El secretario general del PSOE en Euskadi, Eneko Andueza, acaba de proponer la reforma de la Constitución Española «para adaptarla a los tiempos actuales», avanzar hacia una España federal que atraiga a los nacionalistas (¿a dónde?) y conceder más (¿más?) autogobierno a las comunidades autónomas. Ninguna de las tres propuestas es nueva en el socialismo, ciertamente, y forman parte de su identidad reciente: ceder ante los independentistas hasta satisfacerlos, como si tal cosa fuera posible.
Respecto a los «tiempos actuales», estos podrían ser otros (y bastante mejores) pero son los que son por la deriva de los acontecimientos políticos y, en concreto, por la decisión de los principales representantes políticos de querer satisfacer a los partidos nacionalistas e independentistas (y ahí el PSOE es protagonista destacado, aunque no único); es decir, por querer contentar a quienes son insaciables, en lugar de contradecirlos con un proyecto alternativo destinado a responder a las demandas de la mayoría de los ciudadanos españoles.
Si es constitucional reformar la Constitución Española para conceder más autonomía a las comunidades autónomas, ¿por qué no va a ser constitucional reformarla para darles menos?
Respecto a conceder más autogobierno a las comunidades autónomas, quizás se refieran a la independencia de las partes que conforman España, algunas de las cuales, de facto, ya casi la disfrutan (a costa del resto). Me quedo más tranquilo: si es constitucional reformar la Constitución Española para conceder más autonomía a las comunidades autónomas, ¿por qué no va a ser constitucional reformarla para darles menos?
Pero hablemos hoy del supuesto federalismo que no es federalismo y que defienden el PSE y el conjunto del PSOE. Es la matraca habitual del socialismo desde tiempos inmemoriales, pero con trampa. Porque, en el fondo, no es federalismo simétrico e igualdad ciudadana lo que defienden, y ni siquiera federalismo asimétrico, sino confederación y desigualdad entre ciudadanos y entre comunidades. España es un país diverso, cierto, pero la diversidad política, cultural o lingüística que exista no puede justificar una diferenciación de derechos, que es lo que ya existe y en lo que se propone profundizar.
Cada cual puede presentar la reforma constitucional que considere y plantear el modelo territorial que le plazca o colme sus sueños húmedos, pero debe hacerse con honestidad y sin manipulaciones. Obviamente, las reformas deberán seguir los trámites constitucionales y alcanzar las mayorías que se requieren (y tan democrático y constitucional es proponer más autonomía a las comunidades autónomas como proponer menos), pero estas no pueden convertirse en un cúmulo de improvisaciones cambiantes en función de lo que te exijan para lograr una investidura y alcanzar un gobierno. Poder pueden serlo porque lo estamos viendo y es el pan nuestro de cada día, pero no deberían.
El plan es no tener plan sino ir cediendo ante los planes de los divergentes y disolventes, que disponen de una hoja de ruta que mantendrán hasta lograr sus objetivos
El federalismo es igualdad, con más o menos autonomía para las partes que forman el conjunto. Pero no es igualdad lo que se propone, sino la disgregación de lo común en una pluralidad de entes que se den la espalda mutuamente, sin responsabilidad y sin corresponsabilidad, al albur de las necesidades cortoplacistas del partido en el que uno milita o del gobierno de turno. O sea, el plan es no tener plan sino ir cediendo ante los planes de los divergentes y disolventes, que disponen de una hoja de ruta que mantendrán hasta lograr sus objetivos.
Además, el federalismo no serviría para satisfacer a los nacionalistas (ni falta que hace, ciertamente), salvo que lo que se proponga sea una confederación que sostenga la desigualdad de las partes y el derecho de estas a independizarse. La investidura de Sánchez y las correspondientes cesiones a sus socios disgregadores y reaccionarios nos pueden llevar por esos derroteros.
El federalismo no puede ser la existencia de regímenes fiscales privilegiados como los que disfrutan Euskadi o Navarra a costa del resto de los ciudadanos, ni que trabajar en determinadas comunidades autónomas esté vetado para quienes no dominan lenguas cooficiales que en muchos casos no son necesarias para desarrollar perfectamente el trabajo en el que se exigen, ni condonar la deuda a una comunidad autónoma tal como plantean los independentistas catalanes, ni traspasar la Seguridad Social a Euskadi y romper la caja única, como acaba de proponer el PNV.
No es lo mismo negociar con los corruptos la rebaja del delito de malversación que con los denunciantes de la corrupción una ley que los proteja
El diálogo y la negociación entre los distintos partidos, incluidos los minoritarios que defienden intereses particulares, forman parte de la esencia de la democracia. Pero en dicho diálogo y negociación puede ser tan sano llegar a acuerdos con quien piensa distinto como, en defensa del interés general y del bien común, saber decir no, actitud poco practicada en España. De hecho, esto segundo es mucho más sano. Es importante qué se negocia pero también con quién. No es lo mismo negociar con los corruptos la rebaja del delito de malversación que con los denunciantes de la corrupción una ley que los proteja. Y es importante saber cuáles son los límites que cada cual libremente establece, en caso de que los tenga. Pero lo primero de todo es tener un proyecto político reconocible, de modo que no se base solo en contentar a los nacionalistas. Y el federalismo del PSOE no es federalismo ni va a satisfacer a los independentistas. Salvo que sea confederación con independencia de facto o con derecho a la secesión.