ETA y su entorno chocaron con un problema de credibilidad. Una decena de treguas que no condujeron a nada tienen la culpa. La más reciente fue en 2006, cuando ETA rompió su propio alto el fuego permanente con una potente bomba en el aeropuerto de Madrid, que costó la vida a dos ciudadanos ecuatorianos.
El anuncio de alto el fuego permanente por parte de la organización separatista vasca fue mirado con escepticismo por el gobierno español: anteriormente, anunciaron que terminarían con la violencia y luego, no mantendrían sus promesas. Partidos políticos ligados al organismo no descartan que se disuelva el grupo etarra y se cree una agrupación nueva, y la esperanza de una salida al conflicto se evidencia en comentarios como el del vicepresidente español, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien admitió que podrían estar asistiendo al «principio del fin» de una tensión que se remonta a finales de 1960.
Un periódico regional anunciaba el alto el fuego de ETA en primera plana – AP
El alto el fuego permanente, general y verificable declarado por ETA marca probablemente el fin de la lucha armada del grupo separatista vasco, según interpretan grupos políticos afines a la organización. Sin embargo, el anuncio reciente parece sólo un primer paso y en el horizonte se vislumbra otro posible comunicado certificando su disolución como organización armada y la creación de un nuevo partido político. Mientras tanto, el gobierno español repite que no tiene nada que negociar con el grupo separatista, del que sólo espera su renuncia definitiva a la violencia. En pocas palabras, las palabras de ETA no le inspiran confianza.
El País Vasco recibió con cierto escepticismo el anuncio. Ninguna celebración especial y una sensación de que las palabras de ETA son insuficientes. Se respira en la calle, en las conversaciones de bar: la sociedad parece cansada del conflicto. Pero, inevitablemente, hay una pequeña esperanza. El propio vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba admitió que España podría estar asistiendo al «principio del fin» de este largo contencioso, que se remonta a finales de 1960. «La sociedad se quiere olvidar y se está olvidando de ETA», dijo categóricamente Enrique Portocarrero, director del Círculo de Empresarios Vascos. «No le interesa, se interesará el día que se entreguen las armas».
Niko Moreno, de 47 años, es el alcalde de Elorrio, un municipio de 7.200 habitantes a las afueras de Bilbao, el núcleo urbano más poblado del País Vasco. Moreno perteneció a Batasuna, una formación política proscrita en 2003 por sus vínculos con ETA. Ahora, ejerce como uno de los portavoces de la denominada genéricamente como «izquierda abertzale (patriota)», que defiende postulados políticos similares a los de ETA y en la que se integran los antiguos miembros de Batasuna. Moreno considera que los pronunciamientos indican que «ha iniciado un camino irreversible para desaparecer como organización armada y renunciar a la violencia».
¿EL PRINCIPIO DEL FIN?
En 2007, Moreno ganó los comicios en Elorrio y gobierna con mayoría simple, prueba del apoyo social del que todavía gozan las tesis de ETA en algunos lugares del País Vasco, sobre todo en pequeños localidades. El municipio, según cuenta Moreno, cambió mucho. Hace unos años, el consistorio invertía casi 20.000 euros al año en limpiar pintadas a favor del grupo armado en fachadas históricas del municipio. Hoy, casi no hay gastos, porque no hay paredes ni proclamas que pulir. «Tenemos el pleno convencimiento de que estamos ante el fin de la extorsión y de los asesinatos por parte de ETA», aseguró.
El grupo separatista mató a más de 825 personas desde finales de 1960, en su campaña por un País Vasco independiente de España y de Francia. Moreno entiende que parte de la sociedad e incluso el gobierno vean insuficiente el comunicado. Y asegura que ETA todavía no dijo su última palabra, aunque desconoce cuándo y en qué términos la organización armada volverá a hablar. «ETA no ha dicho que desaparece, no ha dicho que se disuelve, y ETA, suponemos, tendrá que seguir diciendo cosas», explicó. «La entrega de armas tiene que ser un paso natural en un proceso democrático como el que deseamos».
A la espera del siguiente movimiento de ETA, la «izquierda abertzale» está preparando el lanzamiento de un nuevo partido político, que será presentado a finales de enero o principios de febrero. Tras la ilegalización de Batasuna, asegura que la nueva formación cumplirá con todos los requisitos establecidos por la llamada Ley de Partidos, que exige a cualquier agrupación política de España un rechazo expreso a la violencia.
Los tribunales españoles deberán decidir si esta formación guarda o no relación con ETA y autorizar su participación en los comicios. Rubalcaba, por su parte, afirmó que veía muy difícil que esta nueva Batasuna acuda a las urnas en mayo. El objetivo de este partido sigue siendo la creación de un estado independiente de ideología socialista llamado Euskal Herria — «tierra vasca» en euskera, la lengua autóctona de la región —, que integre el actual País Vasco, la vecina región española de Navarra y una parte del sur de Francia. Se trata de los mismos postulados que defiende ETA, pero Moreno considera que todas las partes están decididas a dejar a un lado la violencia y apostar únicamente por las vías políticas. «Llegaremos, si la sociedad vasca lo estima, a la independencia. Si no lo estima, nos quedaremos donde estamos», manifestó Moreno, consciente de que el País Vasco es una sociedad heterogénea, donde conviven ideas nacionalistas e independentistas con otras que defienden su pertenencia a España.
Pero lo cierto es que ETA y su entorno chocaron con un problema de credibilidad. Una decena de treguas que no condujeron a nada tienen la culpa. La más reciente fue en 2006, cuando ETA rompió su propio alto el fuego permanente con una potente bomba en el aeropuerto de Madrid, que costó la vida a dos ciudadanos ecuatorianos. «La ruptura del proceso anterior fue traumática para todos», admitió Moreno. «Es natural que haya desconfianza y por eso, nuestro mensaje más importante va destinado a decir que esto va en serio, que estamos ante un proceso sincero».
EL PUNTO DE QUIEBRE
El atentado en el aeropuerto de Barajas supuso un punto y aparte en la política del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, quien en un primer momento se mostró dispuesto a negociar con ETA una salida al conflicto. Si alguna vez la tuvo, el ejecutivo perdió entonces su confianza y ahora no parece dispuesto a ceder.
El propio presidente Zapatero cerró cualquier vía de diálogo con ETA. Para algunos analistas, la banda etarra sólo trata de ganar tiempo ante el goteo constante de detenciones de activistas y el acoso policial y judicial al que se ve sometida. «La sociedad tiene una alta exigencia de ETA», precisó Portocarrero. «La única forma de iniciar un proceso de pacificación por parte de ETA es la renuncia expresa a la violencia, el resarcimiento de las víctimas, y el compromiso fehaciente de no realizar actividades violentas nunca más».
Los empresarios son parte importante del acertijo. Al declarar su tregua, ETA la calificó de general, lo que se interpretó como el fin de los atentados y también de otras actividades, como la compra de armas o el cobro del llamado «impuesto revolucionario». Una de las fuentes de financiación de ETA es este impuesto. La organización envía cartas a empresarios vascos exigiéndoles el pago de una cantidad de dinero. Esas cantidades llegaron a oscilar entre los 10.000 y los 80.000 euros. Según Portocarrero, que representa a una pequeña patronal, en diciembre no se tenía constancia del envío de estas cartas. Pero en noviembre, señaló, la extorsión seguía vigente.
«Sería absurdo un proceso de paz con la pervivencia de una indeseable actividad de exigir dinero a los empresarios», añadió Portocarrero.
Observador Global (Argentina), 24/1/2011