El fin de la presión

Las segundas partes han sido buenas para la izquierda abertzale del entorno de ETA. Porque el Tribunal Constitucional lo ha vuelto a hacer. De la misma forma que ocurrió con la decisión sobre la legalización de Bildu, el Constitucional no solo ha anulado la sentencia del alto tribunal (que prohibió la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos por considerarla una marca sucesora de Batasuna), sino que lo ha descalificado al sostener que el Supremo «vulneró el derecho fundamental de asociación» al vetar a Sortu.

La división en las votaciones refleja que las razones para adoptar la decisión no eran tan simples, aunque esta vez los miembros del Tribunal Constitucional no se hayan detenido en reexaminar, una a una, las pruebas que estudiaron en su día detalladamente en el Supremo. Con la declaración de los estatutos de Sortu es suficiente para pasar el filtro y poder presentarse a las próximas elecciones autonómicas vascas. Decíamos ayer que esa parte de la sociedad vasca que ha apoyado y justificado los crímenes de ETA no ha avanzado todo lo que aparenta. Que sigue sin renegar de la historia del terrorismo. Pero al Constitucional le bastan los estatutos.

Con el último pasaporte que este tribunal ha facilitado a la izquierda abertzale se cierra el ciclo de la presión sobre ETA para que se vaya por donde nunca debió haber venido. Cuando el Estado, policial y judicial, estrechaba el cerco sobre el mundo violento, fue la propia izquierda abertzale quien presionó a la dirección terrorista para que, al menos, anunciara el fin de la violencia al percatarse de que, en la ilegalidad, se pasaba mucho frío. Desde que han ido recuperando poder institucional (en ayuntamientos, diputaciones o el Congreso de los Diputados), aquella presión inicial se ha ido disipando hasta desaparecer bajo la bruma del Cantábrico.

El texto del Constitucional destaca que un partido «vulnera los principios democráticos cuando supedita el rechazo de la violencia terrorista a la consecución negociada de objetivos políticos» que solo pueden alcanzarse en un Estado de Derecho mediante la «utilización de procedimientos democráticos». Pues bien, en todo este tiempo de recuperación de la vida institucional, la izquierda abertzale, lejos de exigir la desaparición a ETA, ha vinculado el cese definitivo de la violencia al reconocimiento nacional de Euskal Herria y su derecho a decidir. Una exigencia presentada, de paso, como el efecto del cese del terrorismo.

Pero aunque todavía les falte mucho recorrido para ser demócratas, ya son legales en todo el extenso arco institucional del país. El Ejecutivo vasco de Patxi López y los nacionalistas, tan contentos porque se da forma a la realidad. Muchas víctimas del terrorismo se sienten traicionadas por el Gobierno del PP por no haber acelerado los nombramientos pendientes en el Tribunal Constitucional. Y Rosa Díez anuncia que UPyD trabajará por revisar la ley de partidos. Se va a encontrar sola, seguramente, en el hemiciclo. Y tal como se está extendiendo el mantra de los «nuevos tiempos», podíamos imaginar que a Batasuna no le hubiera hecho falta, siquiera, disimular con tanto nombre.