ABC 02/03/17
· El juicio al diputado en el Supremo por desobediencia queda visto para sentencia
Un alegato político de Francesc Homs cerró ayer el juicio contra el diputado del Partido Demócrata de Cataluña en el Tribunal Supremo, por impulsar la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014 a sabiendas de que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC). Homs aprovechó su derecho a la última palabra para advertir a los siete magistrados de la «responsabilidad» de la sentencia que dictarán, que según él marcará el futuro de la relación entre Cataluña y España. Los jueces resolverán si Homs delinquió.
· Jaime Moreno
FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO
«El Derecho Penal no puede pararse a las puertas de ninguna institución. La actuación ha sido abusiva»
· Francesc Homs
DIPUTADO DEL PDECAT
«Si poner las urnas es hacer un pulso al Estado, yo no quiero ser de este Estado. Se confunde Derecho y política»
Antes de los mensajes políticos de Homs llegaron las conclusiones de su abogada defensora y del fiscal, que mantuvo su petición de 9 años de inhabilitación para cargo público contra el diputado, al que atribuye delitos de prevaricación y desobediencia grave.
En la ultima sesión del juicio, que quedó visto para sentencia, el representante del Ministerio Público ensalzó el valor de la ley como clave de bóveda del Estado de Derecho. «La democracia es la sumisión de todos los poderes, especialmente los públicos, a la ley», afirmó el fiscal, que calificó de «abusiva, arbitraria y consciente» la decisión de la Generalitat de hacer caso omiso a la providencia del TC.
El fiscal se refirió al 9-N como «un desafío a la legalidad, un pulso al Estado de Derecho por el gobierno de una comunidad autónoma que decidió desoír el mandato del TC». En su turno, Homs recurrió a la habitual retórica del secesionismo y replicó que él no quiere pertenecer a un Estado que considera un pulso «poner urnas».
La exposición de argumentos del fiscal buscó desmontar las explicaciones de Homs, que el pasado lunes denunció que el mandato del TC era «inconcreto» y que estaban obligados a continuar para satisfacer los derechos fundamentales de los catalanes. El fiscal explicó que no se pueden vulnerar unos derechos que no se tienen, como un menor de 16 años que quisiera votar en unas elecciones generales, en alusión a la falta de competencia de la Generalitat para celebrar aquella jornada; y que la providencia del TC era clara. «Es evidente que el acusado conocía el mandato» del tribunal, dijo.
El representante del Ministerio Público también señaló que el Gobierno catalán supo interpretar la decisión del TC porque por eso la recurrió. También rechazó el argumento recurrente de los políticos catalanes de que no pudieron parar porque los 40.000 voluntarios tomaron las riendas de la celebración. El fiscal enumeró la logística que proporcionó la Generalitat, como ayer reconoció el propio Artur Mas, juzgado por los mismos hechos en el Tribunal Superior de Cataluña.
El acusado criticó que el TC rompió la lealtad entre instituciones cuando anuló algunos artículos del Estatuto de Cataluña por inconstitucionales. Para cerrar su discurso, Homs lanzó un órdago al asegurar que ningún fallo judicial «modificará» su promoción del derecho a decidir de Cataluña». Por último, expresó que no tiene «dudas» de que la Generalitat celebrará un referéndum independentista en 2017.