El final que nos merecemos

TRAS LA ENTREGA de los sellos de ETA el pasado mes de febrero, Francia materializará hoy una nueva cesión a nuestro país de más de 1.000 documentos incautados a ETA en operaciones antiterroristas en su territorio. La Justicia española tiene ahora una gran oportunidad para saldar su eterna deuda con las víctimas del terrorismo: hay casi 400 familias a las que se les ha negado sus derechos a la justicia y a la verdad. Estos documentos, por tanto, suponen un atisbo de esperanza para muchas víctimas del terrorismo, ya que podrían resolver la incógnita sobre el crimen que les arrebató a sus familiares y revelar quién dio la orden de asesinarlos y quién apretó el gatillo.

En este déficit democrático juega un papel clave la Audiencia Nacional, que siempre se tambalea entre el dicho y el hecho: mientras nos dicen que hay predisposición a esclarecer crímenes, la Fiscalía se niega a la reapertura de sumarios. Desde que se hizo público el informe de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, entonces presidida por Maite Pagazaurtundúa, que ponía cifras a los asesinatos de ETA sin resolver, se reabrieron algunos sumarios, pero los avances son muy pocos y deplorables. Sigue habiendo casi 400 familias que esperan saber la verdad sobre los crímenes que cambiaron sus vidas, y que se haga justicia por ellos. Y ni siquiera mueve a la Audiencia Nacional un cierto sentido de culpa: podrían haber enmendado errores y negligencias del pasado que han dejado centenares de atentados impunes. Sin embargo, los ha invadido la parálisis o, en el peor de los casos, la indolencia. Mientras tanto, la esperanza de que las víctimas accedan a sus legítimos derechos de justicia y verdad se ha ido disipando. Queda pendiente comprobar si con la labor del fiscal de la Audiencia Nacional Marcelo Azcárraga, nombrado específicamente para esta cuestión, las víctimas del terrorismo que esperan verdad y justicia pueden lograr un mínimo de resarcimiento.

Esta esperanza, sin embargo, no puede distraernos de lo urgente y más importante. El Gobierno anterior nos brindó la foto de parte del archivo debidamente ordenado de ETA, pero nos arrebató la que las víctimas y la sociedad esperábamos: la foto de los archiveros debidamente detenidos. Y no podemos olvidar que las víctimas y la sociedad seguimos esperando la foto de la disolución de ETA a manos de las Fuerzas de Seguridad. Esa imagen debería haber llegado antes de que los terroristas protagonizasen el teatro de su supuesta disolución, la cual anunciaron en boca de los más variados portavoces, entre ellos, Josu Ternera, un terrorista al que las Fuerzas de Seguridad no han podido detener, pero que se ha movido a sus anchas por Europa durante los últimos 15 años. El Gobierno de Mariano Rajoy tenía en su mano haber evitado esta pantomima, pero no quiso. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la oportunidad de darnos la foto de la verdadera derrota de ETA, la que las víctimas y la sociedad nos merecemos. Si este Gobierno no da la orden de detener hasta el último etarra, si no nos da la foto que el anterior Gobierno nos hurtó, significará que el Ejecutivo de Pedro Sánchez también está arrodillado ante las exigencias de ETA.

Los distintos gobiernos pueden presumir de que las instituciones y el Estado de derecho han derrotado a ETA. Pero una ETA derrotada no hubiera sido la protagonista de su final. Una ETA derrotada no hubiera tenido avales internacionales. Una ETA derrotada no hubiera tenido a uno de los terroristas más buscados de nuestro país protagonizando un spot publicitario. Nunca una victoria vendida como tan rotunda ha resultado tan poco visible y tan amarga. Nunca unos terroristas supuestamente derrotados han tenido tanto margen de maniobra por la permisividad de un Estado cuyo único deber es aplicarles la ley.

Lo único que esperamos ahora las víctimas y la sociedad de quienes defienden el Estado de derecho y, en particular, de este Gobierno, es que desarticule a ETA de una vez por todas, ya que el anterior Gobierno no quiso hacerlo: se pasó siete años rogándole a la organización terrorista que más sangre ha vertido en este país que se disolviese. A un ladrón no se le pide que deje de robar, sino que se le detiene. A un yihadista no se le pide que deje de atentar, sino que se le detiene. Lo mismo esperamos que ocurra con los miembros de ETA.

ETA PUEDE HABER puesto punto y final a su trayectoria como organización, pero la desactivación de sus siglas no significa que se desactive el proyecto político que muchos ciudadanos y políticos han aireado y asumido como propio, justificando las acciones criminales de los terroristas. Mientras una parte de la población continúe legitimando el terrorismo etarra, ETA seguirá viva y será necesario deslegitimarla. ETA era una pieza fundamental de un movimiento que pretendía imponer un proyecto político totalitario, excluyente y nacionalista, pero no era la única pieza. No podemos obviar que en las instituciones están sentados los herederos políticos de ETA, que son también sus ideólogos. Ni tampoco que en las calles del País Vasco y de Navarra sigue vivo el odio que ha infundado ETA durante los últimos 50 años: prácticamente cada semana aparece una nueva pintada en la que se agradece a ETA su «lucha» y se homenajea a terroristas orgullosos de su pasado criminal. En otras palabras, se agradece a los etarras que hayan asesinado a nuestros familiares y se les honra por ello.

La desactivación de las siglas de ETA tampoco implica que sus responsabilidades se diluyan. Esas responsabilidades tienen nombres y apellidos: el de las 853 víctimas mortales, el de los 358 asesinados cuyos crímenes están sin resolver, el de los más de 2.500 heridos y mutilados, el de los desaparecidos, secuestrados, extorsionados y exiliados forzosos, que con su marcha bajo peligro de muerte modificaron de forma definitiva el censo electoral del País Vasco y de Navarra.

ETA busca blanquear su historia criminal, con la inestimable ayuda de los nacionalistas vascos. Lo único que espero de quienes defienden el Estado de derecho es que respondan con la ley y con la dignidad que los terroristas nunca tuvieron. Espero el final que sí nos merecemos las víctimas y los ciudadanos: que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad detengan hasta el último etarra que quede en las filas de la banda terrorista. Es indigno que un Gobierno democrático dé por válido que ETA se haya disuelto cuando ha querido y como ha querido.

Consuelo Ordóñez es presidenta de Covite.