El expresidente admite que «dialoga» con el aún prófugo de Waterloo para llevar a cabo el «reconocimiento de la identidad nacional catalana» acordado por PSOE y Junts.

Este domingo, el expresidente ha confirmado personalmente que él es el mediador principal entre Pedro Sánchez y el expresident fugado de la Justicia. Y ha abierto la puerta a que el Gobierno central acepte un referéndum sobre «la identidad nacional de Cataluña» a cambio de que Junts vote a favor de unos Presupuestos para 2026.

Esto no es más que la traducción a la realidad política de 2025 de lo que Santos Cerdán pactó con Puigdemont en su semana de la marmota de Bruselas, a inicios de noviembre de 2023: el llamado Acuerdo de Bruselas que le valió la investidura a Sánchez el 16 de ese mismo mes.

La esencia de aquel documento [consúltelo aquí en PDF] eran tres puntos. Para el primero, la amnistía, el acuerdo de promoverla como ley era total. Su negociación sufrió «disensos» y «desencuentros» que se solventaron bajo «el mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento del que se [habían] dotado» las partes.

Es decir, en la mesa de Suiza, con el verificador salvadoreño, Francisco Galindo, al frente y con Zapatero como «facilitador».

Nación y financiación

Como revelaba EL ESPAÑOL hace 13 meses, el 1 de marzo de 2024, el expresidente desencalló la negociación de la Ley de Amnistía.

Después, ha mediado en Suiza, por ejemplo, para que los separatistas catalanes de derechas retiraran la PNL de la cuestión de confianza, hace algo más de un mes, a cambio de que Pedro Sánchez entregara las competencias «integrales» de inmigración a la Generalitat.

Los otros dos puntos clave del pacto de investidura por el que Puigdemont entregó sus siete votos en el Congreso eran distintos: eran el acuerdo en el desacuerdo en dos puntos.

El «reconocimiento nacional» era la primera de estas cuestiones que ambos partidos, Junts y PSOE, establecían como consecuencia del llamado «conflicto político entre Cataluña y el Estado».

La otra eran los bautizados como «décifits y límites del autogobierno». Es decir, la supuesta «infrafinanciación» de Cataluña respecto a otras autonomías y la presunta «falta de inversiones» del Estado en la región. Ambas presentadas como causas del inmenso endeudamiento de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

En realidad, lo que hace Zapatero no es más que a confirmar con palabras su rol de emisario y «facilitador». Dice el hombre con mayor influencia en Moncloa y en Waterloo que ha «hablado mucho con Ṕuigdemont estos meses». Y que entre ellos ha cuajado «algo más que una relación de confianza».

De hecho, el propio líder de Junts lo describió así en una conversación informal con este periódico, el pasado mayo, durante el último pleno de la pasada legislatura del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Entonces, todavía Puigdemont se veía president tras las elecciones catalanas del 12-M. Y como estaba en campaña, marcaba algunas condiciones que luego fueron imposibles, como que Salvador Illa nunca fuese investido.

Pero también otras que encajan con su actual discurso: no habrá Presupuestos Generales del Estado sin que Sánchez «pague lo que debe». Es decir, sin la quita de deuda de 15.000 millones y sin los 22.000 millones más de financiación para Cataluña.

Ambas son las cifras en las que el independentismo calcula los supuestos «déficits y limitaciones del autogobierno».

Amnistía y Presupuestos

Ahora, la coyuntura política hace imprescindible algún avance, siquiera «escenificado», como revela una fuente implicada en los contactos con Junts. «Sánchez, a través de Zapatero, necesita prometerle eso a Puigdemont para tener unos Presupuestos, al menos, y poder continuar la legislatura», apunta.

Por su parte, el líder de la derecha separatista catalana no se lo dará si no se empiezan a ver ya réditos concretos: «No podemos mantener el apoyo más tiempo sin mostrarle algo a nuestras bases«, explica uno de los colaboradores del expresident fugado. «Zapatero tampoco es el más creíble, pero es el que manda en esto«.

Por otro lado, el entorno político y familiar de Sánchez están acosados por casos de corrupción, incluido «su» fiscal general. Y en este contexto, el Gobierno debe abordar —sin apoyo de su socio de coalición ni de sus aliados parlamentarios— un inmenso incremento del gasto en Defensa como consecuencia del terremoto geopolítico impulsado por Donald Trump.

El PSOE lleva toda la legislatura sin siquiera presentar Presupuestos en el Congreso, obviando su obligación constitucional. Además, ya ha sufrido más de 100 derrotas en las votaciones de las Cortes ante el Partido Popular, y ya ni siquiera tramita casi leyes para evitarse más descalabros.

