No. En esta España del trazo grueso nos queda el derecho al matiz, a la precisión, a la huida del ‘sota, caballo y rey’. Ni la normalización en Cataluña se ha producido ni ha muerto el régimen del 78 ni la ley de amnistía se encuentra dentro de la Constitución. Lo que sí sucede es que nos encontramos en una tesitura, ciertamente insólita, excepcional y grave, de paréntesis generada por el sanchismo para hacer verosímil la ficción de que éste ha logrado imponer un nuevo, inestable y mutante orden jurídico y de que resultan inútiles todas las objeciones y las apelaciones a la legalidad constitucional.

Dicho de otra manera, Sánchez pretende que aceptemos como un axioma, o por lo menos como un hecho consumado, que ‘constitucional’ es solo y exactamente aquello que Sánchez ha decidido que es ‘constitucional’. Un claro y gráfico ejemplo nos lo brinda esa reacción retórica con la que el aún presidente del Gobierno sitúa en el célebre «fango» cualquier básica pregunta que se le haga sobre la condición de investigada de su esposa. Para Sánchez, la actuación de un juez o -hay que entender- la propia Justicia han pasado de ser ‘fake news’ a la categoría de fango en el que chapotea, cuando le interpela, el jefe de la oposición.

Para crear esa hiperrealidad virtual que, indudablemente, contribuyen a hacer verosímil la ausencia o lentitud de una reacción por parte de los contrapesos democráticos al poder ejecutivo, se ha producido desde el sanchismo eso que llaman ‘colonización de las instituciones’ y a la cual no son ajenos ni el Tribunal Constitucional ni el de Cuentas, ni la Abogacía ni la Fiscalía generales del Estado, ni el CNI ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ni el CIS ni las empresas de participación pública como Indra o Telefónica. Pero no deja de ser chocante el hecho de que fueran las dos últimas citadas las que, junto con Google, suspendieran el desarrollo del famoso ‘software’ para Begoña Gómez, en el que ya habían invertido 150.000 euros. La decisión se la dictó el temor a un conflicto de intereses. De ese ‘temor de Dios’ se deduce la paradoja de que aún creen en la ‘fangosa’ legalidad constitucional los propios directivos de las empresas que mangonea Sánchez.