EL MUNDO 18/09/13
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
Desde el primer interrogatorio, Carlos Germán, comisario de Policía que investigó la trama de financiación de ETA y luego, por orden judicial, llevó a cabo las pesquisas sobre el chivatazo, dejó claro que la filtración a la banda tenía un «móvil político».
Ayer dio más datos que avalan esa tesis. Para empezar, recurrió a un razonamiento lógico: «No entra en cabeza humana que [el chivatazo] se le ocurra a un policía».
Germán reveló que, en cuanto se conoció que en sus informes apuntaba a la cúpula de la Policía (el director general, Víctor García Hidalgo) como vértice de la filtración, comenzó a recibir amenazas. A pesar de la cobertura política que recibió el dirigente socialista y del muro de protección creado por el testimonios de los dos acusados (Pamies y Ballesteros), tras la entrega de su primer informe, el 4 de septiembre de 2006, García Hidalgo fue destituido de su cargo sin ninguna explicación razonable por parte de Interior.
Entre la entrega del informe y la destitución transcurrieron tan sólo cuatro días, pero en ese periodo, Pamies y García Hidalgo tomaron la precaución de usar teléfonos con tarjeta prepago para evitar que sus conversaciones fueran grabadas.
Pamies le había ocultado al propio Germán y al juez Grande-Marlaska (entonces instructor del sumario) que había recurrido al inspector jefe Ballesteros, al que luego atribuyó funciones de rastreo en los alrededores del Faisán.
El entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, esgrimió el argumento de que la red de extorsión fuera detenida mes y medio después del chivatazo para neutralizar precisamente la causalidad política.
Sin embargo, como Germán se encargó de explicar ante el tribunal, cuando se produjeron las detenciones la Policía no encontró «ni una pegatina de ETA». Es decir, que los etarras pusieron a buen recaudo el dinero y los soportes de información sobre la red, cuya incautación hubiera sido muy útil para el desmantelamiento de ETA.
Aunque Joseba Elosua declarase ayer que no recordaba que su interlocutor hubiera justificado el chivatazo por la salvación del proceso de paz, la grabación de la conversación por la radio baliza que la Policía había instado en su coche, en el que viajó con su yerno, Carmelo Luquin, a Bayona el día de autos (4 de mayo de 2006) es suficientemente explícita.
En su declaración ante el juez, Javier Ventas, el agente de la Brigada de Información de la Comisaría de San Sebastián, que escuchó aquella conversación en el curso de la investigación, afirmó que en ella Elosua mencionó, citando la información que le dio su interlocutor a través del móvil que le dio «un madero» en el Faisán, detalles muy concretos de la operación policial y también que la justificación de la filtración era que «había gente que no quería que se parara el proceso de negociación».
El Gobierno de Zapatero quiso evitar las detenciones para preservar la negociación con ETA. Al desimputar a García Hidalgo, esa cuestión quedó fuera del proceso.