SANTIAGO MORA VELARDE-EL MUNDO

El autor analiza el diferente rasero del Gobierno a la hora de tratar con el populismo de izquierdas que supone Podemos, al criticar el de derechas que representa Vox y al pactar con los partidos independentistas.

Tras el colapso de los regímenes comunistas que concluyó con la caída del muro de Berlín, los partidos de izquierdas han pretendido adueñarse políticamente de la idea del progresismo para adjudicarse una imagen de marca que les otorgue una superioridad moral en la vida pública, como adalides de las mejoras del bienestar social y de los avances democráticos y que, a la vez, estigmatice a sus adversarios políticos como si fueran reaccionarios y discutiblemente democráticos. Así pretenden difuminar el contenido de su trasnochada ideología socialista y comunista, causante de la mayor pérdida de libertad, bienestar y progreso de las últimas décadas. Pero su maniobra de distracción cada vez engaña a menos gente.

Sirvan de ejemplo de «falsos gobiernos progresistas»: los totalitarios gobiernos comunistas causantes de la dictadura y del actual retroceso de bienestar de las antes prósperas Cuba y Venezuela. El pernicioso Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, responsable de la devastadora crisis de 2008, que con su negligente gestión económica causó un tremendo paro y gran sufrimiento social. Los incompetentes gobiernos socialistas, que tras gobernar Andalucía durante 36 años consecutivos la han dejado con los peores índices de educación y desarrollo de España. Y el desleal y peligroso Gobierno de Pedro Sánchez, dispuesto a traicionar a España con los golpistas catalanes que están destrozando la libertad, el bienestar y la convivencia democrática en Cataluña.

El diccionario de la RAE define el término progresista de la siguiente forma: «Aplícase a un partido liberal de España, que tenía por mira principal el más rápido desenvolvimiento de las libertades públicas». No parece que se pueda asimilar de ninguna manera dicha definición al autoproclamado progresismo del PSOE y de Podemos, cuya decadencia ideológica es totalmente contraria al auténtico progresismo liberal, protector de las libertades públicas y generador de riqueza y bienestar.

Por el contrario, el falso progresismo de la izquierda defiende una política económica poco ortodoxa y acreditadamente ruinosa, basada en políticas sociales altamente ideologizadas, clientelares y derrochadoras. Para cubrir su gasto ingente se necesita abrasar fiscalmente a las clases medias y a los sectores productivos de la nación, aunque su consecuencia inevitable suele ser un pernicioso aumento del déficit público y de la deuda pública, empobrecedores innatos de las generaciones presentes y futuras.

En política social, el falso progresismo pretende hacer ingeniería social al imponer a toda la sociedad, como valores indiscutibles de la «corrección política» la política de género y el lenguaje inclusivo; el aborto; la ideología LGTB; el amparo de la religión musulmana, como contraposición a la detestada religión católica que profesa muy mayoritariamente la sociedad española; y una irrealista política de inmigración tipo welcome refugees y Aquarius. Pero sin asumir que la mejor política social es la creación de empleo, como el medio más efectivo de acelerar el progreso social.

Tras el descalabro de la falsa izquierda progresista en las recientes elecciones de Andalucía, resulta intelectualmente grosero que los autoproclamados progresistas (que gobiernan España con el apoyo de la extrema izquierda antisistema y batasuna y del independentismo golpista) se arroguen la guardia y custodia de la ortodoxia democrática y pretendan vetar en el marco democrático a una fuerza de derecha radical como Vox, de quienes, aunque se discrepe, no se puede discutir su carácter democrático.

Pero los falsos progresistas han quedado definitivamente desenmascarados en su impostura cuando el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha tenido la fatua arrogancia de afirmar que «la Constitución es una conquista de la socialdemocracia y que no venga ninguna derecha a decir que es constitucionalista, porque no lo es».

La intransigencia fundamentalista del falso progresismo lleva a la aberración de considerar como impecablemente democrática su pretensión de transformar España en un Estado federal pero, en cambio, rechaza por antidemocrática la pretensión de la derecha radical de recentralizar el Estado. Igualmente, acoge en su seno, sin oponerle ninguna objeción democrática, a la extrema izquierda antisistema de Podemos –con quienes pactaron en 2015 para gobernar el Ayuntamiento de Madrid y varias autonomías– que pretende derribar el régimen constitucional del 78 e imponer la república, suprimiendo la Monarquía constitucional; apoya el derecho de autodeterminación de los golpistas catalanes y demuestra su carácter totalitario y antidemocrático cuando, tras su fracaso electoral andaluz, tomaron violentamente las calles de Andalucía como prueba de que no aceptan el resultado negativo de las urnas.

Y si para justificar el veto a Vox se alega que en ningún país europeo se pacta con la extrema derecha populista, en tal caso, que se ponga un solo ejemplo de partido progresista de gobierno que pacte para gobernar con partidos independentistas, que pretenden romper la nación y que incluso han dado un golpe de Estado institucional para independizarse inconstitucionalmente. El falso progresismo pretende suavizar la gravedad del golpe de Estado catalán, que ha supuesto el máximo atentado contra la libertad de los españoles y la propia existencia de su nación, para poder gobernar la nación con el apoyo de los golpistas, ante quienes se humilla al ir a visitarlos a la cárcel para negociar su apoyo a los Presupuestos del Estado. A tal fin, con clara deslealtad, el reciente documento elaborado por el PSC, Catalunya 2019, pide expresamente el reconocimiento constitucional de Cataluña como nación y de España como Estado federal, plurinacional, pluricultural y plurilingüe. ¡Todo impecablemente democrático!

Quedará para los anales de la infamia y no rebajará la pulsión independentista de Cataluña que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez plantee conceder el indulto a los golpistas catalanes, a los que el Tribunal Supremo pudiera condenar por los delitos de rebelión o sedición, como precio a pagar para continuar gobernando con el apoyo de los golpistas. Ante el mayor desafío a la unidad de España en un periodo democrático, la autoproclamada izquierda progresista que hoy gobierna España sin haber ganado las elecciones está preparando cometer el acto menos progresista que pudiera imaginarse desde el punto de vista de las libertades públicas: transigir con la violación de la legalidad constitucional y con el ataque a las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y dejar desamparados y traicionados a los ciudadanos españoles que defienden la Constitución y su democracia.

Ante la posibilidad cierta del indulto hay que advertir al presidente del Gobierno de su falta de legitimidad democrática para adoptar discrecionalmente una medida tan extraordinaria y que constituiría un fraude democrático sin paliativos. Para adoptar tan grave decisión, el presidente, tan acostumbrado a imponer la consulta a las bases socialistas, estaría inexcusablemente obligado a consultar a la nación antes de conceder el indulto. Y, por lo que acabamos de ver, los andaluces ya han adelantado cuál sería la respuesta de los españoles.

Santiago Mora Velarde es notario.