La huelga judicial de ayer martes 1 de julio marcó un hito en la historia reciente del Poder Judicial español.
Por primera vez en años, la práctica totalidad de la judicatura y la fiscalía (con la excepción de las asociaciones progresistas) paralizó su actividad en respuesta a las reformas impulsadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
La huelga, que se prolongará durante tres días, es una señal de alarma democrática que el Gobierno no puede permitirse ignorar.
Los datos son contundentes. Según las cifras ofrecidas por las cinco asociaciones convocantes, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el 75% de los jueces y fiscales ha secundado el paro en su primer día.
La presidenta de la APM, María Jesús del Barco, ha detallado que este porcentaje se ha recabado mediante comunicaciones voluntarias enviadas a los correos habilitados por el comité de huelga, lo que refuerza el carácter masivo y transversal de la protesta.
Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no reconoce oficialmente la convocatoria y no ha realizado recuento, el dato aportado por las asociaciones es el único disponible y refleja un respaldo sin precedentes entre los profesionales de la Justicia.
El contexto de esta movilización es la tramitación parlamentaria de dos reformas legislativas. Una que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal, y otra que reconfigura el estatuto del Ministerio Fiscal.
El Gobierno defiende que estos cambios son imprescindibles para modernizar la Justicia, ampliar las oportunidades de acceso y descargar la sobrecarga de trabajo de los tribunales.
Sin embargo, la letra pequeña de las reformas ha encendido las alarmas del sector.
El núcleo de la crítica no es menor. En contra de lo defendido por Bolaños, los jueces creen que ambas reformas amenazan seriamente la independencia judicial, pilar esencial del Estado de derecho.
En primer lugar, la modificación del sistema de acceso introduce pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración, rebajando la exigencia y abriendo la puerta a la selección ideológica de jueces y fiscales.
Las asociaciones denuncian que el nuevo modelo, que permite el acceso por vías alternativas y la regularización de jueces y fiscales sustitutos, facilita la entrada de perfiles afines al poder político, en detrimento del mérito y la capacidad.
El propio manifiesto de los convocantes advierte que se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente del Gobierno, lo que supone una injerencia directa del Ejecutivo en la selección de los miembros del Poder Judicial.
Aún más preocupante es la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que atribuye a los fiscales la instrucción de las causas penales.
La presidenta de la AF, Cristina Dexeus, alerta de que este cambio, sin una desvinculación real del fiscal general respecto al Gobierno, convierte a la Fiscalía en un instrumento aún más dependiente del Ejecutivo, debilitando los contrapesos internos y la imparcialidad del proceso penal.
El portavoz de la AJFV, Sergio Oliva Parrilla, ha calificado la ley Bolaños como “el retroceso más serio en el Poder Judicial durante los últimos cuarenta años”.
No es una hipérbole. La reforma, tal y como está planteada, erosiona la separación de poderes y sitúa a la Justicia en una posición de mayor vulnerabilidad frente a las mayorías parlamentarias de turno.
El Gobierno, por boca de Bolaños, ha insistido en que “ni una sola línea” de la reforma afecta a la independencia judicial, y ha considerado “infundadas” las críticas del sector.
Pero la realidad es que, si tres de cada cuatro jueces y fiscales (profesionales que conocen de primera mano los riesgos de la politización) han decidido hacer huelga, el Ejecutivo tiene la obligación democrática de escuchar y negociar.
No se trata de un pulso corporativo ni de una defensa de privilegios. La protesta es en defensa de la independencia judicial, garantía última de los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
La tramitación parlamentaria ofrece una oportunidad inmejorable para rectificar. La Comisión de Justicia debe convertirse en el espacio donde se escuchen y asuman las objeciones de los jueces y fiscales, mediante la incorporación de enmiendas que blinden la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía.
Bolaños debe por tanto abandonar su aislacionismo y sentarse a negociar con los representantes del sector. No sólo por responsabilidad institucional, sino por respeto a la democracia y al Estado de derecho.