El fin de la «doctrina Parot» y el comienzo de una sociedad amenazada

Durante cincuenta años, la banda terrorista ETA ha cometido casi un millar de asesinatos, ha causado decenas de miles de heridos y ha provocado daños materiales que según cálculos del catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, Mikel Buesa, se aproximan a los 6.000 millones de euros. Además, la permanente amenaza terrorista y el recurso repetido a la extorsión han obligado a que durante las últimas décadas más de 5.000 personas hayan tenido que vivir permanente escoltadas.

 

Los crímenes de ETA, sistemáticos, generalmente selectivos y en ocasiones indiscriminados, se han visto acompañados prácticamente desde el nacimiento de la banda terrorista por las actividades de amedrentamiento y intimidación que el entorno político, social, económico y cultural que rodea a la banda terrorista ha dirigido a una parte muy concreta de la sociedad vasca: los ciudadanos no nacionalistas. 

 

De hecho, la propia ETA y su entorno, en los años noventa del pasado siglo, pusieron nombre a esta estrategia perversa y la definieron como “socialización del sufrimiento”. La extensión de la amenaza fanática y criminal a todo el cuerpo social, desde miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo a la Ertzaintza, hasta periodistas e intelectuales, pasando por empresarios que no ceden al chantaje, cargos políticos no nacionalistas, jueces, fiscales, funcionarios de prisiones, artistas y profesores. Es decir, a todos aquellos ciudadanos que luchan activamente y que denuncian públicamente a la banda terrorista, a su entorno político-sociológico y al proyecto por ellos defendido. Los dirigentes de ETA Mikel Albisu y María Soledad Iparraguirre, en una carta fechada el 23 de noviembre de 2001 que las fuerzas de seguridad encontraron en el despacho de la vivienda de Salies de Béarn (Francia) en la que fueron arrestados el 3 de octubre de 2004, explicitaban el perfil de algunas de sus futuras víctimas: personas pertenecientes a colectivos encargados de la lucha antiterrorista; profesores españoles en el País Vasco; miembros del PP o el PSOE; periodistas, o funcionarios de instituciones penitenciarias, entre otros.

 

Como consecuencia de esta presión intensa, creciente en el tiempo y extensa en cuanto a hombres y mujeres cotidianamente amenazados e intimidados, más de 100.000 ciudadanos vascos, en muchos casos familias enteras, se han visto obligados a un exilio forzado de su tierra, abandonando sus ciudades de nacimiento, sus puestos de trabajo y sus lugares de residencia, buscando una seguridad física que nadie les podía garantizar en la Comunidad Autónoma Vasca.

Todas estas personas son, en diferentes grados, víctimas directas o indirectas de ETA, y así están reconocidas, o están en trance de serlo, en los principales ordenamientos legales del Estado español, a través de normas generales como el Código Penal o de reglamentos más específicos como la Ley Integral de Víctimas del Terrorismo. En la Unión Europea también se dispone ya de un cada vez más amplio y detallado catálogo de directivas y recursos legales que tienden a proteger a las víctimas de los delitos de terrorismo, especialmente a los familiares más directos de éstas.

 

Pero los delitos de terrorismo tienen una marcada especificidad que los hace esencialmente distintos de otros tipos de delitos: el objetivo de un atentado no es solamente la persona o el grupo de personas que sufren el ataque violento, sino que lo que los terroristas buscan con su acción criminal es atacar al Estado democrático, atemorizar y chantajear al resto de la sociedad para que ésta ceda a sus exigencias (políticas, económicas o de cualquier otro tipo) y, sobre todo, crear un clima de terror colectivo que lleve a instituciones, organizaciones, empresas y ciudadanos en general a plantearse posturas dimisionarias y de capitulación tendentes a sucumbir ante las condiciones de los delincuentes.

 

Esta realidad indisociable de toda actividad terrorista se conoce como “macrovictimización terrorista” y, en algunos casos, en las situaciones más graves y descontroladas, puede alumbrar Estados fallidos o sociedades globalmente amenazadas por la violencia terrorista.

En este sentido, cuando se insiste en el hecho de que las víctimas del terrorismo con nombres y apellidos, o los familiares más directos de éstas, han de desempeñar un papel público preponderante y esencial en el ámbito político y social de cualquier región o país amenazado por la actividad de una o varias organizaciones terroristas, lo que se quiere decir es que las personas víctimas del terrorismo, en su dolor, en su dignidad, en sus reivindicaciones y en su permanente rechazo de la venganza como mecanismo de defensa, también representan mejor que nadie a esa parte importante del colectivo social que está siendo amenazado, chantajeado, intimidado y coartado por la actividad terrorista.

 

Marta Requena, directora de la subdivisión de Prevención del Terrorismo de la Oficina de la ONU contra el Delito, lo ha explicado muy claramente: “Ya que en el terrorismo el foco no es solamente la persona concreta, sino toda una sociedad y sus instituciones, las víctimas deben jugar un papel activo antes, durante y después del proceso penal”.

 

También el Parlamento europeo reconoce esta posición especial de las víctimas del terrorismo con respecto a la Justicia y la importancia de prestar atención a las consecuencias de la acción macroterrorista, al señalar que “las víctimas del terrorismo han sufrido atentados cuya intención última era hacer daño a la sociedad. Por ello pueden necesitar especial atención, apoyo y protección, debido al especial carácter del delito cometido contra ellos. Las víctimas del terrorismo pueden ser objeto de un importante escrutinio público y a menudo necesitan el reconocimiento social y un trato respetuoso por parte de la sociedad. En consecuencia, los Estados miembros deben tener especialmente en cuenta las necesidades de las víctimas del terrorismo, y esforzarse por proteger su dignidad y seguridad”.

