese a que el atentado se había cometido en 1987, hasta 2004 no hubo constancia de que Miguel Folguera recibiera tratamiento psicológico. Casualmente, la fecha coincide con una compleja situación familiar, sobre todo, pero también con la imputación en la mencionada causa por tráfico de armas. Folguera llevó su pelea para que le fuera reconocido el estatus de víctima del terrorismo hasta la Audiencia Nacional.
Pero el mes de enero pasado, esta instancia judicial informó a Interior de que no hay ninguna mención a Folguera en sentencia alguna vinculada a aquellos hechos.
Vistos los argumentos, Interior, en resolución del pasado mes de septiembre, volvió a desestimar las dos peticiones de Folguera.