De ahí que Zapatero desvele que, aunque la «cuestión de fondo» se puede alargar hasta más allá de 2027, «a lo largo de este año, especialmente en la segunda parte del 2025, se verán concreciones» sobre todo esto.

Entre otras cosas, porque el Tribunal Constitucional prevé resolver los recursos a la Ley de Amnistía en breve, según fuentes consultadas por este diario Y se prevé que aplique el olvido penal completo a Puigdemont durante este verano, probablemente en julio.

Y esto facilitará un encuentro del líder separatista con Sánchez en Madrid o en Barcelona para cerrar el pacto.

Así el presidente no tendrá que pasar por la humillación de desplazarse a Bruselas o a Ginebra para entrevistarse con un prófugo de la Justicia al que prometió llevar ante los jueces.

Y así el expresident verá cómo esa reunión de su «amnistía poĺítica», acordada en principio para el 22 de marzo de 2024, se lleva a cabo como quiere él: «No para una simple foto, sino con acuerdos de por medio«.

Cómo hacer el referéndum

La clave de todo es sobre qué sería ese referéndum. De momento, una docena de sentencias del TC han dejado claro ya que una consulta sobre la autodeterminación es imposible. Por cualquier vía y convocada del modo que fuera.

Así lo expresaba el Constitucional en una sentencia de 2017: «No pueden someterse a consulta popular autonómica —referendaria o no— cuestiones fundamentales que fueron resueltas en el proceso constituyente y que están sustraídas a la decisión de los poderes constituidos. Por ello, la redefinición de la identidad y unidad del sujeto titular de la soberanía es cuestión que ha de encauzarse a través del procedimiento de reforma previsto en el artículo 168 CE de la Constitución, por la vía del referéndum de revisión constitucional«.

Pero como ya dijo Salvador Illa en una entrevista con EL ESPAÑOL en 2022, un referéndum sobre un acuerdo político «entre representantes de los catalanes» para autodefinir a la región como una nación sí podría caber. De hecho, en eso están de acuerdo los independentistas de Junts y los de Esquerra tanto con el PSC como con los Comuns.

Por eso, ya Moncloa desechó la vía del referéndum a la escocesa. Y quizá por eso, tanto el PSOE como el PSC sí que aceptaron la vía del llamado Acuerdo de Claridad que elaboró el último Govern republicano de Pere Aragonès. Así consta en el pacto que entregó los votos de ERC para la investidura de Illa el año pasado [consúltelo aquí en PDF].

«El expresidente [Zapatero] tiene más prestigio en Cataluña que Sánchez», apunta otro alto cargo de Junts a este diario, «pero es el que dijo ‘apoyaré cualquier Estatut…’ y luego hizo lo que hizo. No guardamos buen recuerdo de aquello».

Tanto el asunto nacional como el económico se presentaban en el Acuerdo de Bruselas de PSOE y Junts como los dos escollos a salvar en la mesa de diálogo, negociación y pacto de Suiza. Los dos, producto de «la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 […] contra el Estatut aprobado por el Parlament, por las Cortes Generales y en referéndum».

Y los dos, imprescindibles para resolver ese «enquistado conflicto político» que ahora dice manejar Zapatero, según su entrevista dominical en La Vanguardia, con Puigdemont.

Zapatero traduce el acuerdo

Así lo recogía el preámbulo de aquel texto. Y de ello presume él en sus declaraciones: «Hay un hilo conductor que es el reconocimiento de la identidad nacional de Catalunya [sic]. Es uno de los puntos de los pactos de Bruselas», explica el expresidente.

Lo que dice ese documento es que, bajo la supervisión de la Fundación Henri Dunant y del verificador Galindo, PSOE y Junts se dispondrían a «negociar y acordar» un pacto partiendo de sus «profundas discrepancias» y las «desconfianzas mutuas».

Junts anunciaba que en la mesa de Suiza propondría «la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución«. Y por su parte, el PSOE fijaba que defendería «el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006«.

Esto es exactamente lo que ahora pone en su propia boca, traduciendo el documento, el expresidente socialista.

Por un lado, ese «reconocimiento nacional» de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y por otro, el «camino que hay recorrer», como dice más tarde: «Hay que explorar el máximo desarrollo de la autonomía catalana como vía de superación de lo ocurrido, venciendo los prejuicios que ahora pueda haber, después de los hechos del procés«.

En todo caso, ambas vías, de dudoso encaje constitucional.