 

El terrorismo es una forma de criminalidad que genera una victimización especialmente severa y no comparable con la producida por otro tipo de delitos comunes. Bajo este prisma, el concepto de macrovictimización refleja con nitidez el indefinido número de víctimas directas e indirectas que la actividad terrorista provoca. No en vano, se trata, esencialmente, de actos gravemente criminales (provocación intencionada de la muerte, graves lesiones o injerencias inadmisibles en la libertad o seguridad de las personas y/o comunidades) cometidos por una organización que trata de crear un estado de terror en sectores significativos de la población con la finalidad de lograr sus objetivos ideológicos (políticos o religiosos, fundamentalmente) a través del desistimiento cívico o del condicionamiento injustificado de las políticas diseñadas e implementadas por los poderes públicos.

 

Los efectos dramáticos de esta macrovictimización justifican que destacados organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Unión Europea, hayan calificado al terrorismo, en cualquiera de sus formas y manifestaciones, como una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales. De ahí que promuevan actuaciones de los Estados que persigan la obtención de los siguientes objetivos:

 

* Prevenir que las organizaciones terroristas causen daños individuales o colectivos.

 

* Evitar que las personas que ya han sido victimizadas por una banda terrorista sufran daños complementarios derivados de un mal funcionamiento de los procesos de justicia que, no hay que olvidar, en el caso de las víctimas comienzan desde que las fuerzas de seguridad inician la investigación del atentado terrorista. En este sentido, una investigación policial mal llevada o no realizada; un mal funcionamiento de los órganos jurídicos; procesos socio-económicos de ayuda a las víctimas erróneamente gestionados, o un insuficiente apoyo material y simbólico de las instituciones, son elementos que causan una nueva victimización en las víctimas directas o indirectas de un atentado.

 

* Fomentar que la comunidad construya espacios de acogimiento cálido de las víctimas.

 

La macrovictimización terrorista tiene dos vertientes: un plano dramáticamente real en el que se encuentra el dolor íntimo por el asesinato, el secuestro, la amenaza o la coacción que sufre una persona o un grupo de personas. Y un plano simbólico, excepcionalmente importante para ETA, por ejemplo, en el que se encierra la significación pública que la banda, en su ideología totalitaria y coercitiva, quiere otorgar a los asesinatos, los secuestros, las amenazas o las coacciones que realiza. Este es el Relato de los terroristas y éste, cuando destruye o amenaza con la destrucción a un colectivo de ciudadanos (por ser como son, por pensar como piensan o por representar lo que representan), priva a toda la sociedad de una parte importante de su libertad, de sus derechos, de su riqueza y de su diversidad. Es así como nos encontramos ante una sociedad amenazada o macrovictimizada.

 

Como consecuencia de esto, la actividad política y los procesos jurídicos de lucha contra el terrorismo y de apoyo a las víctimas, tanto nacionales como internacionales, han de tener una doble dimensión: una comunitaria –cuyo referente es la sociedad y el daño causado a una parte importante de ésta– y otra personal –cuyos referentes son las víctimas y los victimarios concretos–.

 

Para actuar de un modo efectivo en estos dos ámbitos, y contribuir de un modo eficaz a trabajar en favor de las víctimas del terrorismo y contra la extensión de procesos de macrovictimización que puedan dar luz a sociedades amenazadas, es necesario que la acción política, jurídica, policial e, incluso, cultural, resulte eficaz y hábil para conseguir la confianza de la sociedad en la vigencia y eficacia de las instituciones y de las leyes democráticas. Los ciudadanos han de percibir con claridad que éstas son instrumentos útiles y hábiles para restablecer los derechos, las libertades y los vínculos individuales y sociales dramáticamente contravenidos por los delitos terroristas. 

 

La reciente derogación de la “doctrina Parot” quiebra este espíritu.

Es importante tener en cuenta que para que los procesos de macrovictimización, la amenaza global a la sociedad que realizan los terroristas con cada nuevo atentado, tengan éxito, han de producirse, además, procesos de «complicidad con el verdugo» como los que, por ejemplo, se han producido y se producen en el País Vasco, y que pueden ser de dos tipos.

 

1. Complicidad social

2. Complicidad institucional

 

Prioritariamente, la atención a las víctimas del terrorismo exige el fin de estas complicidades y la lucha contra los procesos de macrovictimización será más difícil cuanto más fuertes sean los procesos de complicidad.

 

En un camino inverso al que supone el fin de la “doctrina Parot”, resulta fundamental tener el coraje político y socio-cultural de reconocer que honrar individualmente a las víctimas exige deshonrar públicamente a los verdugos. Lo contrario es decir a las familias de las víctimas que sus seres queridos han muerto en vano y transmitir al cuerpo social la idea inicua y siniestra de que asesinar, extorsionar, amenazar y delinquir sirve para alcanzar objetivos políticos. Para luchar contra la macrovictimización terrorista e impedir que la amenaza terrorista consiga amedrentar a grupos importantes del cuerpo social, es esencialmente necesario deslegitimar públicamente las ideas defendidas por los violentos. Si no se termina con cualquier tipo de complicidad social e institucional con los terroristas, las víctimas, tanto individuales como colectivas, tendrán derecho al resentimiento. Y cualquier posibilidad de Justicia será ficticia porque se habrá olvidado la verdad moral de las víctimas, que no puede ni debe callarse y a la que, además, las instituciones han de otorgar un valor ejemplarizante y educativo. Pero, sobre todo, no habrá Justicia porque habrá triunfado el Relato simbólico que los terroristas quieren imponer a todo el colectivo social con cada uno de sus asesinatos individualizados.