ABC – 04/02/17
· Después de las detenciones del jueves algunos empresarios admitieron que «si no pagábamos, no había forma de entrar en Cataluña».
La cuarta fase de la investigación contra la trama corrupta del 3 por ciento ha servido, fundamentalmente, para apuntalar y abrir nuevas líneas de trabajo. De hecho, se ha intervenido una enorme cantidad de documentación tanto en soporte papel como informático, de modo que se tendrá acceso al disco duro de ordenadores de personas que podrían jugar un papel relevante en este asunto. Mientras, los ocho detenidos que pasaron la noche en los calabozos de la Comandancia de Tarragona, entre ellos Andreu Viloca y Francesc Sánchez, fueron puestos en libertad. Solo tres declararon.
Las detenciones han servido para confirmar aspectos de las pesquisas especialmente relevantes. Según fuentes de la máxima solvencia consultadas por ABC, tras los arrestos algunos de los empresarios comentaron que era Andreu Viloca, ex tesorero de Convergència y también de las fundaciones nacionalistas afines, como Catdem, el que hablaba con ellos e incluso «nos sugería las cantidades que debíamos entregar» si querían optar a las adjudicaciones de obra pública.
El comentario revela hasta qué punto el partido de Artur Mas –las actividades de la trama del 3 por ciento que se investigan son con él al frente de la Generalitat y de Convergència– estaba involucrado en este tipo de actuaciones cuando menos irregulares.
Asimismo, alguno de los empresarios reconoció que si accedían a las «sugerencias» de Viloca era porque «no había otra forma de entrar en Cataluña»; es decir, eran plenamente conscientes de que no había posibilidad de acceder a obra pública en esa comunidad si no se pasaba por caja.
Es importante destacar que Andreu Viloca tenía contactos con las constructoras sin que existiese una sola razón que lo justificase, ya que teóricamente no jugaba papel alguno en las licitaciones. El hecho de que estuviese al tanto de las obras públicas que se hacían; se reuniese con los empresarios y éstos pagaran importantes sumas de dinero como supuestos donativos a Catdem, que luego engrosaban las arcas de Convergència, hace que sus actividades sean extremadamente sospechosas a ojos de los investigadores.
Indicios confirmados
Mientras estos comentarios de alguno de los empresarios arrestados confirman plenamente la línea de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado y la Guardia Civil, desde las filas nacionalistas se intentaba convencer de que la operación de ayer era una especie de maniobra tenebrosa del Estado para desmovilizar a los secesionistas con vistas al juicio del 9-N, que comienza el lunes y en el que Mas, entre otros, se sienta en el banquillo.
Este guión, diseñado ya desde el momento en que comenzó a estrecharse el círculo sobre Convergencia, también lo siguió uno de los principales detenidos, Francesc Sánchez, hombre de la máxima confianza del ex presidente de la Generalitat. Nada más ser puesto en libertad tras pasar la noche en los calabozos de la Comandancia de Tarragona, afirmó: «Ya sabemos qué pasa siempre –dijo en relación a la supuesta conexión de la vista oral y la operación policial–, pero no quiero decir nada más de lo que ya todos sabemos».
Eso sí, aseguró que «conozco el caso muy bien porque soy el abogado de Convergència y estoy absolutamente tranquilo; sé cómo está el proceso». Además, se mostró convencido de que, aunque le investiguen «de arriba a abajo», no van a encontrar «nada». Poco tiempo antes de su arresto Sánchez había cambiado de casa y teléfono, si bien no hay relación causa-efecto entre ambas situaciones.
La investigación cree que Francesc Sánchez asistió a algunas reuniones con empresarios en las que se trataba sobre las adjudicaciones. De hecho, hay documentos que indican que este alto cargo de Convergència trabajó durante algún tiempo en tándem con Viloca, al que daría cobertura política.
La operación de ayer es considerada muy importante por las nuevas evidencias obtenidas. Es relevante que tres de los ocho detenidos llevados a dependencias de la Guardia Civil accedieran a prestar declaración ante los investigadores a pesar de que la causa esté bajo secreto de sumario.
A uno de los detenidos, el empresario Félix Pasquina, se le intervinieron 145.000 euros en efectivo y una pistola para la que no tenía licencia, por lo que se le imputa tenencia ilícita de armas. Pasquina había sido adjudicatario en tres de las obras investigadas.
El juez de El Vendrell que lleva el caso ha estado permanentemente informado de la operación, que se decidió, en coordinación con Anticorrupción, para hacerla coincidir con su guardia. Ayer estuvo toda la tarde en su despacho por si algún detenido era puesto a disposición judicial.
ABC – 04/02/17