El fin del relato (y de algo más)

Pedro Sánchez cerró 2025 presentándose como el presidente de un país que “avanza con fuerza y en la mejor de las direcciones”, contraponiendo el “catastrofismo” de la oposición al “optimismo de los datos”, y subrayando el crecimiento económico, el empleo y la agenda social como prueba de que España va mejor de lo que “dicen los agoreros”. Presumió del “dinamismo” de la economía española como parte de un relato de país en transformación progresista. “En 2026 este Gobierno seguirá dejándose la piel para mejorar la vida de la gente de a pie”. Con esta frase cerró Sánchez su balance (2:29 minutos) del año en Twitter. El relato.

El pasado 18 de enero La Vanguardia publicaba una entrevista con el líder socialista en la que este presumía, con su habitual desparpajo, de que su gobierno había reducido las desigualdades y mejorado el poder adquisitivo de las familias españolas. Más relato; pero fake. Porque no es verdad ni lo uno ni lo otro. Porque la inflación acumulada (más del 22% desde 2020) ha provocado una reducción del poder de compra real y porque los datos oficiales de la Unión Europea sitúan a España como uno de los más desiguales entre los 27 miembros del club, con un 26,5% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social.

“Por tanto -declaraba Sánchez al periódico catalán- el proyecto político que tengo el honor de encabezar, no solo tiene vocación de culminar esta legislatura, sino de trascenderla y continuar hasta entrada la década del 2030, si así lo quieren los españoles”. ¿Audacia? ¿Pretenciosidad no justificada? Ambas cosas. O ninguna. Da igual. Se trata de nuevo de construir relato. Al margen de los hechos. De mantener encendida la llama del progresismo protector frente a la amenaza de la ultraderecha. Un discurso que sigue teniendo su público, y al que dentro del PSOE y del Gobierno, y también fuera, no falta quien le concede cierta chance. Hasta el domingo pasado.

‘Se priorizan pagos de deuda sobre mantenimiento’

El mismo día que se publicaba, dos trenes chocaban en una localidad cordobesa de nombre Adamuz y mandaban a la trituradora la entrevista de Sánchez en La Vanguardia. El domingo 18 de enero, a las 19:27 horas, un brutal accidente ferroviario se cobró cuarenta y cinco víctimas mortales y se llevó por delante todos los relatos. Y arrasó con cualquier expectativa. La corrupción desgasta, pero desgasta mucho más que, en una tragedia de esta magnitud, la primera respuesta que se deslice para explicar las posibles causas recurra al etéreo y exculpatorio concepto de lo inevitable. Un accidente “extraño”.

La encargada de garantizar la seguridad en la red ferroviaria es una empresa pública adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llamada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). No es ningún chiringuito. Tiene 13.271 empleados. En los últimos veinte años ADIF ha sufrido (digo bien, sufrido) ocho relevos de presidente (a), siempre vinculados a los cambios de Gobierno. Los expertos hablan de “politización en los nombramientos de la alta dirección” de la compañía, también en RENFE (otros ocho presidentes de quita y pon dependiendo del partido que ocupara el poder). Y, atención, apuntan como factor relevante de una posible merma de la seguridad en la red a la ausencia reiterada de Presupuestos Generales del Estado. Esto es, a la responsabilidad (o irresponsabilidad) política.

“Sin instrumentos actualizados, la ejecución de inversiones se ralentiza; sin ejecución, se pierden fondos europeos; sin fondos, se priorizan pagos de deuda sobre mantenimiento [ADIF acumula una deuda financiera de más de 20.000 millones de euros]. El accidente del 18 de enero, que podría estar vinculado a deficiencias en vías y sistemas, pone en evidencia los riesgos: gestionar infraestructura crítica sin cuentas claras ni control parlamentario es incompatible con el Estado de derecho”.

Este inquietante párrafo lo firma en Hay Derecho Juan Quintana, ingeniero industrial y experto en logística y transporte. Pero a poco que se pregunte a otros especialistas en la materia te dirán lo mismo: la politización de las empresas públicas, el nepotismo en los nombramientos y el persistente incumplimiento de la obligación constitucional de presentar los presupuestos, despachado por el Gobierno con insultante frivolidad (“No es un drama bajo ningún concepto”), todo ello y alguna cosa más, es la parte nuclear del problema, y desmonta la estrategia de la inevitabilidad, situando a los gestores políticos frente al espejo cóncavo de su responsabilidad.

La casi certeza de no estar en las mejores manos

Solo cuando concluya la investigación conoceremos la causa o causas del accidente y podremos exigir a quien corresponda justicia para las víctimas y garantías de seguridad futura. Pero la responsabilidad política -no confundir con la impúdica explotación política del siniestro-, poca o mucha, y menos ante un episodio de este impacto público, no es ni postergable ni negociable. Como tampoco se puede soslayar con maniobras distractivas aprovechando la complejidad técnica de las pesquisas.

La responsabilidad política por lo sucedido ya existe, cosa distinta es cuándo y cómo reclamarla. La sobreactuación partidaria es la actitud más nociva para el pronto esclarecimiento de la verdad y la menos indicada si lo que se pretende es hacer más llevadero el luto de las familias. No le arriendo la ganancia a quien apueste por reproducir en este caso la retórica violenta con la que los partidos vienen escenificando en los últimos tiempos sus diferencias. Las formas tienen ahora, más que nunca, una gran importancia -el presidente andaluz lo ha entendido a la perfección-, y cualquier crítica desmedida puede apartar el foco de la cuestión esencial.

Adamuz ha destrozado centenares de vidas. Esa es el la secuela fundamental del accidente. Pero la magnitud del drama, y las incógnitas sobre sus causas, van a tener, ya están teniendo, un efecto colateral cuyo impacto en el terreno social y político iremos poco a poco viendo. Contra la corrupción, siempre que no estés directamente involucrado, puede fabricarse un discurso exculpatorio, pero no hay relato alternativo a la sospecha fundada de una gestión negligente de los recursos públicos; a la sospecha, convertida dramáticamente en certeza, de no estar en las mejores manos; a la sensación de abatimiento que hoy se extiende en amplias capas de la sociedad.

Con Adamuz hemos tocado fondo. Más fondo. Y desde luego no va a ser un Gobierno abrasado, con ministros sin autoridad moral para ejercer una de sus principales funciones -la de apaciguar ánimos y tranquilizar a sus gobernados-, y un presidente que vive en un planeta distinto al del resto de los mortales, el que nos saque del pozo en el que estamos.